La Justicia ordenó cortar 20 pinos de más de 20 metros por el riesgo de caída sobre una vivienda

La Unidad Jurisdiccional 1 de Bariloche hizo lugar a una acción de daño temido y ordenó el corte al ras del suelo de 20 ejemplares de pino ponderosa ubicados sobre una medianera, luego de que una evaluación técnica determinara que presentaban inestabilidad estructural y constituían un peligro cierto para una vivienda lindera y sus ocupantes.

El conflicto se originó en una propiedad de la zona oeste de la ciudad, donde los árboles superaban los 20 metros de altura. La propietaria advirtió que, debido a las características de los ejemplares y a los fuertes vientos habituales de la región, podían producirse desrames, desgajes o roturas de troncos capaces de provocar daños materiales y poner en riesgo la integridad física de quienes habitaban la casa.

Antes de iniciar el proceso judicial, la mujer aseguró haber realizado reclamos verbales ante los responsables de los terrenos vecinos para que adoptaran medidas destinadas a reducir el peligro. Ante la falta de respuestas concretas, recurrió al Servicio Forestal Andino para obtener una evaluación especializada.

El organismo constató la presencia de los 20 pinos ponderosa y determinó que presentaban condiciones de inestabilidad estructural. A partir de ese análisis, recomendó retirarlos mediante cortes al ras del suelo y reemplazarlos, en igual cantidad, por especies nativas arbustivas, siempre que se cumplieran previamente los trámites correspondientes.

Con ese respaldo técnico, la propietaria promovió una acción de daño temido, herramienta judicial destinada a prevenir situaciones que puedan generar un peligro cierto, grave e inminente sobre personas o bienes.

El juez interviniente consideró acreditadas las condiciones necesarias para adoptar una medida preventiva. En particular, ponderó el riesgo de desprendimiento de ramas, desgajamiento y eventual quiebre de los troncos, por lo que dispuso una intervención destinada a eliminar la amenaza sobre la vivienda y sus habitantes.

La medida alcanzó a Del Valle SRL y a los responsables de las explotaciones comerciales involucradas, además de quienes resulten propietarios, poseedores o tenedores de los inmuebles donde se encuentran los ejemplares.

El fallo estableció que los trabajos deberán ajustarse a las indicaciones del Servicio Forestal Andino y realizarse luego de completar las autorizaciones requeridas.

La resolución también fijó consecuencias ante un eventual incumplimiento. Si los responsables no ejecutan la orden, la propietaria podrá realizar los cortes a costa de los demandados. Además, se estableció una sanción de 50.000 pesos por cada día de demora y se dejó abierta la posibilidad de remitir los antecedentes a la Justicia penal si surgiera la posible comisión de un delito de acción pública.