Pactar para ganar o imponer para gobernar

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política argentina tiene una costumbre que suele reaparecer cuando se acercan las elecciones: todos hablan de acuerdos, pero casi nadie está dispuesto a pagar el precio de conceder algo. Javier Milei y La Libertad Avanza no parecen ser la excepción. Después de haber construido buena parte de su identidad sobre la confrontación con la dirigencia tradicional, el oficialismo comienza a descubrir que una cosa es ganar una elección y otra, bastante más complicada, es construir una mayoría política que permita gobernar durante cuatro años. La paradoja es evidente: el Gobierno necesita a los gobernadores que durante buena parte de su gestión presentó como integrantes de la vieja política, precisamente cuando empieza a pensar en la reelección del Presidente.

La Casa Rosada dice ahora estar dispuesta a conversar. Es una novedad saludable, aunque todavía no está claro cuánto hay de convicción y cuánto de necesidad. La Libertad Avanza pretende llegar a 2027 con una estructura política considerablemente más grande que la que tenía cuando Milei llegó al poder. Para conseguirlo necesita votos, candidatos competitivos, acuerdos territoriales y, sobre todo, aliados capaces de traducir el fenómeno libertario en provincias donde el Presidente no cuenta con una maquinaria propia. Pero esos gobernadores también tienen intereses. Y no necesariamente coinciden con los del Gobierno.

Ese es el problema que empieza a aparecer detrás de la futura arquitectura electoral. El oficialismo pretende esperar a que cada provincia defina su calendario antes de cerrar acuerdos. La explicación formal es razonable: cada distrito tiene su propio sistema electoral, sus propios actores y sus propios tiempos. La explicación política es bastante más cruda. Nadie quiere comprometerse demasiado pronto con un socio cuya fortaleza electoral todavía debe ser medida y cuyo liderazgo nacional depende, en buena parte, de lo que ocurra durante los próximos meses.

La elección de Osvaldo Jaldo de separar los comicios tucumanos de los nacionales y fijarlos para mayo de 2027 es, en ese sentido, más que una decisión administrativa. Es una señal. Los gobernadores quieren conservar el mayor margen de autonomía posible frente a la elección presidencial y, cuando pueden hacerlo, evitar que la suerte de sus administraciones quede atada a una disputa nacional dominada por Milei. La Casa Rosada puede aceptar el desdoblamiento, como ahora parece dispuesta a hacerlo, pero no por generosidad: porque entiende que enfrentarlo podría cerrar puertas que necesita mantener abiertas.

La política electoral del oficialismo está entrando así en una etapa menos ideológica y más pragmática. La Libertad Avanza ya no puede darse el lujo de pretender una fórmula uniforme para todo el país. Una cosa es Mendoza, otra es Chaco, otra Entre Ríos y otra muy distinta Santa Fe o Jujuy. En algunos lugares habrá listas comunes; en otros, competencia. En determinados distritos el PRO podrá ser un aliado natural y en otros su presencia puede convertirse en una fuente adicional de conflictos. El modelo nacional de “libertarios contra todos” no funciona automáticamente cuando se baja del discurso presidencial al territorio.

Y allí aparece una de las principales dificultades para Karina Milei, encargada de convertir a La Libertad Avanza en una organización política de alcance nacional. Construir un partido no consiste solamente en colocar dirigentes identificados con el Gobierno en las listas. Implica negociar con intendentes, gobernadores, legisladores, empresarios locales, estructuras partidarias y dirigentes que poseen votos propios. La política territorial tiene una lógica menos vertical que la de las redes sociales y bastante más resistente a las órdenes de Buenos Aires.

El episodio del Senado debería haber servido como advertencia. El Gobierno creyó tener asegurado el acompañamiento de un conjunto amplio de provincias aliadas y, sin embargo, cuando determinadas iniciativas comenzaron a generar costos políticos concretos en los territorios, algunos gobernadores tomaron distancia de manera inmediata. Tucumán, Neuquén y Salta ofrecieron señales que deberían ser leídas con cuidado. No se trató necesariamente de una ruptura con Milei. Fue algo más importante: una demostración de que los gobernadores no están dispuestos a entregar a la Casa Rosada el control absoluto de sus decisiones.

El traspié parlamentario mostró una realidad que el Gobierno conocía pero que quizá había decidido subestimar: los acuerdos legislativos no son contratos de adhesión. Un gobernador puede acompañar al Presidente en una reforma económica y, al mismo tiempo, rechazar una iniciativa que considere perjudicial para su provincia. Puede necesitar recursos nacionales y, simultáneamente, diferenciarse de Milei ante su electorado. Puede apoyar una política de desregulación y cuestionar una disposición sobre tierras. La política argentina está llena de esas contradicciones porque los intereses territoriales no desaparecen cuando cambia el signo ideológico del gobierno nacional.

La cuestión de la extranjerización de la tierra fue particularmente reveladora. La reacción que generó el capítulo correspondiente obligó al oficialismo a revisar su estrategia. El episodio dejó en evidencia que incluso una administración que consiguió imponer buena parte de su agenda económica puede encontrar límites cuando una medida afecta sensibilidades territoriales profundas. En política, esos límites importan más que las declaraciones de buena voluntad.

Por eso, la futura negociación con los gobernadores tendrá necesariamente dos dimensiones. Una será legislativa y estará vinculada con las reformas que el Gobierno necesita aprobar durante el segundo semestre. La otra será electoral y tendrá como objetivo construir el camino hacia 2027. Pretender separar completamente ambas cuestiones sería ingenuo. Cada voto en el Congreso tendrá una negociación detrás y cada negociación tendrá, inevitablemente, una consecuencia electoral.

La Casa Rosada deberá decidir entonces qué está dispuesta a conceder. Porque negociar no consiste en convocar a los demás para que acepten lo que uno ya decidió. Negociar significa aceptar que el otro también tiene capacidad de veto, intereses y objetivos propios. Esta parece ser una de las principales lecciones que el oficialismo está empezando a aprender después de sus últimas dificultades parlamentarias.

El Gobierno tiene además una ventaja considerable: todavía dispone de tiempo. La elección presidencial de 2027 está suficientemente lejos como para corregir errores, construir estructuras y ordenar alianzas. Pero el tiempo también puede convertirse en un enemigo. Los gobernadores no esperarán indefinidamente para definir sus estrategias y los partidos provinciales buscarán preservar su autonomía antes de comprometerse con un proyecto nacional.

La apuesta de Milei será entonces lograr algo que hasta ahora le resultó difícil: convertir su liderazgo personal en una coalición política estable. Ganar la elección presidencial fue posible sin una estructura partidaria tradicional. Gobernar durante el primer tramo de su mandato también. Pero obtener la reelección y, sobre todo, gobernar después de ella requiere algo diferente. Requiere una organización política capaz de sobrevivir a las coyunturas, negociar con actores territoriales y producir acuerdos que no dependan exclusivamente de la autoridad presidencial.

El oficialismo parece haber comprendido finalmente que la política provincial no puede administrarse desde Balcarce 50 como si fuera una extensión del despacho presidencial. Cada gobernador tiene su propio calendario, sus propias urgencias y sus propios adversarios. Y muchos de ellos saben que pueden ser aliados de Milei sin convertirse en subordinados de Milei.

Ese será probablemente el verdadero desafío de los próximos meses. La Libertad Avanza deberá demostrar si puede pasar de la lógica de la confrontación a la lógica de la construcción sin perder la identidad que la llevó al poder. No será sencillo. Su electorado espera que el Gobierno mantenga sus principios, mientras los gobernadores exigirán pragmatismo. Los legisladores buscarán preservar sus posiciones y el Presidente necesitará votos para avanzar con sus reformas. Karina Milei tendrá que construir una estructura nacional sin convertirla en una suma de imposiciones.

La elección de 2027 comenzará mucho antes de que aparezcan las boletas. Empezará en las negociaciones de los despachos, en los acuerdos legislativos, en las reuniones con gobernadores y en la definición de quién está dispuesto a ceder y quién pretende imponer condiciones. Milei quiere otros cuatro años. Para conseguirlos necesitará algo que hasta ahora no fue precisamente su especialidad: convencer a otros de que pueden ganar con él sin dejar de ser ellos mismos.