Las provincias cargaron con el costo del alivio fiscal

• La presión tributaria total cayó 0,8 puntos del PBI entre 2023 y 2025.
• El 92% del esfuerzo fiscal fue absorbido por provincias y CABA.
• La Nación explicó solo el 8% de la baja impositiva.
• En 2024 crecieron los recursos nacionales y cayeron las transferencias.
• Las provincias perdieron ingresos por Ganancias e IVA.
• La discusión por coparticipación vuelve a tensar la relación Nación-provincias.

Durante los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei, la reducción de la presión tributaria en la Argentina tuvo un rasgo distintivo: el grueso del esfuerzo no lo hizo la Nación, sino las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Así lo revela un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que pone números a una dinámica que atraviesa buena parte de la discusión política y económica actual: el alivio impositivo nacional se sostuvo, en gran medida, sobre recursos que dejaron de percibir los distritos subnacionales.

Según el estudio, entre 2023 y 2025 la presión tributaria total cayó 0,8 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI). Esa disminución no solo respondió a menores ingresos fiscales, sino también al crecimiento de la economía, medido bajo la metodología oficial. Sin embargo, el reparto del “esfuerzo” fue marcadamente desigual: apenas el 8% de la baja correspondió a la Nación, mientras que el 92% fue absorbido por las provincias.

Los datos históricos permiten dimensionar el cambio. En 2023, la presión tributaria de los impuestos nacionales alcanzaba el 22,4% del PBI: 14,9% correspondía a la Nación y 7,5% a las provincias a través de la coparticipación. En 2024 ese total se mantuvo prácticamente estable en 22,5%, aunque con una mayor participación nacional (15,3%) y una menor porción provincial (7,2%). Para 2025, en cambio, la presión tributaria estimada cae al 21,4%, con una distribución de 14,4% para la Nación y 7% para las provincias.

El año 2024 aparece como una anomalía dentro de la serie. Fue un período en el que los recursos nacionales crecieron, al mismo tiempo que se redujeron de manera significativa las transferencias a las provincias. Esa combinación se explicó, principalmente, por el peso del Impuesto PAIS y el incremento de los derechos de exportación, tributos que ingresaron de forma directa al Tesoro nacional. En sentido contrario, los gobiernos provinciales perdieron recursos como consecuencia de la reforma del Impuesto a las Ganancias y de cambios en la administración del IVA.

En 2025, el escenario se revirtió parcialmente. La Nación registró una caída en sus ingresos, mientras que las provincias lograron recuperar una porción de los recursos resignados el año anterior. Aun así, el balance consolidado de los dos años muestra una reducción neta de 0,8 puntos del PBI en la presión fiscal, con un impacto mucho mayor en las cuentas provinciales.

El informe del IARAF detalla cómo se distribuyó ese ajuste en relación con el nivel de recaudación de 2023. En 2024, la porción de impuestos que quedó en manos de la Nación aumentó 0,4 puntos del PBI, pero en 2025 cayó 0,46 puntos, lo que arroja una baja acumulada de apenas 0,06 puntos. En el caso de las provincias, la recaudación se redujo 0,24 puntos en el primer año y 0,49 en el segundo, acumulando una caída de 0,73 puntos del producto.

Detrás de estos números se esconde una tensión política persistente. Mientras el Gobierno nacional exhibe la baja de impuestos como uno de los pilares de su programa económico, los gobernadores advierten que ese proceso se financió, en gran medida, con recursos provinciales. La discusión sobre coparticipación, transferencias y autonomía fiscal vuelve así al centro del debate, en un contexto en el que las provincias reclaman previsibilidad y compensaciones frente a la pérdida de ingresos.

El reparto del costo del ajuste fiscal no es un dato menor: condiciona la capacidad de las provincias para sostener servicios esenciales, inversión en infraestructura y políticas sociales. En ese marco, la reducción de la presión tributaria aparece menos como un esfuerzo compartido y más como una redistribución asimétrica del sacrificio, con impactos que seguirán marcando la relación entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales.