Un cambio de rumbo necesario, aun con costos visibles

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La Argentina volvió a ponerse frente al espejo de su propia historia económica. No es una imagen cómoda ni indulgente, pero sí inevitable. Durante años, el país construyó una estructura productiva protegida, cara y poco competitiva, sostenida más por regulaciones defensivas que por eficiencia genuina. El resultado está a la vista: empresas que sobreviven con dificultad, inversiones que buscan otros destinos y una economía que, aun cuando crece, lo hace con pies de barro. En ese contexto, el gobierno de Javier Milei decidió avanzar con un giro profundo, consciente de que no hay transformaciones sin costos ni consensos sin tensiones.

El caso de Peabody, la empresa de electrodomésticos que trasladó buena parte de su producción a Paraguay, es ilustrativo de una realidad que excede largamente a una firma puntual. No se trata de una fuga caprichosa ni de una decisión ideológica, sino de una comparación cruda entre sistemas. Menor carga impositiva, reglas laborales más previsibles y costos sensiblemente más bajos explican un fenómeno que se repite en distintos sectores. El problema, conviene subrayarlo, no es Paraguay. El problema es la Argentina que durante décadas hizo del sobrecosto una política de Estado.

La administración libertaria heredó esa estructura y decidió confrontarla sin eufemismos. La apertura comercial, la desregulación y el alineamiento internacional no son consignas vacías, sino una respuesta —discutible en sus tiempos, pero clara en su diagnóstico— a una economía que dejó de ser atractiva incluso para quienes apostaron durante años al mercado interno. La firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos debe leerse en esa clave: como una señal política hacia afuera y, al mismo tiempo, como un mensaje incómodo hacia adentro.

Es cierto que el acuerdo no es simétrico. Nunca lo son cuando se negocia con la principal potencia del mundo. También es cierto que la Argentina asume compromisos exigentes, especialmente en materia de propiedad intelectual y reglas comerciales. Pero reducir el debate a una contabilidad de concesiones sería perder de vista lo esencial: la necesidad de integrarse a cadenas globales, acceder a mercados más grandes y disciplinar una economía que durante demasiado tiempo funcionó al margen de la competencia internacional.

Algunos sectores saldrán fortalecidos. La carne, por ejemplo, encuentra una oportunidad concreta con la ampliación de cuotas de exportación. Otros deberán adaptarse a un escenario más desafiante. Esa es, precisamente, la naturaleza de cualquier proceso de apertura. El verdadero dilema no es si habrá ganadores y perdedores, sino si el Estado será capaz de acompañar la transición con reformas estructurales que reduzcan los costos sistémicos que hoy expulsan inversión.

En ese punto, el Gobierno parece tener claro el rumbo, aunque no siempre la velocidad. La reforma laboral y la impositiva no son un capricho doctrinario, sino una condición de supervivencia. Sin un mercado de trabajo menos litigioso y un sistema tributario menos asfixiante, la Argentina seguirá siendo un país caro para producir y barato para abandonar. Los gobernadores lo saben, aunque en público prefieran administrar silencios. En privado, admiten que el statu quo es insostenible, pero temen el costo político de acompañar cambios profundos en un contexto social todavía frágil.

También el sector financiero refleja las tensiones del momento. La mora elevada, el crédito que crece por debajo de la inflación y la dificultad para construir financiamiento de largo plazo son síntomas de una economía que todavía no recuperó la confianza. Sin embargo, incluso allí se percibe un proceso de reordenamiento: consolidaciones, ventas, replanteos estratégicos. No es expansión exuberante, pero sí depuración, un paso previo necesario para cualquier ciclo de crecimiento más sólido.

El Estado, por su parte, también ajusta. Privatizaciones, venta de activos y superávit fiscal marcan una diferencia nítida con el pasado reciente. No se trata de nostalgia noventista, como sugieren algunos críticos, sino de una administración que intenta ordenar las cuentas sin recurrir al atajo inflacionario. En un país acostumbrado a vivir al día, el equilibrio fiscal no es una consigna menor: es una rareza política.

Falta, es cierto, lo más difícil: que lleguen las inversiones, que aparezca el crédito de largo plazo, que el mercado de capitales deje de ser una promesa recurrente. Pero esos procesos no se decretan. Se construyen con señales persistentes, reglas estables y una narrativa coherente. El gobierno de Milei, con su estilo disruptivo y su retórica confrontativa, apuesta a que el shock de credibilidad preceda a los resultados.

La Argentina está, otra vez, en una encrucijada. Puede corregir sus distorsiones estructurales o volver a refugiarse en un modelo que ya demostró sus límites. El camino elegido no garantiza éxito, pero sí ofrece algo que estuvo ausente durante mucho tiempo: una dirección clara. En política y en economía, a veces eso es el primer paso imprescindible.