La Justicia habilita a ARCA como querellante y acelera la causa contra la AFA por una presunta apropiación millonaria

• La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA
• La investigación apunta a una presunta apropiación indebida por más de $19.000 millones
• El juez habilitó la feria judicial para acelerar el trámite del expediente
• La acusación incluye IVA, Ganancias y aportes a la Seguridad Social no ingresados
• Claudio “Chiqui” Tapia ya fue imputado formalmente por el fiscal
• Se investigan movimientos bancarios para determinar el destino de los fondos retenidos

La ofensiva del Gobierno nacional contra la conducción del fútbol argentino ingresó en una etapa judicial decisiva. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos. La decisión no es un mero trámite procesal: convierte al organismo recaudador en un acusador privado con plenas facultades para impulsar la investigación penal contra la administración encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.

El fallo, dictado el viernes pasado, habilita a los abogados de ARCA a acceder sin restricciones al expediente, solicitar medidas de prueba, intervenir en audiencias y apelar resoluciones judiciales. En términos políticos e institucionales, refuerza la estrategia del Ejecutivo de avanzar con mayor contundencia sobre la estructura dirigencial del fútbol, en un contexto de tensión creciente entre la Casa Rosada y la AFA.

Para comprender el alcance del caso, es clave reconstruir cómo se gestó el expediente. La causa se originó el 12 de diciembre, cuando la propia ARCA presentó una denuncia ante la Justicia Penal Económica. En esa presentación, el organismo advirtió que la AFA retenía fondos correspondientes a impuestos y cargas sociales de los clubes, pero no los transfería al Estado en los plazos legales.

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial tomó la denuncia, solicitó formalmente la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada. Frente a la magnitud de los montos involucrados y al riesgo de pérdida o alteración de pruebas, el juez Amarante resolvió habilitar la feria judicial de enero, una medida excepcional que permitió acelerar los tiempos del proceso y avanzar con decisiones clave que, de otro modo, habrían quedado en suspenso hasta febrero.

Según el escrito presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal denunciado asciende a $19.353.546.843,85. El período bajo investigación abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, e incluye irregularidades en el ingreso del IVA, el Impuesto a las Ganancias y las Contribuciones a la Seguridad Social.

El detalle de los números refuerza la gravedad de la acusación. Solo por retenciones de Ganancias no ingresadas al fisco, la deuda supera los 8.000 millones de pesos. A ello se suman más de 8.600 millones correspondientes a aportes de la Seguridad Social, es decir, fondos descontados a empleados de los clubes que, según la denuncia, nunca llegaron a las arcas estatales.

En su presentación, ARCA fue categórica al describir la maniobra. Sostuvo que la AFA conocía plenamente su obligación legal, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de efectuar los depósitos, pero optó por no hacerlo. Para el organismo, no se trata de una deuda impositiva común, sino de una “indebida apropiación de caudales públicos”, ya que los montos retenidos “no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención”.

Con la feria habilitada, el expediente avanza a ritmo acelerado. El fiscal Navas Rial imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia, mientras que el juez Amarante ordenó una batería de medidas de prueba orientadas a reconstruir la llamada “ruta del dinero”. Entre ellas, se libraron oficios al Banco Central y a todas las entidades bancarias que operan con la AFA para analizar movimientos financieros, fechas de acreditación y eventuales maniobras de colocación de fondos.

El foco de la investigación apunta a determinar si la entidad utilizó esos recursos retenidos para obtener rendimientos financieros, postergando deliberadamente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La defensa de la AFA, encabezada por el abogado Norberto Frontini, ya se presentó en la causa, aunque por ahora no solicitó medidas de prueba ni formuló descargos de fondo.

La aceptación de ARCA como querellante marca un punto de inflexión: la causa deja de ser un expediente técnico y se convierte en un frente judicial de alto impacto político, con consecuencias que podrían sacudir los cimientos del poder en el fútbol argentino.