Reforma laboral: el oficialismo acelera el reloj legislativo para llegar al 1 de marzo con leyes clave

• El oficialismo busca aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo.
• El cronograma legislativo se ajusta para acelerar comisiones y recinto.
• Existen tensiones reglamentarias que podrían requerir extender extraordinarias.
• La oposición cuestiona un tratamiento exprés de una ley estructural.
• Socios parlamentarios plantean cambios que pueden alterar los tiempos.
• El Senado avanza en paralelo con proyectos considerados estratégicos.

El oficialismo redobló su presión parlamentaria con una meta política concreta: que la reforma laboral se convierta en ley antes del 1 de marzo y pueda ocupar un lugar central en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En el entorno del presidente Javier Milei consideran que la sanción de este proyecto —junto con el régimen penal juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea— reforzaría la narrativa de gestión y capacidad de construcción legislativa del Gobierno.

Con ese objetivo, el bloque de La Libertad Avanza diseñó un cronograma ajustado que busca aprovechar al máximo el período de sesiones extraordinarias. El texto de la reforma laboral fue remitido a la Cámara de Diputados con la intención de activar de inmediato el tratamiento en comisiones y acelerar su llegada al recinto. En paralelo, el Senado trabaja sobre los otros proyectos estratégicos para sincronizar los tiempos entre ambas cámaras.

La ingeniería legislativa no es menor. El reglamento establece plazos formales entre el dictamen de comisión y la votación en el recinto, lo que obligaría al Poder Ejecutivo a extender las sesiones extraordinarias para evitar objeciones procedimentales. En el oficialismo entienden que cualquier error técnico podría abrir la puerta a cuestionamientos políticos o judiciales, por lo que la estrategia combina velocidad con resguardo institucional.

Desde el punto de vista numérico, el oficialismo y sus aliados proyectan reunir las firmas necesarias para un dictamen favorable en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto. Sin embargo, el desafío mayor es asegurar el quórum para una sesión exprés. Sectores opositores advierten que una reforma de alto impacto económico y social requiere un debate más extenso. Legisladores críticos sostienen que una discusión acelerada limitaría el análisis técnico y el intercambio político, en un tema que redefine reglas laborales de alcance general.

La tensión no se circunscribe a la oposición más dura. Dentro del esquema de alianzas parlamentarias también emergen matices. El presidente del bloque de Propuesta Republicana, Cristian Ritondo, adelantó que su espacio impulsará modificaciones al texto con media sanción. Ese movimiento podría obligar a devolver el proyecto a la cámara de origen, alterando el calendario que el oficialismo intenta comprimir. En los despachos libertarios reconocen que ese riesgo forma parte de la negociación política inevitable.

En simultáneo, el Senado avanza con su propia agenda. La bancada oficialista encabezada por Patricia Bullrich busca dictaminar rápidamente tanto el acuerdo internacional como el régimen penal juvenil, piezas que el Ejecutivo considera complementarias a la reforma laboral dentro de su programa de reformas estructurales. La coordinación entre cámaras apunta a evitar cuellos de botella legislativos en un período de alta intensidad política.

Detrás de esta aceleración subyace una lógica de oportunidad. Para el Gobierno, llegar al 1 de marzo con leyes aprobadas consolidaría un mensaje de gobernabilidad y eficacia. Para la oposición, en cambio, el ritmo impuesto abre interrogantes sobre la calidad deliberativa del proceso. El Congreso se convierte así en el escenario de una disputa entre la urgencia política y los tiempos institucionales.

Las próximas semanas serán decisivas. El oficialismo apuesta a transformar su impulso en resultados concretos, mientras aliados y opositores negocian márgenes de influencia sobre textos que impactarán de manera directa en la estructura laboral y jurídica. En ese equilibrio entre consenso, reglamento y velocidad se definirá el alcance real de la ofensiva parlamentaria.