Sin reforma laboral no hay futuro: basta con las indemnizaciones y la industria del juicio
En la Argentina se discute todo menos lo esencial. Se debate el dólar, la inflación, la deuda, los nombres propios. Pero se esquiva el núcleo del problema: sin reforma laboral no habrá crecimiento. No hay inversión sin reglas claras. No hay empleo sin previsibilidad. Y no hay país posible con un sistema que castiga al que produce y premia al que litiga.
Durante décadas se construyó una mentira peligrosa: que despedir es un pecado y que contratar es un riesgo. Hoy un empresario no sabe si toma un trabajador o firma su propia sentencia judicial. No porque no quiera cumplir la ley, sino porque el sistema está diseñado para que cualquier conflicto termine en un juicio que puede llevarlo a la quiebra.
El miedo reemplazó al trabajo.
El juicio reemplazó al esfuerzo.
La indemnización reemplazó al salario.
Así no se crece.
Es indispensable poner un tope razonable a los montos indemnizatorios. No para quitar derechos, sino para devolver racionalidad. Nadie invierte si sabe que una mala contratación puede costarle la empresa. Ningún comerciante abre una persiana con una espada judicial sobre la cabeza.
La solución existe y no es nueva: un fondo de desempleo. Que la indemnización sea un sistema previsible, acumulado durante la relación laboral, y que el trabajador cobre ese fondo cuando deja de prestar servicios, ya sea por renuncia o despido. Sin trauma, sin litigio, sin ruleta rusa judicial.
Eso es modernidad.
Eso es justicia social real.
Eso es dignidad sin extorsión.
También hay que terminar con la fantasía de que el trabajador siempre tiene razón. La relación laboral es un contrato entre dos partes. Y como en todo contrato, puede haber incumplimientos de ambos lados. El que no cumple objetivos, el que no respeta reglas, el que falta reiteradamente, no puede convertirse automáticamente en víctima sagrada del sistema.
Hoy pasa lo contrario: al empleador le tiembla el pulso para despedir aun cuando tiene razones. Porque sabe que lo espera un juicio que puede dejarlo literalmente en la calle.
Eso no es protección.
Eso es parálisis económica.
La industria del juicio laboral se transformó en un negocio. Y como todo negocio, se alimenta de exageraciones, distorsiones y, en muchos casos, directamente de fraude procesal. Abogados y trabajadores que inventan hechos, inflan reclamos y construyen relatos para cobrar más. Eso no es justicia. Eso es estafa.
La Justicia también debe hacer su parte. Castigar al que miente. Sancionar al que abusa del sistema. Denunciar de oficio el fraude procesal. Porque proteger al trabajador no significa avalar la mentira. Defender derechos no es legitimar el engaño.
Un país que no puede contratar por tiempo determinado sin miedo a que eso se transforme en una relación encubierta es un país condenado a la informalidad. Si cada prueba termina en juicio, nadie prueba. Si cada contrato es una trampa, nadie contrata.
La reforma laboral no es contra el trabajador. Es a favor del trabajo.
No es contra los derechos. Es contra el abuso.
No es para beneficiar empresarios. Es para que existan empresas.
Argentina necesita dejar atrás el dogma de que producir es sospechoso y litigar es virtuoso. Necesita un sistema donde trabajar vuelva a ser más rentable que demandar. Donde contratar sea una oportunidad y no un riesgo. Donde despedir con causa no sea un acto heroico sino un acto normal.
Sin reforma laboral no hay inversión.
Sin inversión no hay empleo.
Y sin empleo no hay justicia social posible.
Seguir sosteniendo que el trabajador siempre tiene razón es una consigna cómoda, pero falsa. La verdad es más incómoda: sin equilibrio entre derechos y responsabilidades, no hay sistema que resista.
La Argentina no necesita más discursos. Necesita reglas.
Reglas claras.
Reglas justas.
Reglas que permitan crecer.
Porque ningún país salió adelante con miedo.
Y ningún país creció con tribunales reemplazando fábricas.