Sin acuerdos no hay poder

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay una diferencia sustancial entre construir una fuerza política desde la oposición y administrar el poder desde la Casa Rosada. La primera tarea permite sostener posiciones inflexibles, exhibir principios inalterables y rechazar cualquier concesión en nombre de una identidad política. La segunda obliga a convivir con una realidad mucho más incómoda: la de negociar, ceder espacios, administrar intereses y aceptar que, en política, casi nunca existen las victorias absolutas.

Ese parece ser el aprendizaje tardío que atraviesa al Gobierno cuando intenta impulsar una reforma electoral que considera indispensable para el escenario de 2027. La discusión pública gira alrededor de la continuidad o eliminación de las PASO, de la implementación de la Boleta Única de Papel y de eventuales mecanismos como las colectoras. Sin embargo, detrás de ese debate técnico se esconde otro mucho más profundo: la estrategia política con la que el oficialismo decidió relacionarse con las provincias desde el inicio de la gestión.

Durante meses, La Libertad Avanza construyó un discurso basado en la autosuficiencia política. La premisa era sencilla: fortalecer la marca partidaria antes que compartir protagonismo con dirigentes territoriales cuya lealtad siempre sería relativa. Esa lógica pudo resultar atractiva para una fuerza emergente que buscaba consolidar identidad propia. Pero comenzó a mostrar limitaciones cuando la administración nacional necesitó convertir proyectos en leyes y mayorías circunstanciales en consensos estables.

La reforma electoral es, probablemente, el ejemplo más evidente de ese cambio de escenario. El Gobierno sostiene que la Boleta Única de Papel constituye un avance institucional importante. Difícilmente alguien discuta las ventajas de un sistema que reduce costos de impresión, disminuye las posibilidades de fraude y simplifica la oferta electoral para el ciudadano. Sin embargo, también empieza a admitir que ese instrumento presenta dificultades prácticas si se mantiene el actual esquema de elecciones primarias obligatorias.

La conclusión oficial es clara: la convivencia entre ambos sistemas aparece como una combinación de muy difícil aplicación. La multiplicidad de listas, categorías y alianzas que suelen caracterizar unas PASO nacionales transformaría la organización electoral en un desafío logístico de enorme complejidad. El argumento puede ser atendible. Lo verdaderamente significativo es que la discusión técnica termina desembocando, inevitablemente, en una negociación política.

Y allí aparecen nuevamente los gobernadores.

Durante buena parte de la gestión, muchos mandatarios provinciales fueron tratados como socios circunstanciales, útiles para aprobar determinadas leyes, pero prescindibles en la construcción electoral del oficialismo. Esa visión respondió, en gran medida, a la decisión de privilegiar el crecimiento de La Libertad Avanza como estructura nacional antes que sellar acuerdos que implicaran compartir protagonismo.

El tiempo parece haber moderado esa convicción.

Hoy, dentro del propio oficialismo, comienzan a escucharse voces que reconocen que algunas decisiones adoptadas durante los procesos electorales anteriores terminaron debilitando más al Gobierno que a sus adversarios. Competir en distritos donde las posibilidades de éxito eran mínimas, romper entendimientos legislativos por diferencias electorales menores o priorizar la expansión partidaria sobre la construcción de gobernabilidad aparecen ahora como estrategias que merecen una revisión.

No deja de ser llamativo que ese diagnóstico provenga de dirigentes que hace apenas algunos meses defendían exactamente el camino contrario. La política suele ofrecer esas paradojas: las convicciones más rígidas terminan flexibilizándose cuando la aritmética parlamentaria impone sus propias reglas.

La alternativa que hoy analiza la Casa Rosada —permitir esquemas que habiliten a gobernadores a presentar listas legislativas propias acompañando la candidatura presidencial oficialista— constituye, precisamente, un reconocimiento implícito de esa realidad. Más que una innovación conceptual, representa un intento por reconstruir puentes que nunca debieron romperse.

Naturalmente, la propuesta genera resistencias. Existen sectores del oficialismo convencidos de que cualquier concesión territorial puede terminar diluyendo la identidad que permitió el crecimiento electoral libertario. No es un temor infundado. Las alianzas excesivamente amplias muchas veces terminan confundiendo al electorado y debilitando los perfiles políticos.

Pero también existe el riesgo contrario: creer que una fuerza política puede consolidarse nacionalmente ignorando la gravitación de las provincias y de sus liderazgos locales.

La Argentina continúa siendo un país profundamente federal, más allá de las reiteradas tentaciones centralistas de todos los gobiernos. Ninguna administración logra construir estabilidad política prolongada enfrentándose simultáneamente con la mayoría de los gobernadores. Tarde o temprano, esa estrategia encuentra límites en el Congreso, en las negociaciones presupuestarias y, finalmente, en las urnas.

Por eso, el verdadero debate ya no parece ser exclusivamente electoral. Lo que está en discusión es el modelo de construcción política que acompañará el último año y medio del mandato presidencial y, eventualmente, una futura búsqueda de reelección.

La experiencia reciente demuestra que gobernar con minorías legislativas exige una permanente administración de acuerdos. Ninguna reforma estructural puede prosperar únicamente con voluntad política. Hace falta también capacidad para persuadir, negociar y, sobre todo, aceptar que el adversario ocasional de hoy puede transformarse mañana en un aliado imprescindible.

Quizás esa sea la principal enseñanza que empieza a abrirse paso dentro del oficialismo. Gobernar no consiste solamente en sostener principios. También implica administrar realidades.

Las PASO, la Boleta Única de Papel y las colectoras aparecen como piezas visibles de una discusión mucho más amplia. Lo determinante no será cuál de esos instrumentos termine imponiéndose, sino si el Gobierno consigue construir los consensos necesarios para convertir esa reforma en una política perdurable.

Porque las reglas electorales pueden modificarse mediante una ley. Lo que resulta mucho más difícil es modificar la lógica con la que se ejerce el poder.

Si la Casa Rosada finalmente acepta que la construcción política requiere menos épica y más acuerdos, habrá comprendido una de las lecciones más antiguas de la democracia argentina. Si, por el contrario, continúa creyendo que la fortaleza consiste únicamente en imponer condiciones, volverá a descubrir que las mayorías parlamentarias no se construyen con discursos, sino con negociación.