Una reforma laboral inevitable en un país que ya cambió

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La reforma laboral dejó de ser una hipótesis para convertirse en un hecho político: el Congreso ya discute uno de los cambios más profundos en el mundo del trabajo de las últimas décadas. No se trata de un ajuste técnico ni de una corrección marginal, sino de una redefinición de reglas que el sistema argentino arrastra desde hace años sin animarse a revisar. El debate, intenso y atravesado por intereses diversos, expone una verdad incómoda: la legislación vigente describe un mercado laboral que prácticamente ya no existe.

Desde esta perspectiva, el impulso reformista del actual gobierno no aparece como un capricho ideológico ni como una concesión a sectores concentrados, sino como una respuesta tardía a un proceso de transformación que se produjo al margen del Estado. La economía informal, las nuevas modalidades de contratación, el trabajo independiente y la fragmentación del empleo avanzaron sin regulación, mientras la normativa permanecía anclada en una lógica industrial del siglo pasado. El resultado fue un sistema que protege cada vez a menos trabajadores y deja a la mayoría librada a su suerte.

El diagnóstico que sostiene la reforma no es novedoso, pero sí es ineludible. Desde hace más de una década, el empleo formal en relación de dependencia representa apenas una cuarta parte de la población económicamente activa. El resto se distribuye entre la informalidad, el cuentapropismo y esquemas híbridos que el derecho laboral argentino nunca supo encuadrar. Persistir en ese esquema no es una defensa del trabajador, sino una forma sofisticada de desprotección. En ese sentido, la iniciativa oficial asume un riesgo político que otros gobiernos prefirieron eludir: legislar sobre la realidad y no sobre la nostalgia.

La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del organismo estadístico volvió a poner en evidencia una fragilidad estructural del Estado: la dificultad para medir con precisión un mercado laboral cada vez más complejo. Sin embargo, sería un error convertir esa limitación en una excusa para la inacción. La política no puede quedar rehén de estadísticas incompletas cuando los problemas son visibles a simple vista. El Congreso discute la reforma no porque sobren datos, sino porque sobra evidencia social de que el sistema actual ya no funciona.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la ampliación del enfoque tradicional del derecho del trabajo. La reforma deja atrás la mirada binaria que solo reconoce al trabajador formal y al empleador clásico, y abre el sistema a nuevas realidades laborales. Este giro conceptual, lejos de debilitar derechos, busca extenderlos a sectores históricamente excluidos. Regular no es precarizar; es establecer un piso de previsibilidad donde hoy reina la arbitrariedad.

El texto en debate incorpora garantías de igualdad en el acceso a la formación y al desarrollo profesional, un punto especialmente relevante en un mercado atravesado por desigualdades de género persistentes. También revisa el régimen de descansos, vacaciones y francos, con una lógica más flexible pero no menos protectora. La crítica simplista que equipara flexibilidad con pérdida de derechos omite un dato central: en el esquema vigente, muchos de esos derechos directamente no se ejercen y terminan caducando sin que nadie los defienda.

Otro aspecto significativo de la reforma es su mirada sobre las situaciones de mayor vulnerabilidad. El nuevo régimen de indemnización por fallecimiento, con plazos breves y beneficiarios claramente definidos, busca evitar la judicialización innecesaria y el padecimiento adicional de las familias. Del mismo modo, la compatibilidad entre acuerdos extintivos y el acceso al seguro de desempleo corrige una distorsión que castigaba al trabajador incluso después de haber cumplido con todos sus aportes. Son cambios que no suelen dominar el debate público, pero que revelan una lógica más moderna y empática del derecho laboral.

Las resistencias existen y son previsibles. Algunas provienen de sectores sindicales que temen perder poder en un escenario menos rígido; otras, de una cultura jurídica acostumbrada a litigar sobre normas desactualizadas. También hay críticas atendibles sobre inconsistencias técnicas que el trámite parlamentario debería corregir. Pero hay una diferencia sustancial entre mejorar una reforma y bloquearla. En ese punto, el oficialismo parece decidido a no retroceder frente al ruido.

El debate legislativo, además, se apoya en un proceso previo de discusión que incluyó a diversos actores sociales y políticos. Las mesas del Pacto de Mayo funcionaron como un espacio de validación política que le otorga mayor densidad a la iniciativa y reduce el riesgo de una judicialización inmediata. En un país donde casi todas las reformas laborales terminaron en los tribunales, ese dato no es menor.

La Argentina enfrenta una disyuntiva clara: seguir administrando un sistema laboral que excluye a la mayoría o animarse a redefinir sus bases. La reforma que hoy se discute en el Congreso no promete soluciones mágicas ni resultados instantáneos. Pero plantea algo más elemental: adecuar las reglas a la realidad. En ese gesto, más pragmático que épico, el gobierno encuentra uno de sus argumentos más sólidos.