La CGT cuestionó a Milei y advirtió que los salarios todavía están lejos de recuperar poder adquisitivo

• La CGT cuestionó el diagnóstico del Gobierno sobre la recuperación de los salarios y aseguró que el poder adquisitivo continúa deteriorado.
• Jorge Sola estimó que los trabajadores formales acumulan una pérdida salarial real de entre 28% y 30% desde noviembre de 2023.
• La central obrera acusó al Gobierno de utilizar los salarios como una herramienta para contener la inflación.
• El Consejo del Salario volvió a convertirse en un punto de conflicto por la diferencia entre la propuesta empresarial y el reclamo sindical.
• La CGT pretende elevar el salario mínimo desde los actuales $376.000 hasta $993.000 en diciembre.
• La disputa refleja diferencias profundas entre el Gobierno y los sindicatos sobre el rol de las paritarias y el ritmo de recuperación de los ingresos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei y cuestionó el diagnóstico oficial sobre la evolución de los salarios. Desde la central obrera sostuvieron que los ingresos de los trabajadores registrados todavía se encuentran significativamente por debajo de los niveles previos al inicio de la actual administración y rechazaron la idea de que exista una recuperación consolidada del poder adquisitivo.

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, fue el encargado de expresar la posición sindical y sostuvo que las declaraciones del Presidente sobre la recuperación salarial están alejadas de la situación que atraviesan los trabajadores. Según su estimación, los empleados formales acumulan una pérdida de poder adquisitivo de entre 28% y 30% desde noviembre de 2023.

El planteo sindical vuelve a colocar los salarios en el centro de la discusión económica. Mientras el Gobierno sostiene que la desaceleración inflacionaria permitió recomponer progresivamente los ingresos, desde la CGT advierten que la comparación debe contemplar el deterioro acumulado y no solamente la evolución de los salarios nominales frente a la inflación de los últimos meses.

Para Sola, la pérdida todavía no fue revertida y afecta especialmente a los trabajadores registrados. La discusión adquiere mayor relevancia porque la política salarial constituye uno de los principales puntos de tensión entre el oficialismo y las organizaciones sindicales.

El dirigente también cuestionó el papel que desempeña el Gobierno en las negociaciones paritarias. Según su interpretación, la administración libertaria busca que los aumentos salariales no superen determinados límites con el objetivo de evitar una presión adicional sobre el consumo y, eventualmente, sobre los precios.

“La realidad es bastante alejada” del diagnóstico oficial, sostuvo Sola al referirse a la situación salarial. Desde su perspectiva, los ingresos de los trabajadores fueron utilizados como una herramienta para contener la inflación, en lugar de permitir que las negociaciones colectivas funcionen como un mecanismo destinado a recuperar el poder adquisitivo perdido.

El conflicto se trasladó también al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las centrales sindicales cuestionaron la modalidad de la convocatoria y rechazaron participar de la última reunión plenaria debido a que el encuentro no se desarrolló de manera presencial.

En ese ámbito, uno de los principales puntos de desacuerdo estuvo relacionado con la propuesta de actualización del salario mínimo. Desde el sector empresarial se planteó una mejora considerada insuficiente por las organizaciones sindicales, que reclamaron una recomposición mucho mayor.

Sola calificó la propuesta como un incremento de apenas $6.800 mensuales y la comparó con el costo de un kilo de pan. Actualmente, el salario mínimo se encuentra en torno de los $376.000, mientras que la CGT pretende llevarlo hasta $993.000 en diciembre.

La diferencia entre ambas posiciones refleja la distancia existente entre las centrales obreras, las empresas y el Gobierno respecto del nivel que debería alcanzar el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

El dirigente sindical también negó que exista una iniciativa oficial concreta destinada a establecer salarios mínimos de un millón de pesos dentro de los convenios colectivos. Consideró que esa versión respondió a una estrategia para instalar una expectativa antes de la discusión formal del Consejo del Salario y reivindicó la autonomía de las organizaciones gremiales para negociar con los empleadores.

La CGT sostiene que las paritarias deben recuperar su funcionamiento tradicional, con acuerdos determinados entre empresarios y trabajadores y sin restricciones que impidan recomponer los ingresos. El Gobierno, en cambio, mantiene como prioridad evitar que las mejoras salariales puedan trasladarse a los precios y dificultar el proceso de desinflación.

La disputa salarial se suma así a otros conflictos que atraviesan la relación entre el oficialismo y el movimiento sindical. Para la CGT, la estabilidad de los precios no puede alcanzarse a costa de mantener deprimidos los ingresos laborales. Para el Gobierno, la recuperación sostenible de los salarios dependerá de que continúe el descenso de la inflación y de una mejora más amplia de la economía.

En ese escenario, la discusión sobre cuánto perdieron los trabajadores y cuánto necesitan recuperar continuará ocupando un lugar central en el debate económico. Mientras la administración libertaria destaca los avances alcanzados en materia inflacionaria, la central obrera insiste en que la verdadera recuperación deberá medirse por la capacidad de compra de los salarios.