Paulón advierte que la disolución de la ANDIS busca correr del debate las denuncias por corrupción

• El Gobierno disolvió la ANDIS y transfirió sus funciones al Ministerio de Salud
• La medida elimina la autonomía administrativa y presupuestaria del organismo
• Desde la oposición advierten riesgos de menor control y transparencia
• Se cuestiona el impacto sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad
• El traslado refuerza una mirada sanitaria en detrimento de un enfoque de derechos
• Las causas judiciales por presuntas irregularidades continuarán pese a la disolución

La decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y trasladar todas sus funciones al Ministerio de Salud abrió un nuevo frente de conflicto político y social. La medida implica la eliminación de la autonomía administrativa y presupuestaria del organismo y provocó un inmediato rechazo de organizaciones vinculadas a la discapacidad, además de duras críticas desde la oposición, que advierte sobre riesgos institucionales, pérdida de controles y un retroceso simbólico en el enfoque de derechos.

El Ejecutivo justificó la reestructuración como parte de un proceso de reorganización del Estado. Sin embargo, para distintos referentes del sector, la absorción de la ANDIS por parte de Salud no es un mero cambio administrativo. El diputado nacional Esteban Paulón fue uno de los más enfáticos al cuestionar la decisión y la vinculó directamente con el intento de sacar del centro del debate público las denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a personas con discapacidad.

Según el legislador, la disolución del organismo busca “eliminar del debate público la discusión por la corrupción en los fondos”, en referencia a causas judiciales que investigan el destino de recursos administrados por la ANDIS. En ese sentido, remarcó que el cierre de la agencia no implica el cierre de las investigaciones, que continuarán su curso en el ámbito judicial más allá de la decisión política.

Uno de los puntos centrales de las críticas es el impacto que la medida podría tener sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que fue votada en reiteradas oportunidades por el Congreso y cuyo cumplimiento, advierten, podría verse demorado o debilitado. Paulón sostuvo que, al pasar las funciones a Salud, se pierde un espacio institucional donde participaban organizaciones, prestadores, familias y otros actores clave, lo que afectaría la transparencia y el control público sobre la ejecución de los recursos.

El traslado de competencias también genera preocupación por el nivel de concentración política. Con la ANDIS bajo la órbita directa del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, la oposición advierte sobre el riesgo de subejecución presupuestaria o de utilización discrecional de fondos. Paulón utilizó una imagen contundente para describir el escenario: “Es poner al zorro a cuidar el gallinero”, en alusión a la falta de contrapesos internos que garantizaban supervisión y rendición de cuentas.

Más allá del plano administrativo, la decisión tiene un fuerte impacto simbólico. Para distintos referentes del sector, trasladar la política de discapacidad exclusivamente al área de Salud refuerza una mirada reduccionista, que concibe a las personas con discapacidad solo como pacientes. Desde esa perspectiva, se diluye el enfoque integral que contempla derechos vinculados a la educación, el trabajo, la inclusión social y el acompañamiento familiar, pilares centrales de los estándares internacionales en la materia.

En el trasfondo de la medida aparece el contexto judicial que rodea a la ANDIS. La agencia estaba involucrada en investigaciones por presuntas irregularidades en la asignación de fondos, un factor que, según la oposición, explica la decisión del Gobierno de “despegarse” del organismo y de su carga simbólica negativa. Para Paulón, se trata de una estrategia para borrar la “marca ANDIS”, hoy asociada a sospechas de corrupción, y trasladar el control político a otra estructura del Estado.

Mientras tanto, organizaciones de personas con discapacidad y sus familias evalúan acciones para visibilizar su rechazo y reclamar garantías de continuidad en las prestaciones. El debate recién comienza y promete escalar en el Congreso y en la calle, en un contexto donde las políticas de ajuste y reorganización estatal ya generan tensiones en distintos sectores sociales.