Monteverde vinculó el aumento de la morosidad con la expansión del crédito y cuestionó a la oposición

• El 17,5% de los créditos registra dificultades de pago en un contexto de fuerte expansión del financiamiento.
• El 61% de los argentinos tomó algún tipo de deuda durante los últimos seis meses, principalmente para afrontar gastos cotidianos y obligaciones.
• Monteverde sostuvo que la desaceleración de la inflación modificó las condiciones bajo las cuales familias y empresas habían asumido sus compromisos.
• La superposición de deudas y las dificultades para evaluar el riesgo crediticio aparecen entre los factores que explican el aumento de la morosidad.
• El senador atribuyó una parte importante del deterioro crediticio a la incertidumbre política y a lo que definió como una ofensiva opositora contra el Gobierno.
• Monteverde rechazó un nuevo programa de estímulo al consumo y propuso reducir la carga tributaria sobre el sistema financiero, con especial énfasis en Ingresos Brutos.

El senador nacional de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, sostuvo que el incremento de la morosidad registrado en el sistema financiero debe analizarse en el contexto de la fuerte expansión del crédito de los últimos años y atribuyó una parte significativa de las dificultades de pago a la incertidumbre política y económica. Sus declaraciones se producen mientras el 17,5% de los créditos presenta algún grado de dificultad para ser cancelado.

El fenómeno ocurre en paralelo con una mayor utilización del financiamiento por parte de familias y empresas. Durante los últimos seis meses, el 61% de los argentinos tomó algún tipo de deuda, aunque una proporción importante de esos recursos no se destinó a la adquisición de bienes durables. Los préstamos fueron utilizados principalmente para afrontar gastos cotidianos, como alimentos, servicios, alquileres y otras obligaciones financieras.

Para Monteverde, el crecimiento del endeudamiento no constituye por sí mismo una señal negativa. El senador destacó que la recuperación del crédito representa una transformación relevante respecto del período anterior, cuando el financiamiento disponible para el sector privado se encontraba en niveles muy bajos en relación con el tamaño de la economía.

Según su interpretación, hasta diciembre de 2023 el crédito representaba aproximadamente una cuarta parte de lo que representa actualmente en términos del Producto Bruto Interno. La expansión permitió que empresas y familias volvieran a acceder a herramientas de financiamiento que habían quedado restringidas durante los años de elevada inflación y menor oferta crediticia.

El problema, planteó, aparece cuando los deudores deben afrontar compromisos asumidos bajo determinadas expectativas económicas que posteriormente no se cumplen. Durante largos períodos, tanto las familias como las empresas argentinas se acostumbraron a que la inflación redujera en términos reales el peso de las cuotas y obligaciones futuras.

La disminución de la inflación modificó ese comportamiento. Al desacelerarse el aumento de los precios, las deudas dejaron de perder valor real con la misma velocidad y algunos tomadores de crédito comenzaron a enfrentar mayores dificultades para cumplir con sus compromisos.

A esto se sumó, según el diagnóstico del senador, una dinámica de refinanciación. Algunos particulares y empresas recurrieron a nuevas fuentes de financiamiento para cancelar obligaciones anteriores, acumulando compromisos en distintos canales. La superposición de deudas incrementó la exposición financiera de determinados sectores y elevó el riesgo de incumplimiento.

Monteverde también señaló una pérdida de experiencia por parte de las entidades bancarias en materia de evaluación crediticia. Después de años en los que el crédito tuvo una participación reducida, la expansión de los préstamos habría generado nuevos desafíos para las entidades encargadas de determinar la capacidad de pago de los solicitantes.

Sin embargo, el legislador incorporó un componente político a su explicación. Consideró que desde marzo de 2025 comenzó a desarrollarse una ofensiva opositora contra el Gobierno que, según su visión, se intensificó durante la segunda mitad de ese año. En su análisis, la conflictividad política contribuyó a aumentar la incertidumbre y modificó el comportamiento de los agentes económicos.

Monteverde sostuvo que los proyectos impulsados por sectores opositores y las expectativas vinculadas con el escenario electoral provocaron una reducción de la demanda de pesos y una mayor dolarización de las carteras. Esa dinámica, afirmó, obligó al Gobierno a mantener una política fiscal y monetaria estricta, en un contexto en el que las tasas de interés se elevaron y terminaron impactando sobre los costos de financiamiento.

El senador atribuyó así una parte importante del aumento de la mora al escenario previo a las elecciones legislativas. Su interpretación generó una lectura política de un fenómeno que también tiene componentes vinculados con el comportamiento de las familias, la evaluación del riesgo crediticio y la evolución de la actividad económica.

Frente al problema, Monteverde descartó la posibilidad de recurrir a medidas similares a los programas de estímulo al consumo financiados con recursos públicos. En cambio, propuso reducir la carga tributaria que pesa sobre el sistema financiero para favorecer una disminución de los costos del crédito.

En particular, apuntó contra el impuesto a los Ingresos Brutos, al que consideró uno de los principales obstáculos tributarios para el funcionamiento del sistema financiero. La propuesta oficialista apunta así a que una menor presión impositiva permita reducir costos y mejorar las condiciones de acceso al financiamiento.

El debate sobre la morosidad queda de esta manera asociado a una transformación más amplia del sistema financiero argentino. La expansión del crédito representa una señal de normalización después de años de restricciones, pero también plantea el desafío de garantizar que el endeudamiento pueda sostenerse sin generar una acumulación de obligaciones que termine afectando a familias, empresas y entidades financieras.