El gobernador de Maximiliano Pullaro avanzó en una jugada política clave para su estrategia de seguridad: convocó a jueces y fiscales en Rosario con el objetivo de ordenar el funcionamiento judicial en torno a las causas de microtráfico y evitar que queden paralizadas por disputas de competencia.
La reunión, que se realizó en la sede de gobierno provincial, buscó encauzar semanas de tensión entre el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación, luego de cruces públicos que habían escalado en el debate sobre el tratamiento de los delitos vinculados al narcomenudeo.
Uno de los puntos de mayor conflicto había surgido tras las declaraciones del fiscal regional Matías Merlo, quien advirtió que las decisiones judiciales podían tener impacto directo en la escalada de violencia. Ese planteo encendió alarmas y precipitó la intervención política.
De la disputa técnica al acuerdo político
Lo que en términos jurídicos es una discusión sobre competencias entre la justicia provincial y la federal, para el Ejecutivo santafesino se convirtió en un eje central de su política de seguridad. La meta es clara: evitar que las investigaciones se diluyan en el traspaso de jurisdicciones.
En ese marco, Pullaro impulsó una “lógica de resultados” que busca integrar a los camaristas en la estrategia contra el narcotráfico, especialmente en los casos de menor escala que, en la mayoría de las situaciones, quedan bajo órbita provincial.
Del encuentro participaron también el intendente Pablo Javkin y el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, junto a magistrados y funcionarios judiciales.
El nudo: quién investiga qué
El principal problema radica en los conflictos de competencia. Cuando no está claro si una causa debe tramitarse en la justicia provincial o federal, los expedientes pueden quedar frenados durante largos períodos, a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ese retraso impacta directamente en las investigaciones y puede favorecer a los acusados, especialmente en un contexto de criminalidad compleja.
Para evitarlo, se trabaja en la elaboración de un protocolo entre fiscales provinciales y federales que permita delimitar con mayor claridad los criterios de intervención. Sin embargo, desde la Cámara penal prefieren evitar reglas rígidas y sostienen la necesidad de analizar cada caso de manera particular.
Microtráfico o crimen organizado
La discusión también se complejiza por la naturaleza de los delitos. Muchas investigaciones comienzan como casos de microtráfico —por ejemplo, vinculados a un búnker— pero luego derivan en estructuras más amplias, con múltiples actores y posibles maniobras de lavado de dinero.
En esos casos, la línea entre la competencia provincial y federal se vuelve difusa, lo que refuerza la necesidad de coordinación.
Según datos aportados por los propios camaristas, desde 2024 se analizaron 358 casos vinculados al microtráfico, de los cuales solo siete fueron derivados a la justicia federal. Sin embargo, desde otros sectores sostienen que esas derivaciones correspondían a causas de alta sensibilidad.
Rosario, eje de la estrategia
Para el gobierno provincial, Rosario funciona como un verdadero laboratorio en la lucha contra el narcotráfico. La intención es consolidar un esquema en el que fiscales, jueces y fuerzas de seguridad actúen bajo una misma lógica.
“Antes se pasaban las causas; ahora se las quieren quedar”, señalan desde el entorno oficial, en referencia al cambio de dinámica en el abordaje de estos delitos.
La apuesta es clara: reducir al mínimo las fricciones internas del sistema judicial para fortalecer el plan de seguridad. Según datos oficiales, ese esquema ya muestra resultados en la baja de homicidios y otros delitos, lo que refuerza la decisión de avanzar en la coordinación institucional.
En ese escenario, Pullaro busca algo más que resolver una disputa técnica: pretende consolidar un frente unificado contra el crimen organizado, donde cada actor del sistema judicial juegue en la misma dirección.