Los límites que el Congreso debe imponer

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El episodio protagonizado por Juan Grabois durante el plenario de comisiones que comenzó a debatir una iniciativa vinculada con la soberanía de las Islas Malvinas abrió una discusión que excede largamente el enfrentamiento personal entre diputados. La decisión de La Libertad Avanza de promover su exclusión de la Cámara de Diputados coloca ahora en el centro de la escena una cuestión institucional incómoda pero inevitable: hasta dónde puede llegar la confrontación política antes de convertirse en una perturbación del funcionamiento parlamentario.

El oficialismo fundamentó su proyecto en el artículo 66 de la Constitución Nacional y atribuyó a Grabois un comportamiento que, según sostiene, constituyó un “desorden de conducta” en el ejercicio de su mandato. La iniciativa lleva la firma de la diputada Silvana Giudici y cuenta con el acompañamiento del bloque libertario. Su argumento central es que los insultos dirigidos a autoridades del plenario y a otros legisladores, sumados a los episodios de confrontación física, no pueden ser considerados simplemente como parte de una discusión política intensa.

El punto merece ser observado con cuidado porque el Congreso no es un lugar cualquiera. La deliberación parlamentaria supone necesariamente la existencia de desacuerdos, incluso de desacuerdos profundos y ásperos. En una democracia, un diputado tiene derecho a cuestionar una iniciativa del Poder Ejecutivo, a objetar la posición de otro legislador y a expresar una oposición severa. Pero ese derecho encuentra un límite evidente cuando la discusión deja de producir argumentos y comienza a producir intimidaciones, insultos o enfrentamientos personales.

Eso es precisamente lo que el oficialismo intenta instalar con su pedido contra Grabois. El proyecto no se presenta como una sanción a sus ideas ni como una represalia por su oposición al Gobierno de Javier Milei. Su fundamento, al menos según el texto difundido, se encuentra en la conducta que el diputado habría desplegado dentro de una reunión parlamentaria. La diferencia no es menor. En una Cámara legislativa, expulsar a un representante por sus posiciones políticas sería incompatible con la lógica del pluralismo; discutir una sanción ante una conducta considerada incompatible con el funcionamiento del cuerpo pertenece, en cambio, al terreno institucional.

El plenario del 30 de septiembre exhibió hasta qué punto puede degradarse una discusión cuando los protagonistas abandonan el terreno de los argumentos. El primer episodio se produjo mientras Myriam Bregman exponía sus diferencias con el proyecto sobre Malvinas. La intervención de Jairo Guzmán desde su banca derivó en el desplazamiento de Grabois hacia el legislador libertario y posteriormente en un forcejeo. Más tarde se produjeron nuevos cruces, esta vez con Gerardo Huesen, que terminaron colocando a ambos diputados frente a frente.

No fue solamente una sucesión de palabras fuertes. Hubo una dinámica de provocaciones recíprocas que terminó obligando a otros legisladores a intervenir para evitar que la situación escalara. La reunión, que debía servir para debatir una cuestión de enorme sensibilidad política, quedó así atravesada por una escena que poco tuvo que ver con la deliberación que justificaba la convocatoria.

El segundo episodio terminó de agravar el cuadro. Durante la exposición de Grabois se produjo otro intercambio con Juliana Santillán y con el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata. El micrófono fue apagado ante la imposibilidad de recomponer el clima de la reunión y finalmente el plenario fue levantado. La consecuencia concreta fue que la confrontación entre legisladores terminó interfiriendo con el trabajo de una comisión.

Ese dato es probablemente más relevante que cualquiera de los insultos pronunciados durante la jornada. El Congreso puede soportar una discusión encendida. Lo que difícilmente puede tolerar es que una disputa personal termine paralizando una instancia legislativa. La autoridad de quien preside una comisión depende precisamente de su capacidad para ordenar el debate y garantizar que las distintas posiciones puedan expresarse dentro de reglas mínimas de convivencia.

El artículo 66 de la Constitución ofrece, además, un marco concreto para esta discusión. La norma establece que cada Cámara puede corregir a sus integrantes por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y contempla incluso la posibilidad de excluir a un legislador, aunque exige para ello una mayoría de dos tercios. No se trata, por lo tanto, de una herramienta inventada para esta circunstancia ni de una facultad que pueda ejercerse arbitrariamente.

La dificultad para La Libertad Avanza aparece en otro plano. Según el texto que fundamenta esta discusión, Unión por la Patria cuenta con más de un tercio de las bancas, lo que vuelve matemáticamente imposible alcanzar los dos tercios necesarios para expulsar a Grabois si ese bloque mantiene una posición contraria. El proyecto puede, entonces, avanzar como expresión política del oficialismo, pero su aprobación enfrenta un obstáculo numérico determinante.

Eso no vuelve irrelevante la iniciativa. Incluso si la exclusión resultara inviable, el debate sobre los límites de la conducta parlamentaria queda planteado. El Gobierno y su bloque tienen allí una oportunidad para defender una idea sencilla: la transformación política que propone Javier Milei no debería confundirse con la aceptación de cualquier comportamiento dentro de las instituciones.

El desafío consiste justamente en demostrar que el cambio también puede expresarse mediante reglas, procedimientos y autoridad parlamentaria. Si la discusión pública se convierte en una competencia de insultos, todos los sectores terminan perdiendo. Y si el Congreso permite que los enfrentamientos físicos o las descalificaciones personales sustituyan a los argumentos, la consecuencia no afecta solamente a quienes protagonizan la pelea: afecta al propio funcionamiento de la representación democrática.

La cuestión de fondo, por eso, no debería reducirse a Grabois ni a La Libertad Avanza. El verdadero debate es si el Parlamento será capaz de sostener una discusión política intensa sin convertir cada diferencia en una batalla personal. El proyecto oficialista plantea ese interrogante y obliga a los distintos bloques a fijar posición sobre una cuestión que ninguna mayoría debería considerar menor: la libertad para disentir necesita reglas que permitan que el disenso siga siendo deliberación y no termine convertido en intimidación.