Sin confianza y previsibilidad las inversiones no van e venir jamás

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay una contradicción que atraviesa a la Argentina desde hace décadas y que explica buena parte de sus frustraciones económicas. El país reclama inversiones con la misma intensidad con la que desconfía de ellas; promete estabilidad mientras conserva la costumbre de reescribir las reglas cuando cambia el signo político del poder. En esa tensión permanente, el discurso del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende a un gobierno y a una provincia: la imposibilidad de construir credibilidad cuando la política convierte la incertidumbre en un hábito institucional.

No fue casual que ese mensaje surgiera en un ámbito donde convivían empresarios, gobernadores y funcionarios nacionales. Allí donde se habla de infraestructura, competitividad y desarrollo, la conversación termina desembocando inevitablemente en un concepto menos visible que una ruta o una mina, pero mucho más determinante: la confianza. Ninguna obra estratégica ni ningún recurso natural alcanzan para convencer a un inversor si existe la sospecha de que todo puede modificarse con el próximo cambio de administración.

Ese es, quizás, el verdadero drama argentino. El país posee recursos extraordinarios, pero administra sus oportunidades con una lógica de corto plazo. La riqueza del litio, del cobre, del gas o de la energía renovable convive con una política que todavía no logró resolver una pregunta elemental: ¿qué compromisos sobreviven a las elecciones?

Sáenz puso el dedo sobre esa herida cuando cuestionó la costumbre de revisar, derogar o descalificar las decisiones del gobierno anterior apenas cambia el color partidario del Ejecutivo. No se trata solamente del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El problema es mucho más profundo. Cuando un contrato, una licitación o un marco regulatorio quedan sujetos a la voluntad del próximo presidente, el riesgo deja de ser económico para convertirse en político. Y el capital, por definición, suele escapar de los riesgos políticos imprevisibles.

La historia reciente ofrece demasiados ejemplos. Obras públicas paralizadas por decisiones ideológicas, contratos revisados durante años, reformas que duran apenas un mandato y proyectos estratégicos convertidos en banderas partidarias. En semejante escenario, resulta ingenuo preguntarse por qué las inversiones llegan con lentitud o prefieren instalarse en países vecinos.

Sin embargo, el planteo del gobernador salteño incorpora otro elemento que merece atención. Mientras durante décadas la Argentina concentró su mirada económica en el puerto y en la región central, el Norte comienza a adquirir una relevancia inédita. No porque haya cambiado su geografía, sino porque cambió el mapa del mundo.

El litio transformó provincias históricamente periféricas en piezas codiciadas por la transición energética global. Salta, Jujuy y Catamarca dejaron de aparecer únicamente como territorios alejados del poder central para convertirse en actores capaces de atraer empresas internacionales interesadas en minerales críticos. Esa nueva realidad modifica incluso la relación de fuerzas dentro del federalismo argentino.

Las provincias ya no llegan a la mesa de negociación únicamente para reclamar recursos. Llegan con activos que el mundo demanda. Esa diferencia altera la conversación con la Nación y obliga a replantear un esquema federal que durante décadas funcionó con un fuerte predominio del centro político y económico del país.

Pero esa oportunidad también revela otra paradoja nacional. Argentina posee uno de los principales reservorios de litio del planeta y, al mismo tiempo, mantiene rutas deterioradas, corredores logísticos insuficientes y una infraestructura incapaz de acompañar el ritmo que exige una economía globalizada. Es difícil imaginar competitividad cuando transportar una carga hacia un puerto puede convertirse en una odisea administrativa y física.

La discusión sobre las rutas que planteó Sáenz no es una queja provincial aislada. Es una radiografía del deterioro estructural del Estado argentino. Durante años se habló de desarrollo federal mientras muchas provincias quedaron atrapadas entre promesas presupuestarias y obras inconclusas. La infraestructura dejó de planificarse como política de Estado para transformarse en una variable sometida a las urgencias fiscales o a las prioridades electorales.

Algo similar ocurre con la Coparticipación Federal. Treinta años después de la reforma constitucional que ordenó establecer un nuevo régimen, la deuda institucional permanece abierta. No es un detalle técnico. Es otro ejemplo de cómo la Argentina convive con normas que la propia política posterga indefinidamente cuando resulta más cómodo administrar la excepcionalidad que cumplir la ley.

Tal vez por eso el concepto de "blindar" determinadas políticas adquiere un significado que va más allá de una consigna. No implica congelar la democracia ni impedir que los gobiernos impulsen cambios. Significa establecer un conjunto de consensos mínimos que ningún dirigente considere legítimo destruir apenas asume el poder.

Los países que lograron atraer inversiones sostenidas no eliminaron sus diferencias políticas. Las administraron dentro de marcos previsibles. Cambian gobiernos, cambian ministros e incluso cambian prioridades presupuestarias. Lo que rara vez cambia es la confianza de que las reglas esenciales seguirán existiendo mañana.

Argentina, en cambio, parece haber perfeccionado el arte contrario. Cada elección suele abrir una discusión sobre contratos, impuestos, regulaciones, organismos y programas que parecían consolidados. Esa volatilidad institucional termina costando mucho más que cualquier déficit fiscal, porque destruye el activo más difícil de recuperar: la credibilidad.

El Norte argentino representa hoy una oportunidad histórica para corregir parte de ese atraso. Su ubicación estratégica, su integración con países limítrofes y su riqueza mineral podrían convertirlo en uno de los motores económicos más importantes del país durante las próximas décadas. Pero ningún potencial geológico alcanza si la política continúa enviando señales contradictorias.

La verdadera riqueza del litio no consiste únicamente en el mineral que yace bajo la tierra. Consiste en la posibilidad de construir una Argentina capaz de ofrecer estabilidad suficiente para que ese recurso genere empleo, infraestructura y desarrollo duradero. Sin esa transformación institucional, el país seguirá contemplando cómo las oportunidades pasan frente a sus ojos mientras otros capturan el beneficio.

El desafío, entonces, no es descubrir dónde está la salida económica. Esa salida ya empieza a verse en muchas provincias del Norte. El desafío consiste en convencer al mundo de que la Argentina dejará de cambiar las reglas cada cuatro años. Porque ninguna inversión importante apuesta únicamente por los recursos naturales. Antes que eso, apuesta por la confianza. Y esa sigue siendo la materia pendiente más persistente de la política argentina.