Retiro voluntario en el Senado: la decisión de Villarruel que reabre tensiones internas y sindicales
- El Senado activó un régimen de retiro voluntario con un cupo máximo de 50 empleados
- La medida fue impulsada por Victoria Villarruel en medio de tensiones presupuestarias
- El incentivo se calcula sobre el salario de noviembre de 2025, con tope de 25 años
- La adhesión implica renuncia irrevocable y restricciones laborales por 10 años
- Recursos Humanos puede rechazar solicitudes por razones de conveniencia
- El esquema reaviva conflictos sindicales y desigualdades dentro del Congreso
En medio de un clima espeso entre el Senado y la Casa Rosada por el reparto de fondos del Presupuesto 2026, la vicepresidenta Victoria Villarruel activó una medida que volvió a exponer las grietas internas del Poder Legislativo. El 16 de diciembre pasado puso en marcha un régimen de retiro voluntario para el personal de la Cámara alta, con un esquema de “plata en mano” y un cupo máximo de 50 beneficiarios, condicionado a la disponibilidad presupuestaria. La decisión no pasó inadvertida en un Senado atravesado por meses de conflictos, versiones cruzadas y un vínculo tirante con el gremio APL.
El trasfondo político no es menor. La discusión por la distribución de recursos —con Diputados señalado como el gran beneficiado frente a un Senado que se siente relegado— se combina con una relación oscilante entre Villarruel y el titular de la Asociación del Personal Legislativo, Norberto Di Próspero. El dirigente sindical, identificado con el kirchnerismo, mantiene con la vicepresidenta un vínculo que alterna momentos de respeto institucional con episodios de confrontación abierta. Lo llamativo, según admiten en los pasillos del Congreso, es que las tensiones parecen concentrarse casi exclusivamente en la Cámara alta, mientras que en Diputados el gremio no registra conflictos de similar magnitud.
El decreto 632/25, publicado varios días después de la fecha que consigna el propio texto, establece con precisión los alcances del régimen. Está dirigido al personal de planta permanente del Senado con una antigüedad de entre dos y veinticinco años. El límite etario fijado es de hasta 54 años para las mujeres y 59 para los hombres, un punto que ya despertó comentarios internos por su impacto en la pirámide laboral del cuerpo.
El incentivo económico consiste en una compensación no remunerativa calculada sobre la base del salario bruto mensual correspondiente a noviembre de 2025. El esquema prevé el pago de un mes de sueldo por cada año de servicio efectivo, con un tope máximo de 25 años. Quedan excluidos del cálculo los conceptos variables, como viáticos, riesgos, comidas y el sueldo anual complementario. La liquidación se realiza únicamente por años completos de antigüedad y no contempla períodos de licencia sin goce de haberes ni situaciones de adscripción.
Uno de los puntos más sensibles del régimen es la renuncia irrevocable que deben presentar quienes soliciten la adhesión. El decreto establece que la desvinculación se efectiviza una vez aceptado el beneficio y que el trabajador renuncia, además, a formular reclamos administrativos o judiciales por causas anteriores a esa fecha. A esto se suma una cláusula de fuerte impacto: quienes accedan al retiro no podrán ser reincorporados al Senado, ni en planta permanente ni temporaria, ni bajo ningún tipo de contratación, por un plazo de diez años.
La letra chica también deja amplias facultades discrecionales en manos del área de Recursos Humanos, que puede rechazar solicitudes por razones de servicio, presupuestarias o de “oportunidad, mérito y conveniencia”. La adhesión debía realizarse durante diciembre de 2025, aunque la publicación oficial del decreto se produjo el 16 de ese mes, un detalle que no pasó desapercibido entre empleados y asesores.
El listado de excluidos completa el cuadro. No pueden acceder al retiro quienes estén sometidos a sumarios administrativos que puedan derivar en cesantía o exoneración, ni aquellos que hayan iniciado reclamos o demandas judiciales contra el Senado. Tampoco están habilitados quienes registren ausencias injustificadas pasibles de sanción, aun cuando el trámite disciplinario no se encuentre formalmente iniciado.
En este contexto, la decisión de Villarruel aparece como una herramienta de ordenamiento interno, pero también como un nuevo capítulo de las disputas estructurales del Congreso. Para algunos, el retiro voluntario busca descomprimir tensiones y reducir costos; para otros, expone una vez más cómo la Cámara alta suele absorber los costos políticos y sindicales de un Poder Legislativo atravesado por desequilibrios y disputas de poder que exceden largamente lo administrativo.