Descentralizar el problema: la ley que reparte responsabilidades pero no soluciones

La regulación de los cuidacoches en Santa Fe dio un paso clave en el Senado, pero no en la dirección que muchos imaginaban al inicio del debate. El proyecto avanzó, sí, pero con un giro central impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro: la responsabilidad de aplicación recaerá, en la práctica, sobre los municipios.

Y ahí está el punto.

Porque lo que comenzó como una iniciativa con fuerte impronta provincial terminó convirtiéndose en una especie de “ley marco”, donde la Provincia fija las reglas generales, pero les deja a los gobiernos locales el trabajo más incómodo: controlar, intervenir y hacerse cargo del conflicto en la calle.

El cambio no es menor. Es, en términos políticos, una forma elegante de correrse del problema sin dejar de capitalizar la solución.

El texto incorpora la actividad al Código de Convivencia y la tipifica como contravención, habilitando sanciones que van desde trabajos comunitarios hasta arrestos. También endurece penas en zonas sensibles y contempla una mirada social para quienes no estén vinculados a estructuras delictivas. Todo correcto en el papel.

Pero en la práctica, la Provincia legisla y los municipios ejecutan. Y ejecutar, en este caso, no es sencillo.

La definición se terminó de cerrar en una mesa política donde participaron ministros clave del gabinete. Allí bajaron una línea clara: “el espacio público es responsabilidad municipal”. Una frase que suena lógica… hasta que se traduce en recursos, capacidad operativa y costo político.

Porque controlar a los cuidacoches no es solo una cuestión normativa. Es un problema social, económico y de seguridad, que en ciudades como Rosario, Santa Fe o Rafaela tiene niveles de conflictividad muy distintos.

Y ahí aparece otra arista del modelo: la adhesión será voluntaria.

Es decir, cada municipio decidirá si aplica o no la ley. Una solución que reconoce la diversidad territorial, pero que también abre la puerta a un mapa fragmentado, donde lo que es ilegal en una ciudad puede tolerarse en otra.

Ordenar, pero no tanto.

Además, el rol de la policía y la Justicia queda acotado a situaciones puntuales. No habrá intervención permanente, ni estructuras específicas. La señal es clara: evitar la sobrecarga del sistema judicial, aunque eso implique limitar la capacidad de respuesta.

En el oficialismo lo admiten sin rodeos: no es una solución mágica.

Y probablemente no lo sea.

Porque el verdadero desafío no está en la ley, sino en su implementación. En cómo cada municipio, con sus recursos y sus realidades, decide enfrentar un fenómeno que mezcla informalidad, necesidad y, en algunos casos, delito.

La Provincia dio un paso. Ordenó el marco, fijó criterios y construyó consenso político.

Pero también hizo algo más: corrió el eje de la responsabilidad.

Y en política, cuando eso pasa, el riesgo es claro: que la solución quede en los papeles… y el problema, como siempre, en la calle.