El Senado expuso la fractura silenciosa del oficialismo

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La escena fue tan argentina como reveladora. Un oficialismo que había llegado al Senado con la intención de exhibir capacidad de gestión terminó exponiendo, en pocas horas, la profundidad de sus descoordinaciones internas. Lo que debía convertirse en una jornada destinada a consolidar dos objetivos políticos importantes para Javier Milei —la aprobación masiva de pliegos judiciales y el avance de un proyecto considerado central para la defensa de la propiedad privada— acabó derivando en una negociación improvisada, repleta de tensiones, operaciones cruzadas y concesiones de último momento.

No fue una derrota parlamentaria tradicional. Fue algo quizá más preocupante para la Casa Rosada: la evidencia de que el oficialismo todavía no logra resolver sus disputas de poder internas y que esas fracturas ya empiezan a impactar sobre la gobernabilidad legislativa.

El episodio dejó una conclusión incómoda. La Libertad Avanza parece tener más dificultades para ordenar sus propias terminales políticas que para enfrentar a la oposición.

Hasta horas antes de la sesión existía un entendimiento razonable entre el oficialismo y distintos bloques opositores para avanzar con una primera tanda de pliegos judiciales y tratar, además, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger sobre propiedad privada, desalojos, expropiaciones y regulación de tierras. Era una iniciativa relevante para el Gobierno porque representaba uno de los núcleos ideológicos del mileísmo: la reafirmación del derecho de propiedad como principio ordenador del sistema económico.

Sin embargo, algo ocurrió en el trayecto entre la reunión de Labor Parlamentaria y el inicio efectivo de la sesión. Y ese “algo” no tuvo origen en el kirchnerismo ni en la oposición dialoguista. Surgió dentro del propio oficialismo.

La disputa comenzó alrededor de los pliegos judiciales. En apariencia, la discusión giraba sobre una cuestión técnica: definir cuáles de los 73 candidatos enviados por el Ejecutivo integrarían la primera tanda de aprobaciones. Pero la política argentina rara vez discute cuestiones técnicas. Detrás de la discusión aparecieron, otra vez, las distintas tribus que conviven dentro del universo libertario.

Por un lado, el sector alineado con Karina Milei y los operadores que orbitan alrededor de la Secretaría General de la Presidencia. Por otro, el entramado político e institucional que responde a Santiago Caputo. Y en el medio, Patricia Bullrich, intentando administrar el bloque oficialista mientras lidia con un Gobierno que muchas veces parece comunicar órdenes contradictorias incluso entre sí.

La controversia alrededor del pliego de María Verónica Michelli terminó funcionando como detonante. La decisión presidencial de intentar bloquear su designación por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon introdujo un elemento peligroso: la percepción de que el Gobierno pretendía establecer criterios políticos o personales para habilitar o vetar nombramientos judiciales.

Ese movimiento ya había generado ruido institucional. Pero el problema se agravó cuando el oficialismo intentó modificar sobre la marcha los acuerdos parlamentarios previamente alcanzados.

La secuencia fue caótica. Primero se habló de aprobar 50 pliegos. Luego 53. Más tarde 73. Finalmente, el único nombre excluido era precisamente el que el Gobierno quería retirar. Esa oscilación no fue una anécdota procedimental. Fue la fotografía exacta de un poder que todavía no logra establecer una cadena clara de mando político.

En el Senado, donde la fragilidad suele olerse con rapidez, la oposición interpretó inmediatamente la situación. Y actuó en consecuencia.

Cuando un oficialismo transmite desesperación, el Congreso se convierte en un mercado de condiciones. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El kirchnerismo y otros sectores opositores entendieron que el Gobierno necesitaba aprobar los pliegos judiciales a cualquier costo. Entonces elevaron el precio de la negociación.

La consecuencia fue paradójica: La Libertad Avanza terminó sacrificando el proyecto sobre propiedad privada —uno de los pocos temas donde el mileísmo conserva coherencia doctrinaria— para resolver una interna vinculada al manejo de la política judicial.

Resulta difícil no advertir cierta ironía en semejante desenlace. Un Gobierno que construyó buena parte de su identidad pública alrededor de la batalla cultural contra las regulaciones estatales terminó postergando una reforma emblemática por una pelea doméstica de poder.

La pregunta inevitable es quién ganó realmente dentro del oficialismo.

El karinismo sospecha que sectores cercanos a Santiago Caputo intentaron bloquear determinados pliegos vinculados a figuras con conexiones políticas propias. Del otro lado responden acusando a la estructura política de Karina Milei de manejar la cuestión judicial con criterios improvisados y excesivamente personalistas.

Mientras tanto, Patricia Bullrich aparece atrapada en una situación incómoda. Formalmente conduce el bloque oficialista, pero en los hechos muchas decisiones relevantes parecen tomarse fuera de su órbita. La tensión quedó expuesta no solo en el caso Michelli, sino también en la manera errática en que evolucionó la sesión.

Todo esto ocurre mientras Milei intenta proyectar hacia afuera una imagen de autoridad vertical y cohesión interna. El problema es que la política real suele filtrarse detrás de los discursos.

Y lo que se vio en el Senado fue un oficialismo que todavía funciona más como una coalición de grupos con intereses propios que como una estructura articulada de poder.

Paradójicamente, la jornada dejó también una noticia positiva: después de años de parálisis, el sistema judicial podrá comenzar a cubrir vacantes importantes. Ese dato no es menor en un país donde la lentitud en las designaciones terminó degradando buena parte del funcionamiento de los tribunales.

Pero incluso esa buena noticia quedó contaminada por el clima de improvisación y disputa interna.

La decisión de Milei de no firmar finalmente el nombramiento de Michelli amenaza, además, con abrir un nuevo conflicto institucional. Porque el Senado ya otorgó el acuerdo correspondiente. Si el Presidente insiste en bloquear la designación, el mensaje político será delicado: el Gobierno parecerá dispuesto a objetar jueces no por sus antecedentes profesionales sino por vínculos personales o familiares.

Eso sería un precedente peligroso para cualquier administración.

La política argentina tiene una larga tradición de internas oficialistas que terminan erosionando gobiernos desde adentro. Radicales, peronistas, aliancistas y macristas atravesaron experiencias similares. La novedad es que el mileísmo comenzó a padecer ese fenómeno mucho antes de consolidar una estructura política estable.

La historia no se repite exactamente. Pero suele encontrar maneras inquietantes de parecerse. Y el Senado dejó una advertencia que quizá el Gobierno todavía no termina de dimensionar: los conflictos más difíciles no siempre vienen desde la oposición. A veces nacen en los pasillos propios.