La oposición presiona a Kicillof por la inseguridad y pide interpelar al ministro Javier Alonso
- La Libertad Avanza presentó un pedido para interpelar al ministro Javier Alonso en la Legislatura bonaerense.
- El crimen de David Elías Ojeda Vázquez en José C. Paz profundizó las críticas contra la gestión de seguridad provincial.
- La Municipalidad de José C. Paz reclamó a Axel Kicillof un refuerzo inmediato de las medidas de prevención.
- El Gobierno bonaerense respondió con una agenda de incorporación de cadetes e inauguración de nuevas dependencias policiales.
- La suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió un nuevo foco de conflicto político.
- La jueza Marta Elba Pascual enfrenta tres pedidos de jury tras frenar por 60 días la aplicación de la nueva ley.
La escalada de hechos de inseguridad en el conurbano bonaerense, el asesinato de David Elías Ojeda Vázquez en José C. Paz y la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil intensificaron la presión política sobre el gobernador Axel Kicillof. En ese contexto, La Libertad Avanza presentó en ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense un pedido para interpelar al ministro de Seguridad, Javier Alonso, mientras crecieron los cuestionamientos de distintos sectores opositores a la gestión provincial.
La iniciativa impulsada por el bloque libertario busca que el ministro concurra a la Legislatura para explicar el despliegue policial, las estrategias de prevención del delito y la asignación de recursos destinados a la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Desde el espacio sostienen que existen falencias en la difusión de información oficial sobre la política de seguridad, como estadísticas de personal, recorridos de patrullaje y un mapa del delito actualizado.
Los reclamos fueron acompañados por dirigentes legislativos del espacio, quienes reclamaron respuestas concretas frente a la sucesión de robos violentos y homicidios registrados en distintos distritos del conurbano. También pidieron una mayor participación del gobernador en la conducción de las políticas de seguridad.
La tensión política se profundizó tras el crimen de David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años, asesinado durante el robo de su motocicleta en José C. Paz. El joven regresaba de un gimnasio cuando fue interceptado por dos delincuentes que, según la investigación, le dispararon por la espalda antes de escapar con el vehículo. La víctima fue trasladada al Hospital Mercante, donde falleció a causa de las heridas, mientras los sospechosos continuaban prófugos.
El homicidio provocó una fuerte reacción en el distrito. Familiares, amigos y vecinos realizaron una movilización por el centro de la ciudad y se concentraron frente al municipio para exigir justicia y mayores medidas de prevención. La protesta incluyó la quema de neumáticos y carteles con imágenes de la víctima.
En medio de esa conmoción, la Municipalidad de José C. Paz difundió un comunicado firmado por la intendenta interina, Lorena Espina, y el director general de Seguridad local, Miguel Narváez, en el que exigió al Gobierno provincial reforzar la seguridad tanto en el distrito como en el resto del territorio bonaerense. El documento reclamó acciones inmediatas y sostuvo que la administración provincial debe asumir plenamente su responsabilidad en la protección de los vecinos.
El pronunciamiento tuvo especial impacto político por provenir de un municipio históricamente vinculado al peronismo y conducido políticamente por Mario Ishii, actual senador provincial y vicepresidente de la Cámara Alta, quien mantiene diferencias con el Ejecutivo bonaerense.
La comuna también defendió el esfuerzo realizado con recursos propios para la prevención del delito. Según informó, dispone de más de 250 efectivos de la Patrulla Urbana Municipal, unos 70 móviles y un sistema de monitoreo, además de colaborar con combustible y reparaciones para patrulleros de la Policía Bonaerense.
Los cuestionamientos al ministro Alonso también alcanzaron su participación en una gira junto a Kicillof por Misiones. El senador provincial Marcelo Leguizamón criticó que el funcionario integrara esa comitiva mientras persistían los reclamos por la inseguridad en territorio bonaerense y volvió a reclamar su presencia en el Senado para responder preguntas sobre la política de seguridad.
Frente a las críticas, el Gobierno provincial reforzó una agenda centrada en la inversión en infraestructura policial y prevención del delito. Durante la semana, Kicillof y Alonso encabezaron la jura de fidelidad a la bandera de 2.075 cadetes de la Escuela de Policía Juan Vucetich, quienes se incorporarán a fin de año a una fuerza que supera los 90 mil efectivos, según datos oficiales.
Además, el gobernador inauguró en Tristán Suárez la subcomisaría Cuatro Bocas junto al intendente de Ezeiza, Gastón Granados. Allí aseguró que la nueva dependencia permitirá ampliar la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta, mientras Alonso destacó que ya fueron habilitados más de 18 destacamentos para fortalecer la seguridad en distintos barrios.
El escenario se volvió aún más complejo tras la decisión de la jueza Marta Elba Pascual, del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia. La magistrada argumentó que aún no existen los recursos humanos, la infraestructura y los dispositivos necesarios para implementar la ley, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad.
La resolución derivó en una nueva controversia política. Hasta el momento se presentaron tres pedidos de jury contra la jueza, impulsados por referentes opositores que cuestionan tanto el fallo como la implementación del nuevo régimen en territorio bonaerense.