El Gobierno prepara una ley para sancionar negocios vinculados a la explotación ilegal en Malvinas
- El Gobierno prepara una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para sancionar a quienes participen de actividades no autorizadas sobre recursos argentinos en Malvinas.
- El proyecto busca impedir que empresas vinculadas con esas operaciones puedan contratar con el Estado o con compañías privadas radicadas en Argentina.
- El Ejecutivo analiza modificar la Ley 26.659 para extender el régimen de sanciones más allá de la explotación de hidrocarburos.
- La actividad pesquera podría quedar incluida en la nueva normativa, aunque su incorporación todavía depende de la revisión final del proyecto.
- El Gobierno prevé enviar la iniciativa a Diputados el 14 de septiembre y aspira a iniciar su tratamiento parlamentario entre fines de septiembre y comienzos de octubre.
- La estrategia sobre Malvinas también contempla una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento será incorporado al Presupuesto 2027.
El Gobierno nacional avanza con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca ampliar las sanciones contra empresas y personas que participen, directa o indirectamente, de actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos argentinos en la zona de las Islas Malvinas. El Poder Ejecutivo analiza además incorporar a la actividad pesquera dentro del alcance de la futura normativa.
El presidente Javier Milei sostuvo que quienes presten servicios a compañías relacionadas con la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar con organismos estatales ni con empresas privadas radicadas en el país. La iniciativa apunta de esta manera a extender las consecuencias económicas más allá de las compañías que realizan directamente las actividades cuestionadas.
Uno de los aspectos que permanece bajo análisis es la modificación de la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas. Esa norma, aprobada por unanimidad en marzo de 2011, establece sanciones para las empresas que exploren o exploten hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin contar con la autorización correspondiente.
La eventual incorporación de la pesca permitiría aplicar un criterio similar a las compañías que desarrollan actividades pesqueras en aguas circundantes a las islas bajo licencias otorgadas por el Reino Unido. El planteo surgió a partir de reclamos de organizaciones vinculadas con la actividad pesquera y también fue incorporado al debate político por sectores del peronismo.
Durante la sesión de Diputados del 9 de septiembre, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que el régimen alcanzara también a empresas y actores relacionados con la explotación de los recursos pesqueros. En paralelo, Guillermo Michel presentó una iniciativa orientada a establecer sanciones frente a lo que considera explotación ilegal de los recursos marítimos argentinos.
El alcance definitivo de la pesca todavía no está cerrado. El texto se encuentra en la etapa final de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, antes de ser enviado al Congreso. El Gobierno prevé remitirlo a través de la Cámara de Diputados y analiza cómo será presentada formalmente la propuesta ante los legisladores.
El asesor presidencial Santiago Caputo participa de la definición de la estrategia parlamentaria. Una de las alternativas consiste en realizar una presentación tradicional del proyecto, mientras que otra posibilidad es que funcionarios del Poder Ejecutivo concurran al Congreso para explicar los principales aspectos del articulado. Entre los nombres considerados para esa tarea aparecen el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quienes participaron de la elaboración de la iniciativa.
Milei vinculó el proyecto con las acciones iniciadas contra compañías y personas relacionadas con actividades petroleras en la zona de Malvinas. El Presidente afirmó que ya fueron abiertos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que, según la posición oficial, operan de manera directa o indirecta en la cuenca Malvinas sin autorización argentina.
El Gobierno también incorporó al esquema de defensa de la soberanía el anuncio de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. La obra será contemplada dentro del Presupuesto 2027 y, según la definición presidencial, su financiamiento no afectará el resultado fiscal previsto por la administración nacional. Quirno y Presti tienen previsto trasladarse a la provincia el 11 de septiembre para recorrer el área destinada a la instalación y avanzar en los aspectos vinculados con su construcción.
El Ejecutivo proyecta enviar el proyecto al Congreso el 14 de septiembre y el oficialismo pretende que el tratamiento parlamentario comience entre fines de ese mes y los primeros días de octubre. La expectativa dentro del Gobierno es conseguir un dictamen en un plazo breve, aunque la inclusión definitiva de la actividad pesquera dependerá de las modificaciones que se incorporen durante la revisión final.