La disputa por las bicamerales de Inteligencia y DNU reaviva la pulseada política en pleno receso del Congreso

• La bicameral de Inteligencia funciona durante el receso y aún tiene cinco vacantes por cubrir.
• La Libertad Avanza considera estratégica la comisión para sostener las reformas vía DNU.
• El Gobierno demora la convocatoria para aprovechar los plazos legales.
• La Bicameral de Trámite Legislativo debe analizar la validez del DNU que reformó la SIDE.
• La oposición reclama su inmediata conformación y debate en comisión.
• El plazo para expedirse vence el 16 de enero y define el destino del decreto.

En medio de la feria parlamentaria, oficialismo y oposición retomaron contactos para definir la integración de dos comisiones clave que hoy concentran la atención política y jurídica: la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia y la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Ambas tienen la particularidad de funcionar aun cuando el Congreso se encuentra en receso, lo que las convierte en engranajes centrales para el control de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo en materia de inteligencia.

La bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia está integrada por 16 legisladores, ocho diputados y ocho senadores. Como se trata de una comisión permanente, continúan en funciones aquellos miembros cuyo mandato se extiende hasta 2027. En la actualidad, 11 de los 16 integrantes mantienen su lugar y restan designar cinco: tres por el Senado y dos por la Cámara de Diputados. Una vez completada la integración, deberá definirse la presidencia, que este año correspondería a Diputados, dado que en el período anterior estuvo a cargo de un senador.

En la conformación vigente, La Libertad Avanza cuenta con dos diputados —Gabriel Bornoroni y César Treffinger— y una senadora, Beatriz Ávila. El PRO tiene representación con el senador Enrique Martín Goerling Lara y el diputado Cristian Ritondo. El radicalismo quedó prácticamente sin presencia tras la finalización del mandato de Martín Lousteau en el Senado, hoy diputado, con la excepción de Mariela Coletta, que integra la comisión por Provincias Unidas. También continúa la senadora Edith Terenzi, del espacio Despierta Chubut, cercana al gobernador Ignacio Torres.

El peronismo conserva un bloque relevante dentro de la comisión, con los senadores Eduardo “Wado” de Pedro y María Florencia López, y los diputados Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade. En este espacio dejaron sus bancas Leopoldo Moreau, Oscar Parrilli y José Glinski, lo que obliga a una renegociación interna para cubrir las vacantes.

La comisión resulta estratégica para el oficialismo. A través de los DNU, el Gobierno modificó en reiteradas oportunidades el presupuesto del organismo de inteligencia y, más recientemente, reformó la Ley de Inteligencia Nacional, ampliando las facultades de la SIDE. Los cambios publicados en el Boletín Oficial el 2 de enero incluyen autorizaciones que generaron fuertes cuestionamientos, entre ellas la posibilidad de avanzar sobre detenciones, lo que encendió alarmas en la oposición.

En ese contexto, la Casa Rosada busca aprovechar al máximo los plazos que fija la ley y evita convocar de inmediato a la bicameral de Inteligencia para completar su integración. Una estrategia similar se replica en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar la validez de los DNU. La Ley 26.122, sancionada en 2006, establece que esta comisión también debe funcionar durante el receso y expedirse sobre los decretos para luego elevar dictamen al plenario de cada Cámara.

En esta bicameral hay nueve miembros que continúan y siete pendientes de designación. La Libertad Avanza cuenta con Lisandro Almirón, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni, junto a aliados circunstanciales como Luis Juez, Carlos Espínola y Oscar Zago. El peronismo mantiene a María Teresa González, Anabel Fernández Sagasti y Ramiro Gutiérrez, mientras que por Provincias Unidas sigue Nicolás Massot. En cambio, la UCR, el PRO y el peronismo perdieron varios representantes tras el recambio legislativo de diciembre.

La oposición presiona a las autoridades del Congreso, Martín Menem y Victoria Villarruel, para que completen la integración de la Bicameral de Trámite Legislativo y la convoquen a debatir el DNU que reformó el sistema de inteligencia. En paralelo, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto al socialista Esteban Paulón, presentaron un amparo judicial para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto.

Según los plazos legales, la bicameral tiene tiempo hasta el 16 de enero para expedirse. Vencido ese término, el DNU puede llegar al recinto de cualquiera de las cámaras. Para ser rechazado, necesita el voto negativo tanto de Diputados como del Senado. Si una de ellas no lo trata o lo aprueba, el decreto queda firme. En ese escenario, la puja por las comisiones se transforma en una batalla decisiva por el control político y jurídico de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.