El Gobierno y la oposición se disputan la agenda del Congreso.

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La decisión de la Corte Suprema de restablecer provisoriamente las restricciones a la venta de tierras a extranjeros modificó el escenario político, pero no desactivó la ofensiva opositora contra el mega DNU 70 de Javier Milei. En el Congreso, el fallo abrió una nueva disputa por el control de la agenda legislativa: mientras el peronismo insiste en que la derogación del decreto sigue siendo necesaria, el oficialismo busca aprovechar el cambio de circunstancias para quitarle impulso a la sesión convocada para el 15 de octubre y trasladar el debate a su propio terreno, con una convocatoria más amplia prevista para el día 21.

La discusión no pasa solamente por el alcance jurídico de una cautelar. Lo que está en juego es quién consigue imponer las condiciones del debate y convertir una iniciativa parlamentaria en una demostración de fuerza política. Desde Unión por la Patria sostienen que la resolución judicial tiene carácter transitorio y que no existe una definición definitiva sobre el fondo de la cuestión. Por eso consideran que confiar en la intervención de los tribunales sería una apuesta demasiado frágil para garantizar que las restricciones a la venta de tierras permanezcan vigentes. Su argumento apunta directamente al corazón de la discusión: si el Congreso no modifica el escenario legislativo, la protección dependerá de una decisión judicial que todavía puede cambiar.

En el peronismo también interpretan que la convocatoria a sesionar y la presión social contribuyeron a que el máximo tribunal revisara su posición anterior. Desde esa lectura, el fallo no solamente respondió a un reclamo sobre la legislación de tierras, sino que además introdujo un elemento favorable para la estrategia del Gobierno. La oposición sostiene que la resolución puede funcionar como una válvula de escape para los diputados que hasta ahora estaban dispuestos a acompañar la sesión, pero que podrían encontrar en la decisión judicial una excusa para evitar una confrontación directa con la Casa Rosada.

El problema para quienes impulsan la derogación es que la política parlamentaria no se ordena únicamente alrededor de argumentos jurídicos. Los gobernadores y los bloques provinciales tienen sus propios intereses, necesidades fiscales y relaciones con el Ejecutivo nacional. Los sectores opositores más decididos conocen desde el comienzo que no cuentan con los votos suficientes para abrir el recinto sin el respaldo de diputados que no integran el núcleo duro del rechazo al Gobierno. La dificultad consiste en transformar una coincidencia parcial sobre determinados temas en una mayoría capaz de sostener una decisión de semejante alcance.

Por esa razón, la convocatoria opositora incorporó cuestiones que tienen una repercusión social inmediata, como el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad. La apuesta consiste en que la sensibilidad de esos asuntos obligue a los legisladores a asumir una posición pública y complique las maniobras destinadas a postergar el debate. Sin embargo, la estrategia enfrenta una contradicción: ampliar la agenda permite atraer apoyos, pero también multiplica las diferencias entre sectores que no necesariamente comparten una misma visión sobre el conjunto de las reformas impulsadas por Milei.

El oficialismo, mientras tanto, trabaja para recuperar la iniciativa. Su intención es avanzar el miércoles con los dictámenes de los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con Malvinas, y reunirlos en una sesión amplia el 21 de octubre. En esa misma convocatoria buscaría tratar su propuesta sobre discapacidad y el proyecto referido al endeudamiento y la mora. La maniobra tiene una lógica política evidente: ofrecer una agenda propia sobre asuntos que también preocupan a la oposición y conseguir que los bloques aliados se abstengan de facilitar el quórum del día 15.

La disputa por la cantidad de legisladores disponibles muestra hasta qué punto la diferencia puede definirse por un puñado de voluntades. La convocatoria opositora reúne una base de 112 diputados, con expectativas de sumar apoyos de representantes misioneros y cordobeses. El oficialismo, por su parte, se mueve alrededor de los 120 integrantes. En ese tablero, los bloques vinculados con los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz aparecen como actores determinantes. Sin su participación, la oposición puede tener argumentos políticos, respaldo de sectores sociales y una agenda de reclamos, pero aun así quedarse sin la posibilidad de abrir el recinto.

Las imágenes de los mandatarios que participaron de la gira presidencial por París junto a funcionarios del Ejecutivo alimentan el escepticismo entre los opositores. No constituyen, por sí solas, una garantía sobre el comportamiento de sus diputados, pero refuerzan la percepción de que la Casa Rosada conserva capacidad para negociar con las provincias y condicionar sus decisiones. La oposición se enfrenta así a una dificultad que excede el debate sobre las tierras: necesita construir una mayoría parlamentaria en un escenario donde varios de sus posibles aliados prefieren preservar sus vínculos con el Gobierno antes que involucrarse en una confrontación de resultado incierto.

La discapacidad podría convertirse en el punto de quiebre. El Consejo Federal de Discapacidad, que reúne a representantes de las 24 jurisdicciones, ratificó el 8 de octubre que la prórroga de la emergencia es la alternativa más adecuada. A esa posición se sumaron organizaciones como REDI, FAICA, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, RALS y Andar, que cuestionaron el dictamen oficialista por considerar que fue elaborado sin la consulta exigida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También el Área Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social pidió al Ministerio de Salud que sostenga la prórroga.

Esos pronunciamientos aportan argumentos a quienes intentan convencer a los diputados provinciales, aunque no garantizan que los votos necesarios aparezcan. El desafío consiste en transformar las objeciones sociales e institucionales en una decisión parlamentaria concreta. Si la oposición fracasa en reunir el quórum, podrá volver a intentarlo, pero habrá dejado en evidencia los límites de una estrategia que depende de voluntades ajenas. Si logra abrir el recinto, en cambio, obligará al Gobierno a enfrentar una discusión que busca administrar desde su propia agenda.

La Corte restituyó provisoriamente una restricción, pero no resolvió la disputa política que rodea al mega DNU. Milei todavía puede aprovechar la división opositora para ordenar el calendario legislativo a su favor, mientras sus adversarios intentan demostrar que el fallo no vuelve innecesario el control del Congreso. La verdadera prueba no será quién celebra primero la decisión judicial, sino quién consigue reunir los votos para convertir su interpretación del conflicto en una resolución efectiva.