Defensa Pública: la reforma que pone bajo la lupa la defensa de policías acusados por violencia institucional
El Senado de Santa Fe dio media sanción a un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que modifica el funcionamiento de la Defensa Pública y habilita la creación de unidades especiales para intervenir en determinados procesos penales. Entre los casos contemplados aparece de manera explícita la asistencia a integrantes de las fuerzas de seguridad acusados en causas relacionadas con violencia institucional.
La iniciativa ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados y vuelve a instalar una discusión que había comenzado meses atrás, cuando el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, cuestionó algunos aspectos del funcionamiento histórico de la Defensa Pública y planteó la necesidad de contar con estructuras especializadas para asistir a policías y agentes penitenciarios involucrados en procesos judiciales.
El proyecto aprobado en la Cámara alta corresponde al Mensaje N° 25/2026 enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro y propone modificaciones a la Ley 13.014. La reforma no está limitada exclusivamente a los integrantes de las fuerzas de seguridad, sino que contempla la posibilidad de crear programas o unidades destinadas a intervenir en litigios complejos, causas de relevancia institucional, situaciones que requieran estrategias unificadas, conflictos de intereses o casos que generen una sobrecarga en las defensorías regionales.
Sin embargo, uno de los puntos que concentra mayor atención es el que permite que esas estructuras intervengan en la defensa de miembros de las fuerzas de seguridad cuando sean acusados en situaciones en las que se alegue violencia institucional.
La propuesta contempla además la creación de ocho cargos de defensores públicos para fortalecer la estructura.
El planteo que había realizado Cococcioni
La discusión no comenzó con el tratamiento legislativo. Durante los últimos meses, Cococcioni había anticipado la intención de avanzar con un esquema específico para policías y penitenciarios imputados en causas vinculadas con violencia institucional.
En aquella oportunidad, el funcionario había cuestionado el funcionamiento histórico de la Defensa Pública y señalado que, desde sus comienzos, el organismo habría desarrollado un enfoque que calificó como contrario a las fuerzas policiales.
Ese planteo generó cuestionamientos en sectores vinculados al sistema de defensa penal, donde se sostuvo que garantizar la asistencia jurídica de los integrantes de las fuerzas no debería implicar modificar la independencia del organismo ni generar estructuras condicionadas por intereses políticos.
El proyecto busca ahora canalizar esa necesidad dentro de la propia Defensa Pública, evitando que la asistencia jurídica de los agentes dependa de contrataciones realizadas directamente por el Ministerio de Seguridad.
La discusión sobre quién debe financiar la defensa
Uno de los antecedentes que vuelve a aparecer en el debate es la utilización de recursos del área de Seguridad para afrontar defensas particulares de policías involucrados en causas judiciales.
Durante la gestión de Pullaro como ministro de Seguridad se habían producido cuestionamientos por el financiamiento de abogados privados para agentes investigados en causas de violencia institucional. Entre los casos mencionados estuvo el expediente relacionado con la desaparición de Franco Casco.
El tema volvió a aparecer durante la actual administración, cuando se admitió que desde el Ministerio de Seguridad se había decidido acompañar económicamente una defensa particular en un caso determinado.
La creación de unidades especializadas dentro de la Defensa Pública plantea una alternativa diferente: que la asistencia jurídica de los agentes quede encuadrada dentro del sistema público de defensa y bajo la estructura institucional de ese organismo.
Una cuestión de autonomía institucional
El punto más delicado de la reforma aparece al analizar la relación entre el Poder Ejecutivo y la Defensa Pública.
La Constitución de Santa Fe reformada en 2025 reforzó la autonomía del Ministerio Público y estableció su carácter de órgano independiente de los poderes del Estado. Dentro de esa estructura funcionan el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa, ambos con independencia entre sí.
Por eso, uno de los interrogantes que deberá abordar Diputados será cómo compatibilizar una iniciativa originada en el Poder Ejecutivo con la autonomía que tiene la Defensa Pública para definir su organización y sus criterios de actuación.
El proyecto establece que será la Defensoría General la que podrá disponer la creación de las unidades especiales, con estructuras de carácter permanente o transitorio y alcance provincial, regional o interregional.
El debate que llega a Diputados
La discusión legislativa tendrá ahora una nueva instancia. La iniciativa deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, donde el debate podría profundizarse sobre el alcance de las nuevas unidades y el criterio con el que deberán intervenir.
El punto de partida es que cualquier integrante de una fuerza de seguridad sometido a un proceso penal tiene derecho a una defensa técnica, al igual que cualquier otra persona acusada de un delito. La discusión pasa por determinar cuál es la estructura adecuada para garantizar ese derecho cuando la imputación está relacionada con el ejercicio de funciones estatales y, particularmente, con hechos de violencia institucional.
La reforma también abre interrogantes sobre los criterios de selección de los casos, el manejo de los recursos y las garantías necesarias para preservar la independencia de los defensores.
Así, lo que comenzó como una propuesta de reorganización de la Defensa Pública terminó instalando una discusión de mayor alcance: cómo debe actuar el Estado cuando debe garantizar la defensa de un integrante de una fuerza de seguridad acusado precisamente de abusar del poder estatal.
Con la media sanción del Senado, el debate quedó formalmente abierto y tendrá ahora su próximo capítulo en la Cámara de Diputados.