Bullrich busca ampliar el consenso en el Senado para avanzar con la reforma de la Ley de Salud Mental
- Patricia Bullrich y Mario Lugones buscan sumar respaldo provincial al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental.
- El oficialismo modificó el texto original para incorporar observaciones y ampliar las posibilidades de consenso legislativo.
- La iniciativa establece nuevas reglas para internaciones, incluyendo requisitos profesionales y límites temporales.
- El proyecto contempla seguimiento ambulatorio posterior al alta, con controles judiciales periódicos.
- También incorpora disposiciones específicas para niños y adolescentes con consumo problemático de sustancias.
- La estrategia oficial apunta a conseguir un amplio respaldo en el Senado antes de avanzar con el dictamen y enviar el proyecto a Diputados.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, intensificó las gestiones para reunir apoyos al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental impulsado por el Gobierno. La estrategia oficialista apunta a modificar algunos aspectos del texto original para sumar acompañamiento político y evitar que la iniciativa quede trabada en el Congreso.
En ese marco, Bullrich y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, mantienen reuniones con los responsables de las carteras sanitarias de las distintas provincias. El objetivo es presentar los cambios incorporados al proyecto, escuchar observaciones y detectar posibles puntos de acuerdo antes de que las comisiones del Senado avancen con un dictamen.
Los encuentros comenzaron con representantes de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy. La ronda continuará con funcionarios de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones, mientras que posteriormente será el turno de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
La iniciativa se encuentra bajo análisis de las comisiones de Salud y de Legislación General de la Cámara alta. El oficialismo pretende alcanzar el mayor nivel de consenso posible en una cuestión considerada especialmente sensible, debido a las implicancias que tiene sobre pacientes, familiares, profesionales y establecimientos de salud.
Uno de los principales cambios incorporados al proyecto está relacionado con el apartado de derechos y garantías. Allí se prevé incluir acciones vinculadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la inclusión comunitaria. El esquema establecería un piso de derechos para todo el país, aunque permitiría que las provincias adopten estándares superiores.
El nuevo texto también busca precisar aspectos relacionados con los diagnósticos y el consumo problemático de sustancias, además de recuperar el concepto de “padecimiento” dentro de la normativa. Otro de los cambios contempla una regulación específica para las teleconsultas, con el objetivo de ampliar el acceso a especialistas en zonas donde la cobertura sanitaria resulta más limitada.
También se introducen precisiones sobre la conformación de los equipos interdisciplinarios y sobre la posibilidad de que una persona establezca anticipadamente su consentimiento o rechazo a determinados tratamientos.
Uno de los capítulos centrales corresponde a las internaciones. El proyecto establece que deberán contar con la firma de dos profesionales del establecimiento asistencial, uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría. En los casos de internación involuntaria, se habilitaría esta alternativa cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física del paciente o de terceros.
Para situaciones excepcionales se contempla la posibilidad de una intervención asincrónica del profesional especializado, con un plazo de hasta 48 horas. A su vez, se incorpora un límite temporal de 180 días de internación, ya sea de manera continua o acumulada durante dos años cuando existan reiteraciones.
El texto también establece pautas para el alta y dispone la notificación anticipada a familiares o representantes legales. Al mismo tiempo, redefine los derechos de los familiares respecto del acceso a información y orientación, incorpora una definición precisa del concepto de pariente y prevé asistencia estatal para aquellas personas que no cuenten con una red familiar de apoyo.
Después del alta, el proyecto contempla hasta seis meses de tratamiento ambulatorio con seguimiento judicial obligatorio cada 30 días. La intención es establecer una continuidad terapéutica que permita acompañar al paciente durante el proceso posterior a la internación.
Otro capítulo está destinado a niños y adolescentes con consumo problemático de sustancias, para quienes se prevé la intervención de equipos especializados. Además, la iniciativa mantiene la prohibición de crear establecimientos destinados al aislamiento permanente y de utilizar internaciones crónicas como modalidad de atención.
El Gobierno también propone establecer controles sobre las instituciones mediante inspecciones sujetas a protocolos destinados a garantizar la dignidad y la confidencialidad de las personas atendidas.
Con estas modificaciones, Bullrich y Lugones buscan cerrar la etapa de consultas con las provincias y avanzar hacia la firma de un dictamen. El oficialismo reconoce que todavía existen diferencias políticas y técnicas, pero apuesta a que la nueva versión permita ampliar el respaldo en el Senado y, posteriormente, llegar a la Cámara de Diputados con una base parlamentaria lo más amplia posible.