El trimestre que pone a prueba al plan

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZm1

El primer trimestre del año coloca al gobierno de Javier Milei ante una combinación compleja de desafíos económicos, financieros y políticos que exceden largamente la discusión técnica. No se trata solo de ordenar variables macroeconómicas luego de años de desequilibrios acumulados, sino de hacerlo en un contexto donde la credibilidad, la coordinación y la capacidad de sostener reglas se vuelven tan relevantes como los propios números.

Desde el punto de vista económico, el arranque del año transcurre bajo la lógica clásica de los procesos de estabilización: restricción fiscal, disciplina monetaria y corrección de precios relativos. El problema no es el diagnóstico, ampliamente compartido por el mercado, sino la secuencia y, sobre todo, la capacidad del programa para anclar expectativas en un entorno de incertidumbre elevada. En ese marco, los primeros meses funcionan como un test de consistencia: cada dato, cada licitación y cada señal política es leída como parte de un todo aún en construcción.

Uno de los focos centrales está en el frente de la deuda, particularmente en moneda local. La elevada concentración de vencimientos de corto plazo obliga al Tesoro a sostener niveles exigentes de refinanciamiento, transformando cada licitación en un examen de confianza. El predominio de instrumentos a tasa fija y plazos breves expone al esquema a una dependencia estructural del rollover, que solo es viable si el mercado percibe que el ajuste fiscal es sostenible y que no habrá cambios abruptos de reglas. A esto se suma un calendario en moneda extranjera que, aunque acotado en términos relativos, presiona sobre un nivel de reservas que todavía luce frágil.

El riesgo país aparece, en ese sentido, como un termómetro clave. La aspiración oficial de llevarlo hacia niveles compatibles con un acceso más fluido al financiamiento externo choca con una realidad persistente: los inversores no solo demandan superávit fiscal y acumulación de reservas, sino también previsibilidad política y estabilidad institucional. Un riesgo elevado no afecta únicamente al Estado; encarece el crédito privado y condiciona decisiones de inversión en un momento en el que la economía necesita señales de horizonte.

La política de tasas de interés completa el cuadro de tensiones. Mantener rendimientos reales positivos es parte del ancla antiinflacionaria y un incentivo para la demanda de pesos, pero tiene costos evidentes. El crédito se encarece, la actividad se resiente y los reclamos sectoriales se multiplican. El equilibrio es delicado: aflojar demasiado rápido puede reactivar la dolarización de carteras; sostener tasas altas por tiempo prolongado profundiza la recesión y erosiona apoyo político.

En la actividad económica, los datos iniciales muestran una desaceleración coherente con el ajuste fiscal y la caída del ingreso real. Los sectores ligados al consumo interno y a la obra pública son los más afectados, mientras que las actividades orientadas a la exportación exhiben una resiliencia relativa. La pregunta no es si este movimiento era inevitable, sino cuánto tiempo puede sostenerse sin que el impacto social se traduzca en conflictividad creciente y pérdida de legitimidad.

El empleo y el salario real se convierten así en variables críticas. Industrias intensivas en mano de obra —como la construcción, la metalurgia o la industria textil— siguen rezagadas, mientras que los flujos de inversión muestran mayor dinamismo en sectores como energía, minería e hidrocarburos, más dependientes de reglas macro y regulatorias que del ciclo interno. La brecha entre estos mundos plantea un desafío político adicional: cómo administrar ganadores y perdedores en un proceso de transición.

El frente externo es otro pilar del programa. La acumulación de reservas resulta indispensable para reducir vulnerabilidades y sostener la estabilidad cambiaria. En el corto plazo, la recesión ayuda a moderar importaciones y mejora el saldo comercial, pero ese alivio es transitorio. La verdadera prueba está en la capacidad de generar dólares genuinos a partir del complejo exportador, condicionado por precios internacionales y por decisiones de política doméstica. Evitar que el superávit sea solo un reflejo de la caída de la actividad es uno de los dilemas centrales del trimestre.

La inflación, finalmente, sigue siendo la variable más sensible. Tras el salto inicial por la corrección de precios relativos, el Gobierno apuesta a una desaceleración gradual apoyada en el equilibrio fiscal y la restricción monetaria. La apertura importadora aparece como herramienta complementaria para contener precios, aunque introduce tensiones adicionales sobre pymes que enfrentan competencia externa en un contexto de demanda débil y costos financieros elevados. Aquí, nuevamente, la técnica choca con la política.

Porque, en definitiva, el primer trimestre no solo pone a prueba un programa económico: pone a prueba la capacidad de gobernar la estabilización. La coordinación interna, la disciplina discursiva y la gestión del conflicto social se vuelven activos tan valiosos como el superávit fiscal. En un escenario donde mercado, Congreso y calle interactúan de manera permanente, cada decisión funciona como un plebiscito implícito.

La Argentina entra así en un tramo decisivo. Si el Gobierno logra convertir el ajuste en una narrativa creíble y sostener una coalición mínima de apoyo, el programa puede ganar tiempo y consistencia. Si no, el riesgo es conocido: que la estabilización quede atrapada en la lógica del corto plazo, donde cada vencimiento, cada votación y cada protesta reabren la discusión sobre reglas que aún no terminaron de consolidarse.