El Gobierno adjudicó la Hidrovía y avanzó con la privatización de la principal vía del comercio exterior argentino

• El Gobierno adjudicó la concesión de la Hidrovía al consorcio Jan De Nul–Servimagnus
• La empresa tendrá a su cargo la vía navegable durante un período de 25 años
• La administración de Javier Milei presentó la medida como el cierre de la etapa estatal de gestión
• El contrato contempla obras de modernización, dragado, señalización y profundización del canal
• Según el Gobierno, la nueva concesión permitirá reducir en 13,5% los costos logísticos
• La adjudicación se definió por la superior puntuación técnica obtenida por Jan De Nul frente a Deme

El gobierno de Javier Milei dio un paso decisivo en uno de los procesos de infraestructura más relevantes de los últimos años al concretar la adjudicación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la principal ruta logística de la Argentina por donde circula cerca del 80% del comercio exterior. La empresa Jan De Nul–Servimagnus fue seleccionada como ganadora de la licitación y tendrá a su cargo la modernización, ampliación, dragado y señalización de la vía navegable durante los próximos 25 años.

La decisión fue formalizada mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dependiente del Ministerio de Economía, luego de completarse todas las instancias de evaluación previstas en el proceso licitatorio. Desde el Gobierno destacaron que la adjudicación marca el cierre de una etapa de gestión estatal y el inicio de un esquema basado en inversión privada, bajo supervisión pública.

La administración libertaria presentó la medida como un hito para el desarrollo logístico y exportador del país. Según los cálculos oficiales, el nuevo contrato permitirá una reducción del 13,5% en los costos logísticos vinculados al transporte de mercaderías, un aspecto considerado clave para mejorar la competitividad de los sectores productivos y ampliar la capacidad exportadora de la economía argentina.

La concesión contempla además un ambicioso programa de obras destinado a profundizar el canal navegable e incorporar nuevas tecnologías para fortalecer la seguridad operativa. Entre los objetivos planteados figuran la optimización de la navegación, una mayor eficiencia en el tránsito de embarcaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de control para combatir actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.

Uno de los aspectos destacados por el Ejecutivo fue la ausencia de impugnaciones durante la etapa final del concurso. Las empresas participantes no presentaron objeciones a los dictámenes emitidos por la comisión evaluadora, situación que fue interpretada por el Gobierno como una validación de la transparencia y la solidez técnica del procedimiento desarrollado.

El proceso contó además con el respaldo de importantes actores del sector productivo y exportador. Entidades empresarias vinculadas a la industria aceitera, el comercio exterior, la actividad portuaria y la producción industrial acompañaron el esquema impulsado por la administración nacional. También expresaron su apoyo los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, jurisdicciones directamente vinculadas al funcionamiento de la vía navegable.

La licitación estuvo sometida a auditorías y mecanismos de control que incluyeron la participación de organismos internacionales especializados. El sistema de evaluación fue diseñado tomando como referencia estándares internacionales para proyectos de infraestructura estratégica, con el propósito de garantizar transparencia y criterios técnicos homogéneos durante todas las etapas del concurso.

La diferencia que terminó definiendo la adjudicación surgió principalmente en la evaluación técnica. Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos frente a los 42,14 alcanzados por la firma Deme. En la instancia económica ambas compañías presentaron propuestas idénticas, ajustadas al valor mínimo previsto en el pliego, por lo que el desempate quedó determinado por la calidad técnica de las ofertas.

La empresa adjudicataria asumirá íntegramente los riesgos comerciales de la explotación de la Hidrovía, sin respaldo financiero estatal. El contrato prevé un esquema de control permanente sobre las inversiones comprometidas y sobre la calidad de los servicios prestados, al tiempo que establece una rentabilidad mínima vinculada a los peajes que abonarán las embarcaciones.

Con la firma definitiva del contrato, prevista para las próximas semanas, comenzará una nueva etapa para la principal arteria comercial del país. El Gobierno apuesta a que la modernización de la Hidrovía contribuya a incrementar la capacidad exportadora argentina y consolide un modelo de gestión basado en la inversión privada para una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico nacional.