Allanamientos y sospechas: la Justicia avanza sobre la AFA por contratos y una millonaria propiedad

• La Justicia ordenó operativos en las sedes de la AFA en Buenos Aires y Ezeiza
• La investigación apunta a contratos internacionales gestionados por una empresa intermediaria
• Se analiza el origen de fondos utilizados para adquirir una propiedad en Pilar
• Existen indicios de transferencias hacia sociedades vinculadas a dirigentes
• La causa se tramita en múltiples juzgados y podría ser unificada
• La Cámara de Casación deberá definir la competencia en las próximas semanas

La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo con la orden de allanamientos en sus principales sedes, en el marco de una causa que indaga presuntas irregularidades en contratos internacionales y el origen de fondos vinculados a una lujosa propiedad en Pilar. La medida, impulsada por el juez Adrián González Charvay, pone bajo la lupa operaciones comerciales que, según la hipótesis judicial, podrían haber servido para canalizar fondos por fuera de los circuitos formales.

Los procedimientos se llevaron a cabo en el histórico edificio de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, y en el predio de Ezeiza, conocido como Predio Lionel Andrés Messi, donde funcionan las instalaciones deportivas de la entidad. Allí, personal de Prefectura Naval Argentina buscó documentación clave vinculada a contratos firmados con la firma TourProdEnter LLC, que habría actuado como intermediaria en acuerdos comerciales en el exterior.

De acuerdo con la causa, esta compañía, liderada por Javier Faroni y Erica Gillete, tenía a su cargo la representación exclusiva de la AFA para la promoción de eventos, acuerdos de patrocinio y la gestión de cobros internacionales. La operatoria incluía comisiones que alcanzaban el 30% por los contratos, más un 10% adicional por tareas logísticas, lo que generó sospechas sobre el volumen de dinero involucrado y su posterior destino.

Uno de los ejes centrales de la investigación es la adquisición de una propiedad en Pilar valuada en 17 millones de dólares, que habría sido comprada a través de terceros. La Justicia intenta determinar si los fondos utilizados para esa operación provienen de los contratos internacionales administrados por la mencionada firma. En ese sentido, se busca reconstruir la trazabilidad del dinero y establecer si existió un esquema de desvío o lavado de activos.

La causa también se nutre de información proveniente de Estados Unidos, donde registros bancarios habrían detectado transferencias hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino. Estos movimientos refuerzan la hipótesis de una red de intermediación financiera que habría operado entre 2021 y 2025, canalizando cifras millonarias fuera del sistema bancario argentino.

Mientras tanto, desde la AFA buscaron relativizar el alcance de los operativos. A través de un comunicado, la entidad sostuvo que no se trató de allanamientos sino de una requisitoria de información en el marco de actuaciones legales en curso. Sin embargo, la intervención de fuerzas federales y la magnitud de la documentación solicitada reflejan la relevancia que la causa ha adquirido en el ámbito judicial.

El expediente no se limita a una única jurisdicción. Además del juzgado de Campana, existen investigaciones en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, lo que ha generado un debate sobre la competencia y la necesidad de unificar las causas para evitar superposiciones.

En este contexto, la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir en las próximas semanas qué tribunal continuará con la investigación principal. La audiencia clave fue fijada para el 30 de marzo, donde se discutirán los argumentos sobre la jurisdicción del caso, en un proceso que podría marcar el rumbo definitivo del expediente.

La disputa se centra en si la causa debe permanecer en Campana, por la ubicación de la propiedad investigada, o regresar al fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, donde originalmente se analizaban las operaciones financieras. La resolución no solo tendrá implicancias procesales, sino que también podría influir en la velocidad y profundidad de la investigación.

A medida que avanza la causa, el foco judicial se mantiene sobre la posible existencia de una estructura compleja destinada a canalizar recursos provenientes del fútbol profesional hacia fines no declarados. En un ámbito históricamente atravesado por cuestionamientos, el desarrollo de este expediente vuelve a poner en discusión los mecanismos de control y transparencia dentro de una de las instituciones más influyentes del país.