Una coalición que todavía no sabe qué quiere ser

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El problema más profundo del peronismo ya no parece ser la falta de unidad. Tampoco se reduce a la posibilidad de celebrar una PASO, organizar una interna partidaria o encontrar un mecanismo administrativo que permita ordenar las candidaturas. El verdadero problema es anterior: el justicialismo todavía no resolvió quién tiene autoridad suficiente para conducir una reconstrucción política que necesariamente deberá ser diferente de la que lo llevó a sus últimas derrotas.

La discusión que comienza a desarrollarse dentro del movimiento tiene una particularidad que no debería pasar inadvertida. Todos hablan de unidad, pero cada sector entiende algo distinto cuando utiliza esa palabra. Para algunos, significa reconstruir el poder alrededor de Cristina Fernández de Kirchner. Para otros, implica reconocer el crecimiento de Axel Kicillof y darle una dimensión nacional a su proyecto. Para los gobernadores, en cambio, la unidad debería significar recuperar autonomía frente a Buenos Aires y participar de una estructura donde las provincias tengan capacidad real de decisión. Y para otros dirigentes, más alejados de las dos principales corrientes, se trata de ampliar el espacio hasta convertirlo en una coalición capaz de atraer a sectores que hoy no se reconocen en el kirchnerismo.

Ese desacuerdo explica por qué la discusión sobre las candidaturas resulta prematura y, al mismo tiempo, inevitable. El peronismo quiere saber quién será su candidato antes de haber resuelto qué peronismo pretende representar. Es como si quisiera elegir al capitán de un barco cuya ruta todavía no fue determinada.

Durante demasiado tiempo, el justicialismo resolvió sus discusiones mediante la existencia de un liderazgo dominante. Cuando ese liderazgo se debilitó, la estructura quedó expuesta a una disputa que ya no pudo ser disimulada. Cristina conserva una gravitación indiscutible, pero esa autoridad ya no alcanza para ordenar automáticamente a todo el movimiento. Kicillof representa una generación y una lógica política diferente, con una base territorial extraordinariamente importante en la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores reclaman su propio espacio y algunos dirigentes nacionales pretenden construir una alternativa que no quede subordinada a ninguna de las dos figuras.

Ese es el verdadero conflicto.

La pregunta no es solamente si Cristina y Kicillof podrán sentarse alguna vez a conversar. La pregunta más incómoda es qué ocurrirá si finalmente lo hacen. Porque un encuentro personal puede resolver una tensión, pero no elimina la competencia por el liderazgo. Ambos pueden compartir una mesa, acordar algunas reglas y hasta apoyarse circunstancialmente. Nada de eso responde quién tendrá la última palabra cuando llegue el momento de definir una candidatura nacional.

El peronismo necesita dejar de confundir convivencia con conducción. Son dos cosas distintas. Puede existir una coalición en la que nadie tenga el control absoluto, pero esa fórmula exige reglas muy precisas. Si no existen, cada decisión se convierte en una pulseada y cada candidatura provincial termina funcionando como una prueba de fuerza entre los distintos sectores.

El calendario electoral de las provincias será justamente el primer campo de batalla. Allí se verá si la dirigencia nacional tiene capacidad para establecer una estrategia común o si cada gobernador continuará actuando de acuerdo con sus propios intereses. No hay nada ilegítimo en esto último. Un gobernador tiene responsabilidades territoriales que no puede sacrificar para satisfacer una estrategia nacional. Pero si el objetivo es reconstruir un espacio nacional, habrá que encontrar un punto de equilibrio entre la autonomía provincial y la conducción política común.

En ese terreno aparece una cuestión decisiva: la relación con los peronismos que no responden al kirchnerismo. El caso de Córdoba resulta particularmente significativo, pero no es el único. También están las experiencias políticas de Misiones, Chubut y Corrientes, entre otras provincias donde los oficialismos locales construyeron identidades propias y aprendieron a sobrevivir sin depender de las estructuras nacionales tradicionales.

El peronismo puede considerar a esos espacios una desviación ideológica y mantenerse encerrado en sus fronteras conocidas. O puede asumir que una reconstrucción electoral exige conversar con quienes hoy tienen votos, gobernadores y capacidad territorial. La segunda opción es políticamente más incómoda, pero probablemente sea la más realista.

El problema es que ampliar la coalición tiene un costo. Quien incorpora nuevos aliados debe aceptar que ya no puede decidir todo solo. Y esa es precisamente la cuestión que el peronismo todavía no parece dispuesto a resolver. Todos quieren una coalición amplia, pero cada sector pretende conservar la capacidad de establecer sus límites.

La discusión sobre Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil es reveladora. Ambos gobernadores pertenecen al universo justicialista, pero en los últimos años construyeron vínculos políticos con el Gobierno de Javier Milei. Para el kirchnerismo, esa conducta resulta difícil de aceptar. Para quienes piensan en términos estrictamente electorales, en cambio, excluir a dos gobernadores peronistas puede ser un lujo que una oposición que pretende volver al poder no debería permitirse.

Allí se encuentra otra de las contradicciones del movimiento. El peronismo quiere recuperar a todos los que alguna vez estuvieron dentro, pero todavía no decidió cuáles son las condiciones para volver. Pretende amplitud, pero también reclama fidelidad. Busca sumar gobernadores, pero teme que esos mismos gobernadores condicionen el programa nacional. Quiere una conducción centralizada para evitar la dispersión, pero al mismo tiempo necesita convencer a los territorios de que no serán nuevamente subordinados a una mesa reducida de dirigentes nacionales.

La historia reciente debería aconsejar prudencia. El Frente de Todos consiguió resolver la primera parte del problema: juntar a sectores que se habían enfrentado durante años. Lo que no pudo resolver fue la segunda: establecer una autoridad política capaz de administrar las diferencias una vez que llegó al Gobierno. La coalición terminó atrapada en una discusión permanente sobre quién tenía el poder real.

El riesgo de repetir aquella experiencia existe. Cambiar los nombres de la coalición no modifica necesariamente su naturaleza. Una alianza puede ser electoralmente atractiva y políticamente inviable. Puede sumar gobernadores, dirigentes y sectores sociales, pero fracasar si ninguno de ellos acepta una conducción común o si las decisiones estratégicas quedan sujetas a la relación personal entre sus principales figuras.

Por eso la eventual PASO no debería ser presentada como la solución mágica para el peronismo. Una primaria puede ordenar una candidatura, pero no construye por sí misma un programa, una conducción ni una relación estable entre los derrotados y el ganador. Si Kicillof compitiera contra otro dirigente y obtuviera el triunfo, ¿el resto del peronismo aceptaría su liderazgo? Si triunfara un candidato respaldado por el kirchnerismo, ¿el gobernador bonaerense se incorporaría plenamente a esa estrategia? Si apareciera una tercera opción, ¿sería una síntesis o simplemente otro capítulo de la disputa?

Son preguntas que nadie puede responder todavía porque el problema excede al mecanismo electoral.

Incluso una interna partidaria abierta tendría esa limitación. Podría resolver quién encabeza, pero no necesariamente cómo se distribuirá el poder después. Y una elección interna en un espacio tan fragmentado podría producir exactamente el efecto contrario al buscado: convertir las diferencias políticas en heridas personales difíciles de cerrar.

Hay, además, una dimensión generacional que el peronismo todavía no terminó de procesar. Cristina representa una etapa histórica del movimiento que continúa teniendo peso, pero Kicillof y otros dirigentes pretenden discutir qué viene después. La transición entre una conducción y otra nunca resulta sencilla. Menos aún cuando el liderazgo anterior no está dispuesto a retirarse de la escena y cuando el liderazgo emergente tampoco acepta convertirse simplemente en heredero.

En esa disputa aparece Máximo Kirchner, cuya posición tampoco puede reducirse a una cuestión familiar. Su lugar dentro del peronismo está inevitablemente asociado a la estructura política construida alrededor de su madre, pero también enfrenta el desafío de convivir con dirigentes que ya no aceptan que el kirchnerismo sea el centro obligatorio de cualquier reconstrucción justicialista.

La cuestión bonaerense agrega todavía más complejidad. Kicillof gobierna el distrito que concentra una porción decisiva del electorado nacional y posee, por esa razón, una herramienta política que ningún dirigente peronista puede ignorar. Pero esa fortaleza puede transformarse también en una debilidad si el resto del país interpreta que su proyecto es simplemente una extensión de la política bonaerense.

Para convertirse en una alternativa nacional, Kicillof necesitará algo más que una buena relación con los intendentes de la provincia. Tendrá que construir vínculos con gobernadores, dirigentes provinciales y sectores que no comparten la cultura política del kirchnerismo. Y deberá hacerlo sin romper definitivamente con Cristina, porque una confrontación abierta entre ambos podría fragmentar el espacio antes de que siquiera comience la competencia electoral.

El peronismo enfrenta así una paradoja que parece difícil de resolver: necesita dejar atrás una etapa sin destruir a quienes todavía conservan capacidad de representación. Necesita renovarse sin renegar completamente de su identidad. Necesita incorporar sectores nuevos sin perder a su electorado histórico. Y necesita construir un liderazgo nacional sin volver a depender de una figura única.

Tal vez por eso la discusión que se viene será menos una interna entre candidatos que una batalla por definir la naturaleza misma del peronismo. No estará en juego únicamente quién ocupará el primer lugar de una boleta. Estará en juego qué sectores tendrán derecho a decidir, cuánto peso conservará cada territorio y qué relación existirá entre la conducción nacional y los gobernadores.

En ese escenario, la política provincial será tan importante como la nacional. Cada gobernador que decida acompañar o alejarse modificará el equilibrio interno. Cada acuerdo con un partido provincial ampliará o reducirá las posibilidades de una coalición nacional. Cada candidatura que se presente en un distrito podrá ser leída como una señal hacia la disputa presidencial.

La unidad, entonces, no debería ser el objetivo final. Debería ser apenas el punto de partida. Una fuerza política puede estar unida y, sin embargo, carecer de proyecto. Puede competir junta y perder por falta de credibilidad. Puede ganar una elección y volver a fracturarse al día siguiente.

El desafío del peronismo consiste en algo mucho más difícil que abrazarse en una reunión. Consiste en construir un sistema político en el que sus distintas partes acepten que ninguna volverá a tener el poder absoluto que tuvo en otros tiempos. Cristina no puede ordenar sola al peronismo. Kicillof tampoco. Los gobernadores, por separado, tampoco. Y una eventual candidatura nacional necesitará de todos ellos, aunque ninguno esté dispuesto a reconocerlo públicamente.

Quizá esa sea la oportunidad que se abre después de tantos años de enfrentamientos. El peronismo puede seguir discutiendo quién traicionó a quién, quién tuvo razón en la última pelea y quién debe pagar los costos de los errores anteriores. O puede asumir que la sociedad ya está mirando hacia adelante y que ninguna reconstrucción será posible si el movimiento continúa organizándose alrededor de viejas cuentas pendientes.

El dilema no es menor. Javier Milei tiene enfrente una oposición que todavía está intentando descubrir cuál es su identidad. Si el peronismo logra transformar esa debilidad en una discusión política seria, puede recuperar una parte del electorado que hoy observa sus movimientos con distancia. Si, en cambio, convierte cada negociación en una batalla por la supremacía interna, corre el riesgo de llegar a las elecciones con muchos dirigentes, muchas estructuras y ninguna conducción.

La próxima etapa no será, por lo tanto, la simple búsqueda de un candidato. Será la búsqueda de un nuevo contrato interno. Uno que permita convivir al kirchnerismo con el peronismo territorial, al proyecto bonaerense con los gobernadores y a las viejas estructuras con una generación que reclama protagonismo.

Si ese contrato no aparece, cualquier PASO será apenas una forma prolija de administrar la fractura. Si aparece, en cambio, la competencia interna podría convertirse en el mecanismo de una renovación largamente postergada.

El peronismo tiene todavía tiempo para decidir qué camino tomar. Pero no tiene tiempo ilimitado. Y cuanto más tarde en resolver su problema de conducción, más probable será que la elección termine resolviéndolo por él. En política, cuando una fuerza no consigue establecer sus propias reglas, suelen hacerlo los votos. Y los votos, a diferencia de las mesas de negociación, no suelen tener paciencia con quienes llegan tarde a las decisiones.