Entre tormentas y sombras, un Gobierno que decide avanzar

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

En la Argentina, la política y la Justicia mantienen desde hace décadas una relación tan estrecha como incómoda. Es una convivencia atravesada por desconfianzas mutuas, ambiciones personales y un entramado de intereses que suele operar lejos de la mirada pública. En ese escenario, el gobierno de Javier Milei enfrenta hoy un desafío doble: ordenar una economía todavía frágil y, al mismo tiempo, navegar en un sistema judicial donde la prudencia —o la lentitud— muchas veces termina confundiendo a la opinión pública.

La economía, ciertamente, muestra tensiones. La inflación todavía golpea el bolsillo de los ciudadanos y el consumo sigue moviéndose con cautela. Pero sería un error reducir la escena política argentina únicamente a esos indicadores. La verdadera batalla que atraviesa hoy al país también se libra en los tribunales, en las comisiones parlamentarias y en el complejo entramado institucional que rodea al poder.

En ese territorio movedizo apareció el caso de la criptomoneda $LIBRA, una polémica que algunos sectores de la oposición intentan convertir en un escándalo de dimensiones mayores. La narrativa es conocida: se busca instalar la sospecha antes de que exista una conclusión judicial. Es un mecanismo clásico de la política argentina. Primero se construye el veredicto mediático; después, si llega, aparece el proceso judicial.

Sin embargo, en este caso la realidad parece avanzar por un camino menos espectacular y más institucional. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue claro al señalar algo que debería ser obvio en una república: nadie puede ser declarado culpable antes de que la Justicia lo determine. No se trata de una defensa corporativa ni de una excusa política. Es simplemente el respeto a una regla elemental del Estado de derecho.

Esa afirmación adquiere particular importancia cuando el acusado es el Presidente de la Nación. En cualquier democracia madura, imputar responsabilidades penales al jefe del Estado exige pruebas sólidas, procedimientos rigurosos y decisiones judiciales firmes. Lo contrario es la banalización de la acusación, una práctica que en la Argentina se ha vuelto demasiado frecuente.

En paralelo, el propio funcionamiento de la Justicia vuelve a exhibir una de sus características más persistentes: su ritmo impredecible. Causas que parecen urgentes avanzan lentamente, mientras otras adquieren una velocidad sorprendente. El expediente vinculado a la criptomoneda es apenas un ejemplo de esa dinámica. La investigación está abierta, pero todavía lejos de ofrecer definiciones concluyentes.

En ese contexto, el Gobierno eligió una estrategia prudente: dejar actuar a los jueces y evitar interferencias. Es una decisión que puede resultar frustrante para quienes buscan respuestas inmediatas, pero que también refleja una diferencia respecto de épocas recientes, cuando el poder político intentaba dirigir la agenda judicial desde los despachos oficiales.

La llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia forma parte de ese intento de reorganización institucional. Su designación generó resistencias y comentarios críticos, como ocurre con casi todos los nombramientos relevantes en la política argentina. Pero también abrió expectativas dentro del propio sistema judicial, donde muchos observadores consideran que su gestión podría contribuir a ordenar un escenario plagado de vacantes, disputas internas y concursos demorados.

La Justicia argentina arrastra problemas estructurales que no se resolverán de un día para otro. Tribunales incompletos, procesos interminables y tensiones entre magistrados forman parte de un paisaje institucional que lleva años deteriorándose. En ese terreno, cualquier intento de reforma despierta sospechas, incluso antes de comenzar.

Mientras tanto, otros expedientes también avanzan en distintos tribunales, como la investigación vinculada a presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. Como ocurre en la mayoría de los casos sensibles, las responsabilidades todavía deben ser establecidas por los jueces. Pero el hecho mismo de que estas investigaciones existan demuestra que el sistema judicial continúa funcionando, aunque lo haga con los tiempos propios de una estructura compleja.

La política, naturalmente, observa cada movimiento con atención. Los expedientes judiciales se convierten en piezas de una disputa más amplia, donde cada sector busca fortalecer su posición. Es un juego antiguo en la Argentina, donde la frontera entre la discusión institucional y la confrontación partidaria suele volverse difusa.

Frente a ese escenario, el Gobierno parece apostar a una fórmula sencilla: sostener el rumbo económico, ordenar las instituciones y evitar que las disputas judiciales se conviertan en el centro absoluto de la agenda política. No es una tarea menor en un país acostumbrado a transformar cada controversia en una crisis.

El presidente Milei llegó al poder con la promesa de romper inercias profundamente arraigadas en el sistema político argentino. Algunas de esas inercias no están en la economía ni en la administración pública, sino en la cultura política que convierte cualquier investigación en un campo de batalla.

La verdadera prueba para el Gobierno no será evitar las polémicas —algo imposible en la Argentina— sino demostrar que las instituciones pueden funcionar sin que cada expediente se transforme en una condena anticipada.

Porque, en definitiva, la fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de sus instituciones para resolverlos.