Ferraro redobló sus cuestionamientos contra Adorni y pidió explicaciones sobre movimientos con activos digitales

• Maximiliano Ferraro volvió a cuestionar públicamente el patrimonio de Manuel Adorni
• El diputado pidió explicaciones sobre billeteras virtuales presuntamente no declaradas
• La oposición reclama conocer el origen de fondos vinculados a activos digitales
• Adorni aún debe presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción
• El fiscal Gerardo Pollicita analiza movimientos financieros y gastos bajo investigación
• El oficialismo sostiene que el funcionario cumplirá con todas las obligaciones legales

El diputado nacional Maximiliano Ferraro volvió a apuntar públicamente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y profundizó sus cuestionamientos sobre la situación patrimonial del funcionario, en el marco de la investigación judicial que analiza presuntas inconsistencias entre los ingresos declarados y distintos movimientos financieros que actualmente se encuentran bajo revisión.

A través de una serie de publicaciones en redes sociales, el legislador de la Coalición Cívica reclamó mayores precisiones sobre la composición patrimonial del funcionario del gobierno de Javier Milei y puso el foco en la existencia de billeteras virtuales que, según sostuvo, habrían sido informadas recientemente ante la Justicia pese a no figurar en documentación previa vinculada a su patrimonio.

“¿Cuál habría sido el origen de los fondos de esas billeteras?”, planteó Ferraro en uno de sus mensajes, donde además insistió en la necesidad de determinar si esos activos digitales fueron incorporados oportunamente en las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes.

Las críticas del diputado opositor se producen en momentos en que Adorni continúa definiendo la fecha de presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, trámite que acumula varias semanas de demora y que ya había generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

Si bien el Poder Ejecutivo dispuso una prórroga administrativa que extiende el plazo legal hasta el próximo 31 de julio, trascendió que el funcionario prevé completar la entrega de la documentación antes del inicio de la feria judicial de invierno. De todos modos, la demora alimentó las críticas opositoras y profundizó el debate en torno a la transparencia patrimonial de los integrantes del Gabinete nacional.

Ferraro también cuestionó la relación entre los ingresos formalmente declarados por Adorni y las inversiones realizadas en activos digitales. “¿Existe correspondencia entre los ingresos formalmente declarados y las inversiones realizadas?”, preguntó el diputado, quien enumeró distintos interrogantes vinculados a la evolución patrimonial del funcionario y a las operaciones financieras actualmente bajo análisis judicial.

En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita continúa evaluando información relacionada con el patrimonio del jefe de Gabinete dentro de una causa que investiga posibles irregularidades patrimoniales, gastos presuntamente incompatibles con los ingresos declarados y otros movimientos financieros que forman parte del expediente.

La investigación se encuentra todavía en una etapa preliminar y apunta principalmente a reconstruir la trazabilidad de determinadas operaciones financieras vinculadas al entorno patrimonial del funcionario. En ese marco, Ferraro reclamó que se identifique a las contrapartes de las operaciones realizadas mediante activos digitales y que se determine quiénes habrían sido los beneficiarios finales de esos movimientos.

El legislador también planteó la necesidad de establecer si existió algún tipo de vínculo directo o indirecto entre esas operaciones y otras causas judiciales que actualmente se encuentran en trámite. Aunque evitó realizar acusaciones directas, insistió en la importancia de esclarecer el origen de los fondos y la evolución patrimonial del funcionario nacional.

Desde el oficialismo, hasta el momento, evitaron profundizar públicamente sobre el tema y se limitaron a señalar que Adorni cumplirá con todas las obligaciones legales previstas por la normativa vigente. En el entorno del funcionario sostienen que la documentación patrimonial será presentada dentro de los plazos establecidos y remarcan que no existe ninguna imputación formal en su contra.

Sin embargo, el tema comenzó a generar creciente tensión política debido a que la discusión se instaló en medio del discurso oficial de austeridad, transparencia y control del gasto público impulsado por el gobierno de Javier Milei desde el inicio de la gestión.

Mientras tanto, la causa judicial avanza con pedidos de información y cruces de datos patrimoniales que buscan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y los movimientos financieros observados durante los últimos años.