Hay batallas que se pierden antes de llegar al recinto

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

En política, las derrotas más profundas no siempre se producen cuando se pierde una votación. Hay ocasiones en las que el daño comienza mucho antes, cuando una administración deja de controlar el sentido de aquello que pretende explicar. Eso fue lo que ocurrió con el capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que proponía modificar el régimen sobre la venta de tierras a extranjeros. El oficialismo consiguió conservar la media sanción de la ley, pero debió resignar uno de los puntos que consideraba centrales. El costo político de esa concesión fue mucho mayor que el legislativo, porque expuso una debilidad que hasta ahora La Libertad Avanza había logrado disimular: la pérdida del monopolio del relato en un terreno donde se consideraba prácticamente invencible.

El Gobierno llegó a esa discusión convencido de que bastaría con insistir en un principio elemental: la defensa de la propiedad privada. Sin embargo, la conversación pública terminó desplazándose hacia otro eje mucho más sensible para la sociedad argentina: la soberanía sobre el territorio nacional. Desde ese momento, la discusión dejó de ser jurídica para transformarse en emocional. Y cuando la política entra en ese terreno, las explicaciones técnicas suelen llegar demasiado tarde.

La administración de Javier Milei quedó atrapada en una paradoja de difícil resolución. Durante los últimos meses construyó buena parte de su identidad alrededor de un discurso de fuerte contenido nacional, reivindicando símbolos patrios, endureciendo posiciones frente a cuestionamientos externos y apelando a una narrativa que combinó liberalismo económico con un marcado sentimiento de pertenencia nacional. En ese contexto, impulsar una reforma que, aun con matices y limitaciones, pudiera ser interpretada como una flexibilización para el acceso de extranjeros a la tierra argentina terminó generando una contradicción política que sus propios estrategas no supieron administrar.

La oposición comprendió rápidamente esa vulnerabilidad. En lugar de debatir el contenido técnico del proyecto, logró instalar una idea mucho más poderosa desde el punto de vista comunicacional: que el país estaba discutiendo la posibilidad de vender parte de su patrimonio territorial. Poco importó que esa caracterización fuera considerada exagerada o directamente incorrecta por el oficialismo. Una vez que esa interpretación comenzó a instalarse en la opinión pública, cada explicación posterior pareció una reacción defensiva más que una iniciativa política.

El problema para la Casa Rosada fue que esa narrativa no quedó restringida a los partidos opositores ni a las organizaciones sindicales o sociales. Empezó a expandirse hacia sectores completamente ajenos a la discusión parlamentaria. Figuras del espectáculo, artistas, deportistas y referentes con enorme capacidad de influencia en las redes sociales comenzaron a expresar su rechazo mediante mensajes sencillos, de fuerte carga simbólica y enorme alcance. Frente a ese fenómeno, el Gobierno descubrió que la batalla cultural que tantas veces reivindicó podía librarse también desde ámbitos donde la política tradicional tiene escasa capacidad de respuesta.

No se trató únicamente de la participación de celebridades. Lo verdaderamente significativo fue comprobar que una consigna breve, emocional y fácilmente identificable terminó desplazando semanas de argumentaciones oficiales. La discusión quedó resumida en una frase que cualquier ciudadano podía comprender sin necesidad de leer un solo artículo del proyecto. Ese fenómeno dejó al descubierto una falencia central del oficialismo: la dificultad para traducir reformas complejas en mensajes políticamente eficaces.

Las redes sociales, terreno donde La Libertad Avanza construyó buena parte de su crecimiento político, terminaron convirtiéndose en un espacio adverso. La velocidad con que se multiplicaron los cuestionamientos mostró que dominar un ecosistema digital no garantiza controlar el sentido de una conversación pública. Las plataformas amplifican tanto los aciertos como los errores. Y cuando un gobierno pierde la iniciativa narrativa, los algoritmos suelen acelerar el deterioro en lugar de corregirlo.

Esa derrota comunicacional tuvo consecuencias inmediatas dentro de la propia estructura oficialista. Apenas comenzaron a desvanecerse las posibilidades de sostener el capítulo cuestionado, aparecieron los inevitables pases de factura. Como suele ocurrir en cualquier administración cuando un proyecto pierde fuerza, la búsqueda de responsabilidades reemplazó rápidamente a la búsqueda de soluciones.

Las críticas internas revelaron diferencias que hasta ahora permanecían relativamente contenidas. Algunos responsabilizaron a quienes conducían las negociaciones parlamentarias por no advertir a tiempo la resistencia de varios gobernadores. Otros señalaron errores en el conteo político de los votos disponibles. Tampoco faltaron quienes apuntaron contra los funcionarios encargados del diseño técnico de las reformas, acusándolos de priorizar la coherencia ideológica por encima de la viabilidad parlamentaria.

En realidad, todas esas explicaciones parecen contener una parte de verdad. El episodio expuso una desconexión entre distintas áreas del Gobierno que deberían funcionar de manera coordinada. Una cosa es redactar una reforma; otra, construir los consensos necesarios para aprobarla; otra muy distinta, comunicarla de forma eficaz ante una sociedad que no necesariamente comparte los códigos técnicos de quienes la elaboran.

El resultado fue una cadena de errores acumulativos. Se diseñó una propuesta ambiciosa, se subestimó la capacidad de reacción de la oposición, se sobreestimó el propio poder comunicacional y se llegó al Senado con una estrategia política que terminó dependiendo de concesiones de último momento. Cuando eso ocurre, la sensación de improvisación resulta inevitable, aun cuando el proyecto logre sobrevivir parcialmente.

Paradójicamente, el oficialismo evitó un costo institucional mayor al aceptar retirar el capítulo más cuestionado. Insistir hasta el final probablemente habría puesto en riesgo acuerdos parlamentarios mucho más relevantes para el futuro inmediato. Desde esa perspectiva, la decisión puede interpretarse como un ejercicio de pragmatismo político. Sin embargo, el hecho de haber tenido que retroceder también dejó una enseñanza incómoda para el Gobierno: las mayorías legislativas no se construyen únicamente con convicciones ni con disciplina partidaria, sino también con sensibilidad política y capacidad para interpretar el clima social.

La discusión sobre la venta de tierras terminó convirtiéndose, así, en algo mucho más trascendente que un simple capítulo legislativo. Funcionó como una prueba de estrés para el oficialismo y dejó al descubierto que la fortaleza electoral obtenida en los últimos años no alcanza, por sí sola, para garantizar la eficacia política. Gobernar implica convencer, negociar y comunicar con la misma precisión. Cuando alguna de esas piezas falla, incluso una victoria parlamentaria puede adquirir el sabor amargo de una derrota política.