El TC ya se corrió: ahora es momento de hablar de quién pagó la fiesta

Pasó el Turismo Carretera. Pasaron los motores, la emoción, las tribunas colmadas, las fotos para las redes sociales, los discursos de ocasión y las declaraciones grandilocuentes. Rafaela volvió a demostrar que es capaz de organizar uno de los eventos deportivos más importantes de la Argentina y que el automovilismo sigue siendo parte de su identidad más profunda.

Porque el TC no pertenece a un gobierno, a un dirigente o a una institución en particular. El TC es patrimonio de Rafaela. Es parte de su historia, de su cultura y de su ADN.

Hasta ahí, todos de acuerdo.

Pero cuando baja la bandera a cuadros y se termina la euforia, aparecen las preguntas incómodas. Y alguien las tiene que hacer.

Ojalá la próxima carrera pueda realizarse sin que el Estado tenga que poner un solo peso.

No porque el TC no lo merezca. Todo lo contrario. El TC tiene historia, prestigio y una capacidad de convocatoria extraordinaria. Lo que no tiene sentido es que una actividad organizada por privados necesite del aporte de recursos públicos para funcionar.

Porque cuando el Estado pone dinero en un espectáculo privado, algo no se hizo bien.

Es una verdad sencilla que muchos intentan disimular detrás de discursos románticos sobre el impacto económico, el movimiento turístico o la promoción de la ciudad. Todo eso puede ser cierto. Pero también es cierto que si una actividad privada no puede sostenerse con recursos privados, existe un problema de gestión, de organización o de financiamiento.

Y hay otro aspecto que suele omitirse.

Cuando el Estado pone dinero, nadie lo hace gratis.

Siempre aparece alguna contraprestación política. Siempre hay una foto, un discurso, una inauguración, un agradecimiento público o una construcción de imagen. Porque el dinero estatal no tiene dueño, pero sí tiene administradores temporales que muchas veces utilizan esos recursos para potenciar su propio capital político.

La realidad es bastante más simple de lo que algunos pretenden mostrar.

Cualquier empresario que organiza un recital, una exposición, una competencia deportiva o un evento cultural debe asumir riesgos, buscar patrocinadores y financiar su proyecto. Si gana dinero, se queda con las ganancias. Si pierde, absorbe las pérdidas.

Nadie sale a rescatarlo.

Y así debe ser.

Las ganancias son privadas, pero las pérdidas no pueden ser públicas.

Ese es el principio básico de cualquier economía sana y de cualquier administración responsable.

Más aún cuando miles de ciudadanos enfrentan problemas reales y cotidianos sin que nadie salga a auxiliarlos.

El vecino que no puede pagar la factura de la luz no puede ir al Autódromo y pedir ayuda. El comerciante que necesita crédito para sostener su emprendimiento no recibe subsidios especiales. El joven que sueña con tener una vivienda propia debe arreglarse como puede.

Nadie le cubre el déficit. Nadie le financia los errores. Nadie le garantiza el éxito.

Entonces surge una pregunta legítima.

¿Cuántas viviendas podrían haberse construido con los recursos públicos que se destinaron a reparar una pista privada para un negocio privado? Y tampoco quiero que se regalen viviendas, que se hagan y se adjudiquen de una manera lógica y sin perdidas. Quien las recibe las tiene que pagar, con un programa de crédito si, pero pagarlas sin que sea un subsidio o un regalo.

Es una pregunta incómoda, pero necesaria.

Porque detrás de cada peso que el Estado destina a una actividad determinada existe un peso que deja de estar disponible para otras prioridades. Y cuando los recursos son escasos, las prioridades importan.

El Estado tiene obligaciones mucho más importantes que financiar espectáculos. Debe garantizar salud, educación, seguridad y justicia. Debe ocuparse de que funcionen los servicios esenciales y de generar condiciones para que los privados puedan desarrollarse.

Todo lo demás debería quedar en manos de quienes deciden emprender, invertir y asumir riesgos.

Porque si una actividad privada necesita permanentemente de recursos públicos para existir, entonces probablemente el problema no sea la falta de dinero estatal, sino la forma en que esa actividad está siendo administrada.

Hay que terminar de una vez por todas con el Estado auxiliador de negocios privados.

Y que nadie venga con el argumento automático del impacto económico.

Que no me hablen del impacto económico, del derrame o de la ocupación hotelera como si eso justificara cualquier desembolso de dinero público.

Si el evento genera semejante movimiento económico, entonces debería ser perfectamente capaz de sostenerse con recursos privados. Precisamente porque es rentable.

Defender al TC no implica defender subsidios.

Se puede admirar la historia del automovilismo rafaelino y al mismo tiempo preguntarse por qué los contribuyentes deben financiar parte de una actividad que debería sostenerse por sí misma.

Ahora que los motores se apagaron y que los dirigentes volvieron a sus oficinas, es un buen momento para discutirlo sin fanatismos ni demagogia.

El TC seguirá siendo un orgullo para Rafaela. Lo que no debería seguir siendo una costumbre es que el Estado tenga que pagar la cuenta.