Tapia fue aceptado como querellante y profundiza el conflicto judicial con dirigentes de la Coalición Cívica

• Tapia fue aceptado como querellante en la causa por presuntas extorsiones mediante denuncias judiciales.
• La decisión le permite acceder al expediente y pedir medidas de prueba.
• El conflicto se originó, según Tapia, por la instalación irregular de fotomultas en el Camino del Buen Ayre.
• El empresario Leandro Camani es señalado como actor central de la maniobra denunciada.
• Tapia negó bajo juramento cualquier vínculo con la mansión de Pilar investigada.
• La causa se cruza con otros expedientes vinculados al negocio de las fotomultas y denuncias de presión judicial.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, fue aceptado como querellante en la causa que investiga presuntas extorsiones mediante denuncias judiciales contra dirigentes de la Coalición Cívica. La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Walter Saettone, quien consideró que existen elementos suficientes para reconocerlo como damnificado en el expediente. El paso procesal le otorga a Tapia un rol activo en la investigación y refuerza el giro que tomó el conflicto, que ahora escala en los tribunales.

La resolución se conoció luego de que Tapia ratificara su denuncia contra el legislador porteño Facundo Del Gaiso y el asesor Matías Yofe, quienes a su vez impulsaron la causa por la presunta adquisición de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares mediante testaferros vinculados a autoridades del fútbol argentino. A partir de la decisión judicial, el titular de la AFA pasó de ser denunciante a acusador particular, junto con el empresario Leandro Camani, a quien también señala como parte central de la maniobra.

La aceptación como querellante habilita a Tapia y a su abogado, Gregorio Dalbón, a acceder al expediente, solicitar medidas de prueba y colaborar de manera directa con la fiscalía en el avance de la investigación. En los fundamentos, el juez Saettone entendió que el relato del dirigente y la documentación incorporada permiten presumir la existencia de un perjuicio concreto, al menos en esta etapa preliminar del proceso.

El contraataque judicial de Tapia se apoya en una secuencia de hechos que, según su versión, se inició fuera del ámbito estrictamente futbolístico. Además de presidir la AFA, Tapia es titular del CEAMSE, el organismo encargado de la gestión de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Allí ubica el origen del conflicto: la instalación irregular de cámaras de control vehicular en el Camino del Buen Ayre, corredor administrado por esa entidad.

De acuerdo con su declaración ante la Justicia, las cámaras de fotomultas no contaban con licitación ni autorización legal del CEAMSE. Tras detectar esa situación, Tapia ordenó cortar el suministro eléctrico que alimentaba los equipos, una decisión que, según relató, generó una reacción inmediata por parte de los empresarios involucrados en el negocio. El principal apuntado es Leandro Camani, titular de la empresa Secutrans, dedicada a la provisión e instalación de sistemas de fiscalización de tránsito.

Tapia aseguró que, luego del corte de energía, Camani habría exigido, a través de intermediarios, que se restableciera el servicio. Ante la negativa, comenzaron —según su testimonio— las amenazas de avanzar con una ofensiva judicial en su contra. Esa secuencia habría tenido lugar entre agosto y septiembre del año pasado, antes de que se multiplicaran las denuncias penales y el escándalo público en torno a la AFA y sus autoridades.

En ese marco, el dirigente negó de manera tajante cualquier vinculación con la vivienda de Pilar investigada. “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”, afirmó bajo juramento en sede judicial. Para la querella, Del Gaiso y Yofe habrían actuado como ejecutores de una estrategia diseñada para presionar a Tapia, presentando denuncias y amplificando las acusaciones en redes sociales en un momento clave de la disputa por el control del negocio de las fotomultas.

La versión de Camani es diametralmente opuesta. En un escrito presentado ante el juez Saettone, el empresario negó cualquier tipo de relación personal, institucional o económica con Tapia y rechazó haber participado en maniobras de extorsión. No obstante, su nombre ya figuraba en otro expediente en trámite, donde se investiga un caso previo de presuntas extorsiones atribuidas a Yofe.

En esa causa, a cargo del fiscal Germán Camafreita, Camani había sido mencionado como presunto financista del denunciante del caso de la mansión de Pilar. Además, Yofe se encuentra bajo sospecha tras la denuncia de un ex chofer del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, quien declaró haber sido amenazado para declarar contra su exjefe en la causa por el fraude con las fotomultas. Con la incorporación formal de Tapia como querellante, el expediente suma complejidad y anticipa una disputa judicial de alto voltaje político.