Cruce de alto voltaje: El Gobierno desmiente un pacto con el massismo por el control de la AFA

• Desmentida oficial: El Ministerio de Justicia negó rotundamente un pacto entre Milei y Massa para encubrir a la AFA.
• Irregularidades detectadas: La IGJ señaló fallas en los estados contables de la AFA y la Superliga tras ocho años sin controles.
• Balances sin aprobar: Se confirmó que los ejercicios contables de la AFA (2017-2024) y la Superliga (2020-2024) no han sido registrados ni avalados.
• Rechazo al cambio de sede: El Gobierno denunció como ilegal el intento de trasladar la sede de la AFA de la Capital Federal a Pilar.
• Debido proceso: Justicia explicó que no corresponde designar veedores mientras el análisis técnico de los auditores esté en curso.
• Conflicto político: La respuesta oficial surge tras las duras acusaciones de Elisa Carrió y Facundo del Gaiso sobre supuestos beneficios al "massismo".

En un nuevo capítulo de la tensa relación entre el Poder Ejecutivo y la oposición dialoguista, el Ministerio de Justicia de la Nación emitió un contundente descargo para frenar las versiones que circulan sobre un presunto acuerdo político entre la gestión de Javier Milei y el exministro de Economía, Sergio Massa. La polémica, que combina fútbol, política y controles estatales, escaló luego de que la Coalición Cívica denunciara supuestas maniobras de encubrimiento en torno a las irregularidades contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A través de un comunicado oficial, la cartera de Justicia calificó como falsas las acusaciones y defendió el desempeño de la Inspección General de Justicia (IGJ). Según el Gobierno, lejos de existir un blindaje hacia la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, el organismo de control ha sido el primero en señalar las anomalías tras casi una década de inacción.

El eje del conflicto radica en el estado financiero de la AFA y la extinta Superliga. Desde el oficialismo subrayaron que la IGJ formuló observaciones críticas a los estados contables de ambas entidades luego de ocho años sin controles exhaustivos. En este sentido, el Ministerio aclaró que no hubo ningún aval ni un destrabe irregular de la documentación, sino un proceso de revisión que aún se encuentra en curso. Para desestimar la teoría de una regularización exprés, el Gobierno fue taxativo con los números y precisó que la IGJ no ha registrado ni aprobado los balances correspondientes a los ejercicios 2017-2024 de la AFA, como así tampoco los de la Superliga entre 2020 y 2024. Asimismo, la cartera de Justicia respondió a las críticas sobre la falta de veedores, explicando que la ley no permite designarlos mientras se analizan las declaraciones de los auditores y las respuestas de las entidades, garantizando así el debido proceso y la rigurosidad técnica de la investigación.

Uno de los puntos más álgidos de la disputa mediática fue el supuesto traslado de la sede social de la AFA desde la histórica calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia un inmueble en Pilar. Mientras la oposición sugería una connivencia para facilitar este movimiento, el Ministerio de Justicia aseguró que la IGJ no solo no aprobó el cambio, sino que denunció la irregularidad e ilegalidad de esa maniobra. Según el descargo, el organismo ya intimó a la AFA y a la Superliga a presentar documentación respaldatoria y citó a los auditores intervinientes para brindar explicaciones formales. La reacción gubernamental fue la respuesta directa a las declaraciones de Facundo del Gaiso, legislador porteño de la Coalición Cívica, quien había acusado a la IGJ de limpiar ocho años de irregularidades. Del Gaiso se hizo eco de un posteo de la fundadora de su espacio, Elisa Carrió, quien fue más allá al denunciar un supuesto pacto de impunidad entre la Casa Rosada y el sector político liderado por Sergio Massa. Al negar cualquier tipo de alianza, el Gobierno intenta reafirmar su bandera de transparencia institucional, aunque la persistencia de las sombras sobre los balances asegura que la batalla administrativa continuará en los despachos judiciales.