La Corte Suprema confirmó la responsabilidad del Estado en la tragedia de Once y cerró la vía civil
- La Corte Suprema dejó firme la condena civil contra el Estado por la tragedia de Once
- Se confirmó la responsabilidad compartida entre el Estado, la empresa concesionaria y otros actores
- El fallo cierra definitivamente la vía civil tras más de diez años de litigio
- La Justicia consideró probadas fallas de control, mantenimiento y supervisión
- El accidente de 2012 dejó 52 muertos y 789 heridos, marcando un hito en el transporte público
- Las condenas penales previas sirvieron de base para establecer responsabilidades en el plano civil
En una resolución que marca el cierre de uno de los capítulos judiciales más extensos vinculados al sistema ferroviario argentino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena civil contra el Estado Nacional por la tragedia ferroviaria de Once. La decisión ratifica la obligación de indemnizar a las víctimas y sus familiares, consolidando un criterio de responsabilidad compartida entre el sector público y el concesionario del servicio.
El fallo fue adoptado mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, lo que implica el rechazo de los recursos sin tratamiento de fondo. Lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes de este modo avalaron las sentencias previas dictadas por la Cámara Nacional en lo Civil.
El Estado había cuestionado su responsabilidad en el caso, pero los tribunales inferiores habían determinado que debía responder de manera concurrente junto a la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires, el maquinista Marcos Córdoba y la aseguradora involucrada. La confirmación de la Corte cierra definitivamente la discusión en el ámbito civil, tras más de una década de litigios.
La base de la condena se sustenta en hechos que ya habían sido probados en el proceso penal. Allí se estableció que el conductor del tren violó normas básicas de operación, mientras que la empresa concesionaria no implementó controles adecuados ni sistemas de seguridad para monitorear la velocidad de las formaciones. A esto se sumó la falta de medidas preventivas pese a alertas previas sobre irregularidades en el servicio.
En ese contexto, la Justicia consideró que la responsabilidad no se limitaba al operador privado. El Estado, en su rol de concedente, debía garantizar la supervisión efectiva del sistema ferroviario. La ausencia de controles y la deficiente fiscalización permitieron, según los fallos, que el servicio se prestara en condiciones precarias, lo que contribuyó al desenlace fatal.
El accidente, ocurrido el 22 de febrero de 2012 en la estación Once de la ciudad de Buenos Aires, dejó un saldo de 52 personas fallecidas y 789 heridas. La magnitud del impacto convirtió al episodio en uno de los siniestros más graves del transporte público en la historia reciente del país, con profundas consecuencias sociales e institucionales.
El recorrido judicial del caso fue extenso y atravesó múltiples instancias. En el plano penal, las investigaciones derivaron en condenas para exfuncionarios, empresarios y responsables operativos. Entre ellos, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, así como el exministro de Planificación Julio De Vido, quien fue condenado por administración fraudulenta vinculada al manejo de subsidios ferroviarios.
Las distintas sentencias penales consolidaron la idea de un sistema atravesado por irregularidades estructurales, donde la falta de inversión, el incumplimiento de obligaciones contractuales y la deficiente supervisión estatal configuraron un escenario propicio para el desastre. Estas conclusiones sirvieron como base para las resoluciones en el fuero civil.
La reciente decisión de la Corte Suprema termina de delinear el marco de responsabilidades legales, tanto en el plano individual como institucional. Para las víctimas y sus familias, representa el cierre de una larga etapa de reclamos judiciales, aunque también reaviva el recuerdo de un hecho que dejó una marca indeleble en la sociedad argentina.
A más de una década del accidente, el caso Once continúa siendo un punto de referencia en el debate sobre la calidad de los servicios públicos, el rol del Estado en su control y la necesidad de garantizar estándares de seguridad adecuados para los usuarios.