Pullaro se fue al pasto: si sabe quién delinque, que denuncie y deje de señalar

RESUMEN

• Pullaro apuntó contra abogados, contadores y escribanos vinculados, según sus dichos, a organizaciones criminales.
• El gobernador llegó a decirles a los abogados penalistas: “No se hagan los zonzos”.
• Si el gobernador tiene información concreta sobre un delito, lo que corresponde es denunciarlo y aportar las pruebas, no lanzar advertencias generales.
• Combatir al crimen organizado requiere investigación, tecnología, inteligencia y recursos humanos, no convertir a profesiones enteras en blanco del discurso político.
• Y mientras Pullaro habla de perseguir abogados, cabe preguntarse si el Estado provincial está gastando sus recursos con la misma eficacia en todas las áreas, incluidos los millones destinados a los Juegos Odesur.

Si sabe quién delinque, que denuncie

Maximiliano Pullaro se fue absolutamente al pasto.

Una cosa es decir que un abogado, un contador o un escribano participa efectivamente de una organización criminal, lava dinero, transmite mensajes para una banda o forma parte de una estructura delictiva. Si eso ocurre, que se lo investigue, se lo impute y, si corresponde, se lo condene. Nadie tiene coronita por ser abogado, contador, escribano, empresario, funcionario o lo que sea.

Pero otra cosa muy distinta es que el gobernador de una provincia salga públicamente a señalar a profesionales y les diga “no se hagan los zonzos”, como si estuviera dando una clase de autoridad moral desde un escenario político.

Porque hay una pregunta elemental que Pullaro debería contestar.

Si el gobernador sabe quiénes son esos abogados, contadores o escribanos que están cometiendo delitos, ¿por qué no los denuncia?

No hace falta hacer una conferencia de prensa. No hace falta amenazar. No hace falta señalar a una profesión entera. Hay fiscalías, policías, investigadores, organismos de inteligencia y mecanismos judiciales para hacerlo.

Y si tiene conocimiento concreto de un delito, especialmente siendo funcionario público, lo que corresponde es poner esa información en conocimiento de la Justicia. Eso es precisamente lo que reclamaron los abogados penalistas de Rosario en respuesta a sus declaraciones.

Ahora bien, hay que ser jurídicamente precisos: no alcanza con afirmar que por no denunciar automáticamente se configura el delito de encubrimiento. Eso dependerá de las circunstancias concretas, del conocimiento que tenga el funcionario y de las obligaciones legales que resulten aplicables. Pero políticamente la pregunta es inevitable: si el gobernador posee información sobre delitos concretos, ¿qué está esperando para llevarla ante un fiscal?

Porque gobernar no es jugar a las escondidas.

El abogado que defiende no es necesariamente parte de la banda

Pullaro intentó aclarar que no hablaba del derecho de defensa sino de quienes efectivamente forman parte de las organizaciones criminales.

Perfecto.

Entonces que lo diga así y que actúe en consecuencia.

Porque defender a un delincuente no convierte al abogado en delincuente. Para eso existe precisamente el sistema judicial. El abogado tiene derecho a ejercer la defensa de una persona acusada, incluso cuando esa persona está acusada de los delitos más aberrantes.

Otra cosa es que el profesional sea parte de la organización criminal.

Pero para determinar eso no está el gobernador. Está la Justicia.

Y para que la Justicia pueda determinarlo hacen falta pruebas, investigaciones, escuchas autorizadas judicialmente cuando correspondan, análisis patrimonial, inteligencia criminal, seguimiento financiero, peritajes, tecnología y fiscales y policías preparados.

No hace falta que Pullaro se convierta en comentarista de abogados.

Hace falta que el Estado haga su trabajo.

Menos discursos y más inteligencia criminal

Si realmente el objetivo es desarmar las organizaciones criminales desde arriba, hay que perseguir el dinero, seguir las estructuras financieras, detectar testaferros, analizar movimientos patrimoniales y utilizar toda la tecnología disponible.

Eso sí es combatir al crimen organizado.

Lo otro corre el riesgo de convertirse en una puesta en escena discursiva.

Porque señalar abogados y contadores desde un escenario puede generar aplausos. Desarmar una estructura criminal requiere meses de investigación, información cruzada, tecnología y recursos humanos.

Y acá aparece una contradicción que Pullaro debería explicar.

Mientras habla de la necesidad de poner todos los recursos del Estado detrás de la lucha contra el delito, Santa Fe acaba de atravesar un acontecimiento como los Juegos Odesur, con una gigantesca movilización de recursos públicos y una inversión que generó fuertes cuestionamientos políticos sobre prioridades y costos.

¿Cuánto de ese dinero podría haberse destinado a tecnología, inteligencia criminal, equipamiento, capacitación y recursos humanos?

No es una pregunta menor.

Porque si la discusión es dónde poner la plata del Estado, también hay que discutir las prioridades.

Pullaro debería entender que el enemigo es el delito, no una profesión

Los colegios profesionales fueron claros: no defienden ni pretenden encubrir a quienes delinquen. Lo que cuestionan es que la condición de abogado, contador o escribano pueda convertirse en una presunción de criminalidad.

Y tienen razón en una cuestión básica: en un Estado de Derecho se persigue a las personas por sus conductas, no por la profesión que ejercen.

Si un abogado lleva mensajes de una banda, que vaya preso.

Si un contador lava dinero, que sea investigado.

Si un escribano participa conscientemente de una estructura criminal, que responda ante la Justicia.

Pero pruébenlo.

Eso es lo que diferencia a un Estado de Derecho de un Estado donde la acusación pública reemplaza a la investigación.

Pullaro tiene todo el derecho del mundo a ser duro contra el narcotráfico y el crimen organizado. Más todavía: la sociedad espera que el gobernador sea implacable contra quienes utilizan la violencia y el delito para someterla.

Pero ser duro no significa ser imprudente.

La verdadera mano dura no consiste en señalar. Consiste en investigar, probar, detener y condenar dentro de la ley.

Y si el gobernador sabe quiénes son los abogados, contadores o escribanos que están metidos hasta el cuello en organizaciones criminales, la solución es bastante sencilla:

Que presente las pruebas. Que haga las denuncias. Que deje actuar a la Justicia.

Porque una cosa es combatir al delito.

Y otra muy distinta es hacer política con acusaciones que deberían terminar en una fiscalía.

Pullaro debería saberlo mejor que nadie.

Menos “no se hagan los zonzos” y más expedientes, pruebas, inteligencia y condenas.

Ahí es donde se demuestra de verdad quién está dispuesto a combatir al crimen.