Milei prepara una ofensiva judicial internacional para frenar el proyecto Sea Lion

• La Argentina se prepara para solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.
• El Gobierno otorgó al Reino Unido un plazo de dos semanas para detener las actividades vinculadas con la explotación hidrocarburífera.
• La estrategia combina un arbitraje bajo la CONVEMAR con un pedido urgente para preservar los derechos argentinos.
• La primera producción comercial de Sea Lion está prevista para el primer trimestre de 2028 y el proyecto cuenta con inversiones comprometidas.
• La jurisdicción del Tribunal constituye un desafío, porque no puede resolver directamente la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas.
• Una eventual decisión provisional podría restringir actividades mientras se tramita el arbitraje, pero no resolvería definitivamente la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

El Gobierno de Javier Milei se encamina a profundizar la disputa con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas, luego de que venza el plazo de dos semanas otorgado a Londres para detener las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion. La Cancillería prepara una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que impidan el avance del emprendimiento mientras se tramita el arbitraje internacional impulsado por la Argentina.

El vencimiento del plazo diplomático no activará automáticamente la intervención judicial. La administración libertaria deberá formalizar el pedido, fundamentar la urgencia y demostrar que la continuidad de las actividades hidrocarburíferas puede ocasionar perjuicios a los derechos que reclama el país. Si la presentación se concreta durante octubre, una primera resolución podría conocerse en noviembre, aunque no existe un plazo fijo que garantice ese resultado.

La estrategia fue anunciada el 28 de septiembre, cuando Milei instruyó al canciller Pablo Quirno y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo es cuestionar las actividades de Sea Lion y otras decisiones vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área disputada.

La iniciativa contempla dos instancias. Por un lado, el arbitraje internacional, que deberá analizar la controversia de fondo y cuyo desarrollo podría extenderse durante años. Por otro, la solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, que puede intervenir antes de que se constituya el tribunal arbitral si considera que existen condiciones para adoptar medidas urgentes.

El Gobierno buscará demostrar que la extracción de hidrocarburos puede generar consecuencias irreversibles. Entre los argumentos que prepara figuran el carácter no renovable del petróleo, los efectos de las perforaciones sobre el lecho y el subsuelo marino y la necesidad de preservar los derechos argentinos mientras continúa sin resolverse la disputa.

La posición de Buenos Aires también se apoya en las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocieron la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas y exhortaron a las partes a encontrar una solución negociada. En particular, la Resolución 31/49 pidió evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras permaneciera pendiente el proceso recomendado por la Asamblea General.

Sin embargo, la estrategia enfrenta un desafío jurídico: el Tribunal del Derecho del Mar no tiene competencia general para determinar a quién pertenecen las islas. La Argentina deberá encuadrar su planteo en las obligaciones marítimas establecidas por la CONVEMAR, sin solicitar que esa instancia resuelva directamente la soberanía territorial. El Reino Unido podría cuestionar la jurisdicción del tribunal si considera que el reclamo exige pronunciarse previamente sobre esa disputa.

El antecedente de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012, constituye una referencia para la estrategia oficial. En aquella oportunidad, la Argentina obtuvo una medida provisional que ordenó la liberación inmediata del buque antes de que concluyera el arbitraje. También existe un antecedente relacionado con la explotación de hidrocarburos: en una controversia entre Costa de Marfil y Ghana, una instancia del Tribunal dispuso restricciones a nuevas perforaciones en un área marítima disputada.

El conflicto actual tiene una dimensión económica significativa. Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y su primera producción comercial está prevista para el primer trimestre de 2028. El desarrollo está a cargo de Navitas Petroleum, de Israel, que posee el 65% y opera el proyecto, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, titular del 35% restante.

Las compañías adoptaron a fines de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa, que contempla once pozos submarinos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo. Además, avanzaron con nuevas inversiones para ampliar la infraestructura necesaria para desarrollar el yacimiento.

Las acciones diplomáticas argentinas ya tuvieron repercusiones sobre algunas contrataciones. Halliburton comunicó que ninguna de sus filiales prestaría servicios al proyecto, mientras que Navitas reconoció dificultades con determinados contratistas y señaló que procuraba reemplazarlos. No obstante, la empresa israelí sostuvo que continuaba adelante con el desarrollo, con el respaldo del Gobierno británico y de las autoridades de las islas.

En paralelo, la elección de la jurista argentina Frida María Armas Pfirter como vicepresidenta del Tribunal para el período 2026-2029 representó una novedad institucional, aunque no implica una ventaja para el país ni anticipa el resultado de una eventual presentación.

La próxima etapa dependerá de la capacidad de la Cancillería para fundamentar jurídicamente la solicitud y obtener una decisión favorable. El objetivo inmediato de Milei es impedir que el proyecto avance hacia la fase de perforación y extracción sin esperar el resultado de un arbitraje que podría prolongarse durante años.