El Gobierno defiende la reforma de la SIDE y apuesta a que la Justicia frene los amparos opositores

• El DNU 941/25 reestructura la SIDE y amplía sus facultades operativas
• El Gobierno sostiene que los amparos no prosperarán por falta de legitimación
• La oposición cuestiona la constitucionalidad y la ausencia de debate legislativo
• Ya se presentaron al menos tres acciones judiciales contra el decreto
• En Casa Rosada preparan una estrategia legal ante un posible revés judicial
• El DNU sigue vigente mientras se define su tratamiento en el Congreso

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, firmado a fines de año, abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y la oposición. La norma dispone una profunda reestructuración de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y, desde su publicación, generó una seguidilla de cuestionamientos políticos y presentaciones judiciales que buscan frenar su aplicación. En la Casa Rosada, sin embargo, transmiten confianza en que la Justicia no hará lugar a los amparos y sostienen que los recursos carecen de legitimación suficiente.

El eje central de la estrategia oficial descansa en un argumento jurídico: la imposibilidad de los demandantes de acreditar un daño concreto. Según explican fuentes con acceso al despacho presidencial, para cuestionar un decreto de estas características es necesario demostrar afectación directa de derechos, algo que —afirman— no ocurre en este caso. “No hay daño, no hay caso”, repiten en el entorno presidencial, convencidos de que ese criterio debería bastar para desestimar las acciones.

El DNU impulsado por el Ejecutivo introduce modificaciones sustanciales en la estructura y las facultades de la SIDE, hoy conducida por Cristian Auguadra y Diego Kravetz. Desde el organismo aseguran que el objetivo es “ordenar el sistema” y adecuarlo a las amenazas contemporáneas, con una reducción de su estructura interna y un fortalecimiento de los controles estatales. La iniciativa fue motorizada por el asesor presidencial Santiago Caputo y cuenta con el respaldo pleno del presidente Javier Milei y su gabinete.

Uno de los puntos más sensibles del decreto es la ampliación de atribuciones operativas del organismo, entre ellas la posibilidad de proveer su propia seguridad y aprehender personas en situaciones de flagrancia. Esa decisión fue la que encendió las alarmas en sectores de la oposición, que advirtieron sobre un posible avance sobre garantías constitucionales y elusión del control parlamentario.

Las primeras impugnaciones llegaron desde el Congreso. Diputados de la Coalición Cívica y del Partido Socialista presentaron una acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo, solicitando la suspensión del decreto y su declaración de inconstitucionalidad. Argumentaron que el Congreso se encuentra en condiciones de sesionar y que una reforma de esta magnitud requiere debate legislativo, deliberación y control. La causa quedó radicada en el juzgado a cargo de la jueza Rita Alián.

A esas presentaciones se sumó la Fundación Apolo, encabezada por el exlegislador Yamil Santoro, que cuestionó específicamente las facultades de detención otorgadas a la SIDE. Más tarde, un grupo de dirigentes vinculados a la Unión Cívica Radical, entre ellos Leopoldo Moreau, Federico Storani y Ricardo Alfonsín, presentó un nuevo recurso ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, advirtiendo que el decreto “arrasaría” con derechos y garantías constitucionales.

En Balcarce 50 aseguran haber previsto este escenario. Aunque se muestran optimistas respecto del desenlace judicial, los equipos legales ya trabajan en una estrategia alternativa en caso de que algún tribunal haga lugar a los reclamos. El Gobierno no descarta apelar y llevar la discusión a instancias superiores, convencido de que la Corte Suprema cuenta con jurisprudencia que respalda su posición en materia de legitimación activa.

Mientras tanto, el trámite parlamentario avanza con tiempos propios. El jefe de Gabinete cuenta con diez días hábiles para remitir el decreto al Congreso, que luego deberá tratarlo en ambas cámaras. Hasta tanto eso ocurra, el DNU mantiene plena vigencia. En paralelo, la oposición presiona para activar la Comisión Bicameral de Inteligencia, que aún debe completar su integración y elaborar un pedido formal de informes al Ejecutivo.

Aunque el oficialismo evita fijar plazos, desde los bloques opositores recuerdan que los tiempos legales siguen corriendo y anticipan que el debate podría habilitarse incluso fuera del período ordinario. Por ahora, el Gobierno apuesta a sostener el decreto en los tribunales y en el Congreso, convencido de que la reforma de la SIDE es una pieza clave de su estrategia de seguridad e inteligencia.