María Cecilia Vranicich, fiscal general de Santa Fe: "La edad de punibilidad debe ser revisada"

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) tuvo, a juicio de la jefa de fiscales de Santa Fe, un año histórico. María Cecilia Vranicich lo celebra, pero ya apunta a profundizar cambios estructurales y pone la mira en el sistema de enjuiciamiento. La titular del organismo no esquiva, tampoco, definiciones sobre la edad de imputabilidad. “Debe ser revisada”, asegura.

Vranicich habló con Letra P tras un año con agenda judicial cargada por la reforma constitucional que consagró la independencia del MPA. El organismo moldea hoy, entre otras tareas, su Carta Orgánica.

Entre balances y objetivos inmediatos
-¿Cómo evalúa el año que pasó para el Ministerio Público de la Acusación?
- Sin temor a exagerar, va a quedar en la memoria institucional del MPA. Así como siempre señalamos a 2014 -con el cambio de sistema-, 2025 va a quedar como un punto bisagra. Hoy somos formalmente independientes, autónomos y con autarquía. No sólo del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también del Poder Judicial.
-¿Y ahora?

-El desafío este año es darle forma a esas mandas constitucionales, respetando de manera idéntica la voluntad de los convencionales. Hoy sigue vigente la ley orgánica por una cláusula transitoria, pero hay que estar atentos a que la futura reforma respete el espíritu de la Convención.

-¿Cómo avanza ese proceso? ¿Hay plazos?

-Desde la Fiscalía General conformamos equipos de trabajo desde antes de la Convención, integrados por fiscales y funcionarios, para definir ejes temáticos de la futura ley orgánica. No estamos redactando un proyecto cerrado, porque eso es atribución del Poder Legislativo, pero sí elaboramos propuestas y posicionamientos técnicos que luego son consultados por los legisladores.

-¿Cuáles son esos ejes principales?

-Contar con un sistema propio de selección de empleados. El esquema histórico del Poder Judicial ya no responde a las necesidades del MPA después de más de una década de funcionamiento. Además, sostenemos la reforma reciente de la ley orgánica, que cambió la lógica de conducción.

Rosario, territorio clave
-En la Fiscalía de Rosario hubo un cimbronazo con la intervención. Hoy, ya con el fiscal Matías Merlo designado, ¿está superada esa etapa?

-Mirando hacia atrás, entiendo que las decisiones tomadas fueron positivas. La intervención fue ordenadora. Hoy el desempeño del Ministerio Público de la Acusación es mejor. Parte de ese resultado tiene que ver con una mayor coordinación con el resto de los poderes del Estado.

-¿Cómo se garantiza esa coordinación sin afectar la independencia del MPA?

-La independencia está garantizada. En las mesas de trabajo cada organismo aporta información dentro de su incumbencia legal. Además, trabajamos con policías de investigación provinciales y nacionales, por lo que la coordinación es obligatoria y ha sido clave para bajar los niveles de violencia.

La relación con el Poder Judicial y los hechos de corrupción
-Casos de jueces y fiscales investigados o condenados impactan en la confianza social. ¿Cómo se procesa eso institucionalmente?

-Este año tuvimos la condena de un exfiscal regional, junto a un empleado del MPA. Antes hubo fiscales condenados en distintas circunscripciones. Son golpes institucionales internamente muy difíciles, pero estamos convencidos de que es lo que corresponde. El MPA debe depurarse siempre.

-¿Los cambios en la Constitución profundizan ese camino?

-Es clave el nuevo sistema de enjuiciamiento disciplinario. Valoramos que la Constitución haya establecido que el órgano investigador sea técnico y no político. Defendemos la figura del auditor, porque entiende cómo trabaja un fiscal. En el MPA no se esconde la basura debajo de la alfombra.

-¿En otros organismos judiciales ocurre algo distinto?

-No digo que sea intencional, pero hay sistemas que tienden a eso. Por ejemplo, el jury de enjuiciamiento de jueces, por suerte ya reformado, estaba conformado por mayoría de ministros de Corte. Es la misma crítica que podemos hacer cuando solamente los legisladores deciden la sanción de un fiscal.

El debate por la baja en la edad de punibilidad
-El homicidio de Jeremías Monzón volvió a poner sobre la mesa la baja de la edad de imputabilidad. ¿Cuál es su mirada?

-Entiendo que la edad de punibilidad debe ser revisada. No es competencia nuestra, sino del Congreso, pero hoy el MPA tiene a su cargo la Justicia penal juvenil. Son casos excepcionales, pero brutales y dramáticos.

-¿Debe entonces avanzarse hacia un cambio?

-Hay responsabilidades de muchos organismos del Estado en el abordaje de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, pero a las familias de las víctimas hay que darles una respuesta y es muy duro que muchas veces esa respuesta no exista. Estamos en un momento y en un contexto donde el Congreso tiene que revisar la edad de los 16 años.

-¿Se impone una perspectiva desde la víctima en la Justicia que viene?

-Sí. Tenemos que empezar a equilibrar la balanza. Venimos de un sistema fuertemente orientado a las garantías, por una historia de graves violaciones a los derechos humanos, pero después de más de 40 años de democracia, es momento de equilibrar la balanza.

-¿Qué implica?

-Que fiscales y jueces incorporen a la víctima en cada decisión. Hoy es muy difícil explicar a familiares de víctimas de delitos graves que no hay respuesta punitiva ni alternativa. Además, un joven de 16 años hoy no es el mismo que hace 30 años.

CON INFORMACION DE LETRAP.