La CGT mide hasta dónde puede desafiar a Milei

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La relación entre el Gobierno y la CGT atraviesa uno de esos momentos en los que nadie quiere romper del todo, pero tampoco nadie está dispuesto a conceder demasiado. El sindicalismo sabe que Javier Milei modificó las reglas de juego y que la vieja capacidad de presión de las organizaciones gremiales ya no funciona con la misma eficacia. El Gobierno, por su parte, conoce el poder de la estructura sindical, pero parece decidido a demostrar que no está dispuesto a reconocerle privilegios por el solo hecho de haberlos ejercido durante décadas.

Por ahora, esa tensión no se transformó en un nuevo paro general. El último había ocurrido el 19 de febrero y, desde que la CGT y las dos CTA pusieron en marcha su plan de lucha el 22 de julio, la estrategia estuvo más cerca de la demostración de fuerza controlada que de una confrontación abierta. Hubo movilizaciones, algunas concentraciones sectoriales y nuevos acompañamientos anunciados, pero no una huelga capaz de paralizar al país y convertir al sindicalismo en el principal adversario político del Presidente.

La explicación es menos misteriosa de lo que podría parecer. En la conducción cegetista todavía consideran que no existe un clima social suficientemente favorable para garantizar que un paro general sea exitoso. Hay malestar por la situación económica y laboral, pero el malestar no siempre se transforma en disposición a perder un día de salario. Mucho menos cuando están en juego el presentismo, el temor a descuentos y, en determinados sectores, el riesgo de que una medida de fuerza tenga consecuencias sobre la continuidad laboral.

Ese cálculo tiene además una dimensión política que excede la relación entre los sindicatos y el Gobierno. La CGT necesita llegar a la discusión electoral de 2027 con capacidad de negociación dentro del peronismo. Allí se definirán candidaturas y listas legislativas y los dirigentes sindicales pretenden recuperar un protagonismo que durante los últimos años quedó parcialmente desplazado. Pero para sentarse en esa mesa deberán demostrar que conservan poder real.

Ese es, probablemente, uno de los dilemas más incómodos que enfrenta hoy la dirigencia sindical. Si convoca a un paro y la adhesión resulta insuficiente, puede quedar expuesta ante el propio peronismo. Si no lo convoca, corre el riesgo de transmitir que ya no tiene capacidad para condicionar al Gobierno. El problema no es solamente cómo enfrentar a Milei, sino cómo convencer a los dirigentes políticos de que la CGT continúa siendo un actor imprescindible para cualquier proyecto de poder.

En ese contexto debe interpretarse el acuerdo alcanzado en julio sobre algunos aspectos de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral. El decreto 612 permitió preservar intereses vinculados con el financiamiento sindical y abrió una etapa de mayor negociación con el oficialismo, asociada también con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. La CGT encontró allí un motivo para evitar una escalada inmediata y ensayar una modalidad de protesta menos frontal.

La estrategia tuvo algo de prudencia y algo de necesidad. Movilizar sin paralizar puede ser una manera de conservar presencia sin arriesgar una derrota. Pero ese equilibrio comenzó a complicarse a partir de dos decisiones recientes del Gobierno que encendieron nuevas señales de alarma entre los sindicalistas.

Una de ellas está vinculada con el conflicto en torno a la conducción de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, encabezada por Luis Barrionuevo. La decisión oficial de preparar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impedir la certificación de autoridades del gremio fue interpretada en la CGT como algo más que una disputa administrativa o judicial. Para la dirigencia sindical, el antecedente puede convertirse en una cuestión de fondo: hasta dónde está dispuesto el Poder Ejecutivo a avanzar sobre decisiones relacionadas con la vida interna de los sindicatos.

La otra señal llegó con el alejamiento de Claudia Testa de la Subsecretaría de Trabajo. Más allá de las explicaciones oficiales sobre una reestructuración, en la CGT la salida fue leída como la pérdida de una interlocutora que conocía desde adentro las particularidades del mundo sindical y empresarial. Las nuevas designaciones tampoco contribuyeron a tranquilizar a la dirigencia gremial, que observa con desconfianza la llegada de funcionarios a los que atribuye una mayor cercanía con el sector empresario.

El Gobierno, entretanto, parece haber tomado una decisión política: no modificar el rumbo por las objeciones sindicales. La advertencia oficial es sencilla y, a la vez, contundente: los tiempos cambiaron y la Secretaría de Trabajo ya no puede ser considerada un territorio reservado para la dirigencia gremial. Esa concepción choca directamente con una tradición de poder sindical acostumbrada a tener interlocutores permanentes y capacidad de influencia sobre las decisiones laborales.

La CGT entiende perfectamente ese mensaje. Por eso no parece dispuesta a reaccionar de inmediato. La visita del Papa León XIV aparece como un límite temporal y político antes de cualquier endurecimiento. Después de noviembre, sin embargo, el escenario podría modificarse. La segunda quincena de ese mes ya aparece como una ventana posible para una nueva medida de fuerza.

El verdadero interrogante no es, entonces, si habrá un quinto paro general. La cuestión más profunda es quién necesita más al otro: un Gobierno que pretende avanzar con su programa sin aceptar tutelas corporativas o una CGT que necesita demostrar que todavía conserva la capacidad de hacerle pagar un costo político a la administración de Milei.

Hasta ahora, ambos han preferido evitar una ruptura definitiva. El oficialismo negoció cuando lo consideró conveniente y el sindicalismo protestó sin llevar la confrontación hasta sus últimas consecuencias. Pero ese equilibrio tiene fecha de vencimiento si las señales de hostilidad continúan acumulándose. La CGT deberá decidir si vuelve a jugar fuerte, aun con el riesgo de perder, o si conserva una capacidad de diálogo que puede ser útil para la batalla política de 2027.

En esa decisión se juega bastante más que un paro. Se juega la medida real del poder sindical en la nueva Argentina.