La reforma laboral en el Senado: el PJ en modo poroteo

• El oficialismo no logró los votos para tratar la reforma laboral y abrió el dictamen a cambios.
• La UCR rechaza el proyecto tal como está, aunque mantiene canales de negociación.
• El peronismo apuesta a una estrategia de “repesca” y pone el foco en bloques dialoguistas.
• Los senadores que responden a gobernadores con buen vínculo con la Casa Rosada son decisivos.
• Las provincias temen un fuerte desfinanciamiento por la baja del Impuesto a las Ganancias.
• El respaldo o rechazo de los gobernadores será determinante para el futuro de la ley.

El oficialismo comenzó a rearmar su estrategia política de cara al debate parlamentario más relevante que deberá afrontar a partir de febrero: la reforma laboral. Tras un primer intento fallido durante las sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza se encamina a una etapa de negociación fina, consciente de que el proyecto, tal como está redactado, no reúne hoy los votos necesarios para llegar al recinto del Senado y obtener la media sanción.

La presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, no logró reunir el respaldo mínimo para avanzar con la votación y optó por una salida intermedia: firmar el dictamen y dejarlo “abierto” a eventuales modificaciones. La decisión buscó evitar una derrota política temprana y ganar tiempo para reordenar apoyos. En ese marco, la senadora anunció que a mediados de enero iniciará una ronda de reuniones con distintos bloques para intentar construir consensos.

El principal escollo para el Gobierno es la falta de acompañamiento de sus socios parlamentarios naturales. En la Unión Cívica Radical persisten las dudas tanto sobre el contenido del proyecto como sobre la oportunidad política del debate. El presidente del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, fue explícito al señalar que “así como está” la iniciativa no contará con el aval de su bancada, aunque dejó abierta la puerta a una negociación que introduzca cambios sustantivos.

Aun en el escenario más optimista para el oficialismo, los números no cierran con facilidad. La Libertad Avanza cuenta con 20 senadores y podría sumar los tres del PRO. Incluso si lograra el respaldo completo de los diez radicales —algo que hoy aparece lejano—, seguiría sin alcanzar la mayoría necesaria. En ese tablero, el peronismo emerge como el actor decisivo, con un interbloque de 33 senadores que ya adelantó su rechazo al corazón del proyecto impulsado por el Ejecutivo.

Sin embargo, la estrategia del PJ no se limita a la oposición frontal. A diferencia de otros debates, el peronismo evalúa avanzar por carriles alternativos y apostar a una “repesca” de votos, especialmente entre los bloques más permeables al diálogo con la Casa Rosada. En ese esquema adquiere relevancia el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores que, en la discusión del Presupuesto 2026, acompañaron en su mayoría al oficialismo.

Dentro de ese grupo se encuentran legisladores que responden a gobernadores con buena relación con el Gobierno nacional, como Guillermo Andrada, de Catamarca, alineado con Raúl Jalil, y Sandra Mendoza, de Tucumán, cercana a Osvaldo Jaldo. Ambos distritos recibieron fondos nacionales en los últimos meses, un factor que no pasa desapercibido en la dinámica parlamentaria. Un caso particular es el de Carolina Moisés, senadora peronista de Jujuy, enfrentada con el kirchnerismo y con una relación distante con el gobierno provincial radical.

El mapa se completa con los denominados “sueltos”, un grupo de once senadores de fuerzas provinciales o monobloques que suelen inclinar la balanza en debates ajustados. Allí conviven representantes que responden a gobernadores de distintos signos políticos, muchos de los cuales apoyaron el Presupuesto elaborado por la Casa Rosada pese a las críticas por el ajuste a áreas sensibles, como las universidades nacionales.

La discusión de fondo, no obstante, excede el articulado laboral. Varios gobernadores observan con preocupación el impacto fiscal del paquete impositivo que acompaña la reforma, en particular la baja del Impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable. Un informe que circula entre mandatarios provinciales estima que las provincias podrían perder entre 1700 y 2000 millones de pesos durante 2026 como consecuencia de la caída en la recaudación.

Ese dato encendió alarmas en distritos que ya sienten la ausencia de obra pública nacional y dependen de recursos propios para sostener la gestión. Con al menos 14 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño con aspiraciones de reelección en 2027, la ecuación política se vuelve más compleja. En ese contexto, el peronismo apunta a convencer a los mandatarios de que el costo fiscal de la reforma supera los eventuales beneficios, y ya comenzó a mover fichas en algunas provincias. La llave, coinciden en el Senado, está en manos de los gobernadores.