Seguridad, otra vez en el centro de la agenda de Pullaro tras el operativo en Newell’s

Entre la agenda institucional, la obra pública, la reforma constitucional y las discusiones electorales, hay un tema que vuelve una y otra vez al centro de la gestión de Maximiliano Pullaro: la seguridad.

Después de una semana atravesada por anuncios y definiciones políticas, el gobierno provincial volvió a concentrar su atención en esa área a partir de los incidentes registrados en las inmediaciones del club Newell’s Old Boys. El episodio obligó a las autoridades a reconocer que existieron aspectos del operativo que deberán ser revisados y abrió la puerta a una investigación sobre el accionar de los efectivos involucrados.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que los policías tenían respaldo legal para ingresar al club debido a que se encontraban persiguiendo a personas vinculadas, presuntamente, con un delito cometido en situación de flagrancia. Bajo esa interpretación, los agentes no necesitaban solicitar autorización para ingresar al establecimiento.

Sin embargo, la discusión no termina en la existencia de una facultad legal. También aparece el modo en que esa herramienta es utilizada y el criterio aplicado por los agentes en cada circunstancia.

Una facultad que exige criterio

La normativa contempla determinadas situaciones en las que la Policía puede ingresar a un inmueble sin contar previamente con una orden judicial. Se trata, por ejemplo, de casos en los que una persona perseguida por un delito ingresa a una vivienda para intentar escapar, cuando desde el interior se solicita auxilio o ante situaciones de emergencia como incendios o inundaciones.

Es una potestad de importancia porque implica un margen de decisión considerable para los efectivos que intervienen. Por esa razón, su aplicación requiere capacitación, responsabilidad y capacidad para evaluar el contexto.

En el caso ocurrido en Newell’s, las imágenes difundidas posteriormente generaron interrogantes sobre la forma en que se desarrolló el procedimiento. Más allá de la discusión jurídica acerca de las facultades policiales, el Gobierno deberá determinar si la actuación concreta de los agentes se ajustó a los protocolos y criterios establecidos.

Por ese motivo, la administración provincial anticipó una investigación y no descartó la aplicación de sanciones si se comprueban irregularidades.

El fútbol y una discusión que excede a la Policía

El episodio también volvió a poner bajo la lupa el comportamiento de los distintos actores del fútbol rosarino.

La actuación de las dirigencias de Central y Newell’s merece un análisis separado y excede el eje principal de la discusión sobre el operativo policial. Sin embargo, el episodio volvió a mostrar hasta qué punto las declaraciones públicas, los comunicados, los silencios y las publicaciones en redes sociales pueden contribuir a aumentar o reducir la tensión alrededor de situaciones de este tipo.

Para el gobierno de Pullaro, el episodio representa un nuevo desafío en uno de los principales ejes de su gestión. La cuestión ya no pasa solamente por qué herramientas legales tiene la Policía, sino también por cómo se utilizan, qué controles existen sobre los procedimientos y qué nivel de profesionalismo se exige a los efectivos en escenarios de alta conflictividad.

Así, mientras la agenda provincial continúa sumando otros temas, la seguridad vuelve a ocupar un lugar central en el debate político santafesino.