Una auditoría puso bajo la lupa un contrato de la UOM con una microempresa de 5 empleados
- La auditoría preliminar detectó observaciones sobre el contrato entre la UOM y USEM.
- La empresa fue constituida 82 días antes de comenzar su relación comercial con el sindicato.
- USEM percibió $2.466 millones en honorarios durante 31 meses, según el relevamiento.
- El informe identificó posibles conflictos de intereses y debilidades en los controles y autorizaciones de pagos.
- La intervención judicial suspendió la operatoria de USEM y retomó la administración directa de los fondos.
- La defensa de Abel Furlán rechazó las observaciones y sostuvo que la contratación fue regular y no provocó perjuicio económico a la UOM.
Una auditoría preliminar encargada por la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) detectó una serie de observaciones sobre el contrato firmado en 2023 entre el sindicato y USEM S.A., una empresa constituida pocos meses antes de comenzar a prestar servicios para la organización gremial y su obra social. El relevamiento identificó posibles conflictos de intereses, deficiencias en los controles internos y operaciones cuya trazabilidad no pudo ser reconstruida de manera completa.
El informe fue elaborado por BDO Argentina y entregado el 28 de agosto de 2026. Su alcance es de investigación especial y carácter preliminar, por lo que no constituye una auditoría integral ni determina responsabilidades civiles, penales, administrativas o laborales. Parte de sus conclusiones fueron incorporadas a una investigación judicial que analiza posibles irregularidades en la administración de fondos provenientes de los afiliados de la UOM.
El contrato con USEM fue firmado el 27 de febrero de 2023 y estableció una vigencia de diez años. La compañía recibió funciones vinculadas con la administración de cuentas, preparación de pagos, desembolsos y rendición de operaciones de la UOM y de su obra social. Según el relevamiento, durante 31 meses la firma percibió $2.466.334.995 en concepto de honorarios.
Uno de los aspectos examinados fue el momento de constitución de la empresa. USEM S.A. había sido creada el 7 de diciembre de 2022, apenas 82 días antes de la firma del acuerdo. Su capital estaba dividido en partes iguales entre Adalberto Raúl Braconi, presidente de la sociedad, y María Soledad Calle, directora suplente.
La auditoría señaló además que USEM no registraba una actividad comercial significativa fuera de los contratos celebrados con la UOM y su obra social. El esquema contemplaba tareas de análisis, auditoría y validación de obligaciones, además de la administración de cuentas y ejecución de pagos. Sin embargo, el relevamiento encontró elementos que indicarían que la intervención efectiva de la compañía fue principalmente operativa: recibía instrucciones previamente autorizadas, preparaba archivos, gestionaba transferencias bancarias y enviaba comprobantes.
En cuanto al control interno, se detectaron situaciones en las que las funciones de preparación y autorización de operaciones estaban concentradas en una misma persona. También aparecieron pagos y transferencias sin documentación considerada suficiente para establecer con precisión su objeto, autorización o beneficiarios finales.
Entre las operaciones observadas figuran asientos manuales correspondientes a pagos a proveedores por aproximadamente $149 millones en la UOM y $40 millones en la obra social. También fueron identificadas transferencias a integrantes de USEM por unos $3,7 millones para gastos operativos y peajes que no contaban, según el informe, con respaldos suficientes.
Otro caso bajo análisis corresponde a pagos registrados en mayo de 2026 por alrededor de $98 millones bajo el concepto “Aires del Sur”. El dinero fue distribuido mediante varias transferencias de aproximadamente $1 millón, sin documentación que permitiera reconstruir completamente el destino de los fondos.
El informe también puso el foco en el vínculo de María Soledad Calle, quien fue empleada de la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, simultáneamente, titular del 50% de USEM. Según el relevamiento, la contratación no estuvo acompañada por una compulsa competitiva, comparación formal de precios, evaluación documentada de antecedentes o mecanismos específicos destinados a prevenir conflictos de intereses.
La remuneración de USEM equivalía al 0,50% de los fondos ingresados a los fideicomisos. La auditoría cuestionó que ese mecanismo no estuviera vinculado directamente con la cantidad de operaciones, la complejidad de las tareas, la dotación de personal o resultados verificables. También consignó que las cotizaciones de mercado analizadas contemplaban costos inferiores para estructuras comparables.
El relevamiento incluyó además cuestiones tributarias y contables. Estimó un impacto potencial vinculado al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios de aproximadamente $901 millones para la UOM y $2.011 millones para su obra social entre enero de 2024 y mayo de 2026, aunque aclaró que esas cifras requieren validación fiscal y operativa.
La intervención judicial suspendió preventivamente la operatoria de USEM y recuperó la administración directa de los fondos. En adelante deberá preservar documentación, reconstruir circuitos de autorización, conciliar movimientos y evaluar las medidas correspondientes.
La defensa de Abel Furlán, a cargo del abogado Alejandro Rúa, cuestionó las conclusiones y pidió el cierre de la investigación. Sostuvo que la contratación fue aprobada por los órganos internos de la UOM, que respondió a necesidades vinculadas con un nuevo convenio de fideicomiso y que no existió perjuicio patrimonial. También afirmó que los servicios prestados estuvieron documentados y que el sistema permitió reducir costos y mejorar la operatoria financiera del sindicato.
La controversia, de esta manera, quedó planteada entre las observaciones preliminares de la auditoría y los argumentos de la defensa, mientras la Justicia deberá determinar el alcance de las irregularidades denunciadas y si existieron responsabilidades derivadas de la administración de los fondos sindicales.