Taiana cargó contra la ley de Inocencia Fiscal y advirtió sobre riesgos de lavado y discrecionalidad

• Taiana cuestionó duramente la ley de Inocencia Fiscal aprobada por el Congreso
• Aseguró que la norma convierte a la Argentina en un paraíso para el lavado de dinero
• Advirtió que contradice compromisos asumidos ante el GAFI y otros organismos
• Denunció riesgos de discrecionalidad y persecución política en los controles fiscales
• Criticó la estrategia oficial para atraer los “dólares en el colchón”
• Sostuvo que la ley perjudica a la clase media y beneficia a grandes evasores

El diputado nacional Jorge Taiana lanzó duras críticas contra la ley de Inocencia Fiscal aprobada recientemente por el Congreso, al sostener que la norma “transforma a la Argentina en un paraíso del lavado de dinero sucio” y representa un retroceso grave en materia de controles fiscales y financieros. El legislador de Unión por la Patria cuestionó tanto el contenido de la iniciativa como el enfoque político del Gobierno, al que acusó de favorecer la impunidad y debilitar los mecanismos de supervisión del Estado.

A través de sus redes sociales, Taiana calificó a la ley como “hipócritamente llamada de inocencia fiscal” y aseguró que habilita el blanqueo de fondos de origen ilícito, incluso vinculados al narcotráfico. Según planteó, la norma contradice compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de control del lavado de activos, en particular los acuerdos suscriptos en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En ese sentido, recordó que el propio organismo internacional había advertido al Gobierno argentino por la falta de transparencia en el manejo financiero y por la necesidad de fortalecer los controles. Para Taiana, la ley va en dirección opuesta: “Nos llevan a una Argentina cada vez peor”, afirmó, al advertir que el país podría quedar expuesto a sanciones o señalamientos internacionales por relajar los estándares de supervisión.

El exministro de Defensa también apuntó contra el nombre de la iniciativa, al que consideró una “tomadura de pelo”. En declaraciones públicas, ironizó que la ley debería haberse promulgado el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y sostuvo que su verdadero objetivo es “evitar que los delincuentes fiscales sean castigados”. Según su interpretación, la norma acorta plazos, amplía márgenes de presunción de inocencia incluso para montos elevados y debilita la capacidad del Estado para investigar maniobras de evasión y lavado.

Desde su perspectiva, el impacto de la ley no se limita a una cuestión técnica, sino que introduce un problema político de fondo. Taiana advirtió que el nuevo esquema abre la puerta a un sistema de control “discrecional”, en el que el Gobierno podría decidir a quién investigar y a quién no. “Lo que habrá es discrecionalidad y persecución política para lo que el gobierno quiera perseguir”, sostuvo, al alertar sobre el uso selectivo de las herramientas fiscales.

Otro de los ejes de sus críticas estuvo vinculado a la estrategia oficial para incentivar la exteriorización de ahorros no declarados, especialmente los denominados “dólares en el colchón”. Para Taiana, la expectativa del Gobierno de que los contribuyentes se desprendan de esos fondos y los vuelquen a la economía formal es poco realista. “Nadie va a desprenderse de dólares si puede mantenerlos”, afirmó, y consideró que la medida constituye una “ficción” basada en una confianza que, según él, el Gobierno no genera en el plano financiero.

En esa línea, el diputado sostuvo que la ley impacta negativamente sobre la clase media, al tiempo que beneficia a grandes evasores. Según su visión, el mensaje que transmite el Estado es contradictorio: mientras se exige ajuste y sacrificio a amplios sectores de la sociedad, se flexibilizan las reglas para quienes concentran mayores recursos y evadieron impuestos durante años.

Las declaraciones de Taiana se inscriben en un contexto de fuerte debate político en torno al rumbo económico y fiscal del Gobierno. La ley de Inocencia Fiscal, defendida por el oficialismo como una herramienta para simplificar el sistema y atraer capitales, enfrenta cuestionamientos de la oposición, que advierte sobre sus consecuencias institucionales y sobre el riesgo de erosionar los controles contra delitos financieros.