El ministro Lugones avaló la desvinculación de una referente gremial del Hospital Garrahan

• El ministro Mario Lugones avaló la desvinculación de Norma Lezana, referente gremial de los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan.
• El sumario administrativo concluyó que no existían registros que acreditaran atención a pacientes o tareas asistenciales realizadas por la agente durante 2025.
• La investigación también constató su participación en distintas actividades sindicales dentro de la institución.
• El Gobierno sostuvo que la actividad gremial constituye un derecho, pero no puede utilizarse para incumplir las obligaciones laborales.
• Las autoridades del Garrahan afirmaron que la atención pediátrica esencial continuó gracias al personal asistencial que permaneció trabajando.
• La medida fue presentada como parte de una política destinada a fortalecer la gestión, controlar el cumplimiento laboral y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

El Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, convalidó la desvinculación de la nutricionista Norma Lezana, referente gremial de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan. La decisión se tomó luego de un sumario administrativo interno que, según las autoridades, determinó que la profesional no había registrado atención a pacientes ni tareas asistenciales durante 2025.

La medida quedó encuadrada por el Gobierno en una política de control sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de administración eficiente de los recursos públicos. Desde el Ministerio de Salud sostuvieron que el salario de los trabajadores estatales debe estar asociado al cumplimiento efectivo de las funciones para las que fueron designados.

La investigación administrativa se inició con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales dentro del hospital. Para establecer las tareas desarrolladas por Lezana durante 2025, se recopilaron testimonios de distintos empleados y se analizaron los registros disponibles relacionados con su actividad profesional.

De acuerdo con las conclusiones del sumario, no se encontraron constancias que permitieran acreditar que la nutricionista hubiera realizado tareas asistenciales o atendido pacientes durante ese período. En paralelo, la investigación registró una participación activa de la agente en distintas actividades vinculadas con su representación sindical.

Entre los episodios incluidos en el análisis administrativo figura la participación de Lezana en acciones gremiales desarrolladas dentro de la institución, entre ellas la ocupación física de la oficina correspondiente a la Dirección Médica del hospital.

Las autoridades del Garrahan sostuvieron que, pese a las medidas de fuerza y las interrupciones derivadas de los conflictos laborales, la atención pediátrica esencial continuó funcionando. Según la conducción de la institución, esa continuidad fue posible por el esfuerzo del personal asistencial que permaneció en sus puestos y absorbió parte de las tareas correspondientes a quienes participaron de las protestas.

Tras la formalización de la desvinculación, Lugones defendió la decisión y sostuvo que la medida se tomó como consecuencia de los resultados obtenidos durante el procedimiento administrativo. El ministro remarcó que la agente no había atendido pacientes ni cumplido las funciones asociadas al cargo durante el período investigado.

La conducción sanitaria también estableció una diferenciación entre el ejercicio de la actividad sindical y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Desde esa perspectiva, el Gobierno sostuvo que la representación gremial constituye un derecho, pero no puede utilizarse para justificar el incumplimiento de las tareas correspondientes a un puesto remunerado por el Estado.

El caso se inscribe en una política más amplia impulsada por la administración de Javier Milei, que busca reforzar los mecanismos de control sobre el empleo público y revisar situaciones consideradas incompatibles con una utilización eficiente de los recursos estatales.

La decisión adquiere una dimensión particular por tratarse de una representante sindical dentro de uno de los principales hospitales pediátricos del país. El Garrahan constituye una institución de referencia para la atención de niños y adolescentes y estuvo atravesado por distintos conflictos relacionados con las condiciones laborales, los salarios y el funcionamiento del sistema sanitario.

Desde la perspectiva oficial, el nuevo criterio de gestión apunta a establecer como prioridad el funcionamiento asistencial y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada trabajador. Las autoridades del hospital señalaron que la desvinculación forma parte de una etapa orientada a fortalecer la gestión institucional, mejorar el uso de los recursos y garantizar la atención de los pacientes.

La controversia también vuelve a poner en discusión el límite entre la actividad sindical y las obligaciones derivadas de un empleo público. Mientras el Gobierno sostiene que ninguna función gremial puede implicar el abandono de las tareas laborales, las organizaciones sindicales suelen considerar las medidas de fuerza y las acciones de protesta como herramientas legítimas para defender sus reclamos.

En este caso, la administración sanitaria respaldó la cesantía a partir de las conclusiones del sumario y no solamente por la participación de Lezana en actividades gremiales. El argumento central de las autoridades fue la ausencia de registros que acreditaran el cumplimiento de sus funciones profesionales durante 2025.

El Gobierno busca presentar la decisión como una señal de mayor rigurosidad en la administración del Estado. El objetivo declarado es que los recursos destinados al sistema sanitario se concentren en garantizar la atención de los pacientes y reconocer el trabajo de quienes cumplen regularmente con sus responsabilidades.

La desvinculación de la referente gremial abre así un nuevo capítulo en la relación entre las autoridades sanitarias y los trabajadores organizados del Hospital Garrahan, en un contexto marcado por fuertes discusiones sobre salarios, condiciones laborales, funcionamiento institucional y utilización de los recursos públicos.