La Justicia porteña suspendió el control laboral por geolocalización impulsado por el Gobierno de la Ciudad

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°15 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y suspendió la aplicación obligatoria del sistema denominado “Hoja de Ruta Electrónica” (HRE), implementado por el Gobierno porteño para controlar asistencia laboral mediante geolocalización.

La resolución judicial frenó provisoriamente el uso del mecanismo destinado a empleados que desarrollan tareas en la vía pública o en distintos domicilios durante la jornada laboral.

La causa se inició a partir de una presentación realizada por ATE contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que el gremio denunció que el sistema comenzó a implementarse en abril de 2026 sin negociación colectiva previa y sin precisiones normativas suficientes.

Según sostuvo el sindicato, la herramienta obligaba a los trabajadores a utilizar sus propios teléfonos celulares para registrar múltiples “fichajes” diarios mediante aplicaciones de mensajería y sistemas de geolocalización.

Además, advirtió sobre posibles afectaciones a la privacidad, la protección de datos personales y el riesgo de sanciones disciplinarias o descuentos salariales derivados de fallas técnicas del sistema.

ATE también cuestionó que muchos empleados realizan tareas territoriales, guardias o acompañamientos sociales incompatibles con un esquema rígido de control horario basado en ubicación geográfica permanente.

Por su parte, el Gobierno porteño defendió el nuevo sistema y argumentó que se trataba de una herramienta orientada a modernizar y digitalizar procesos administrativos, en línea con políticas de “despapelización”.

La administración sostuvo además que el sistema no efectuaba seguimiento constante de los agentes, sino que únicamente verificaba la ubicación al momento de registrar asistencia. También indicó que existían mecanismos alternativos para situaciones en las que los trabajadores no contaran con conectividad o con dispositivos operativos.

Sin embargo, el juez Víctor Trionfetti consideró que el Gobierno no logró acreditar debidamente el sustento jurídico del mecanismo implementado.

En particular, el magistrado remarcó que la Ciudad no pudo demostrar cuál era el acto administrativo específico que autorizaba la utilización obligatoria de dispositivos personales de los trabajadores para registrar asistencia laboral.

“La vía de hecho lesiona el principio de legalidad e inhibe la posibilidad de control de los actos de gobierno”, sostuvo el magistrado en uno de los tramos centrales de la resolución.

El fallo además destacó que el derecho administrativo exige que las decisiones estatales estén respaldadas por actos formales sometidos a control y revisión, especialmente cuando pueden afectar derechos individuales.

“Una de las razones de la existencia del derecho administrativo en la actualidad es someter a escrutinio el ejercicio de la voluntad de la administración”, expresó Trionfetti, quien advirtió que actuar al margen de esos mecanismos implica “regresión y arbitrariedad”.

La cautelar suspende provisoriamente la aplicación obligatoria del sistema hasta que se analice en profundidad la cuestión de fondo planteada en la demanda.