Bancos cómplices: endeudaron a las familias y le dejaron la bomba a Mile
Hay un problema que crece silenciosamente en la Argentina y que, tarde o temprano, ocupará un lugar central en la discusión política: el endeudamiento de las familias. Millones de argentinos tienen compromisos financieros, acumulan cuotas que no pueden pagar y ven cómo los intereses convierten una deuda inicialmente manejable en una verdadera pesadilla económica.
Los números oficiales comienzan a mostrar la dimensión del fenómeno. Y aunque Javier Milei sostenga que las deudas son un problema entre particulares, una posición que comparto en cuanto a que el Estado no debe convertirse en un salvavidas financiero permanente, hay algo que no puede dejarse de lado: que el Estado no deba pagar las deudas no significa que deba permanecer indiferente frente a posibles abusos del sistema financiero.
Esa es la diferencia que el Gobierno debería comprender.
Los números que encienden las alarmas
El informe de inclusión financiera del Banco Central correspondiente al segundo semestre de 2025 ofrece una radiografía que merece atención.
20,3 millones de personas tenían financiamiento registrado en diciembre de 2025, una cifra cercana al máximo histórico de 20,4 millones alcanzado en mayo de 2024.
El 54,7% de la población adulta contaba con financiamiento registrado.
$4,1 millones era el saldo promedio de deuda por persona con financiamiento, expresado en pesos constantes de diciembre de 2025. Ese promedio aumentó un 24,7% durante 2025.
14,8 millones de personas tenían financiamiento mediante tarjetas de crédito y 11,9 millones registraban préstamos personales. Una misma persona puede figurar en ambas categorías.
BCRA
Estos datos no significan que todos esos argentinos estén en mora ni que todo crédito sea perjudicial. El acceso al financiamiento también permite comprar bienes, afrontar gastos extraordinarios y desarrollar actividades económicas.
Pero sí revelan la enorme cantidad de personas que mantienen compromisos financieros y la importancia que adquirió el crédito en la economía cotidiana.
La preocupación aparece cuando ese financiamiento deja de ser una herramienta y se transforma en una obligación que los ingresos familiares ya no pueden sostener.
Y hay otro dato todavía más preocupante.
Según el Informe sobre Bancos del Banco Central, en julio de 2026 la morosidad de los créditos bancarios a las familias alcanzó el 12,9%. En el caso de las empresas, el indicador fue del 3,6%. Es decir, la irregularidad crediticia de los hogares era considerablemente superior a la del sector empresario.
La comparación es contundente: detrás de los porcentajes hay personas que no consiguen cumplir con sus cuotas, familias que recurren a nuevos préstamos para cancelar obligaciones anteriores y trabajadores que ven comprometida una parte creciente de sus ingresos.
El problema ya no puede analizarse solamente desde la contabilidad de los bancos. También debe examinarse desde la realidad económica de los hogares.
Cuando el crédito se convierte en una trampa
Los bancos son empresas privadas. Prestan dinero, asumen riesgos y tienen derecho a cobrar por sus servicios. Nadie discute eso. Tampoco se puede pretender que el Estado se haga cargo de cada obligación que una persona contrajo y después no pudo cumplir.
Pero una cosa es otorgar un crédito y otra muy distinta es conceder préstamos con tasas de interés que pueden terminar haciendo imposible cualquier devolución razonable.
¿Los bancos evaluaron adecuadamente la capacidad de pago de sus clientes? ¿Otorgaron créditos a personas que ya tenían comprometida buena parte de sus ingresos? ¿Qué responsabilidad les corresponde cuando la deuda crece hasta volverse impagable?
Son preguntas que merecen respuestas.
Desde mi perspectiva, el sistema financiero debe explicar cómo se llegó a esta situación y qué criterios utilizó para prestar dinero a personas cuya capacidad de pago podía resultar insuficiente desde el primer momento.
Cabe investigar si existieron prácticas abusivas y si determinadas tasas, cargos o mecanismos de refinanciación vulneraron los derechos de los consumidores. No corresponde afirmar que todos los bancos actuaron de la misma manera ni atribuirles una intención deliberada sin pruebas. Pero tampoco corresponde cerrar los ojos ante situaciones que merecen ser examinadas.
Cuando los intereses crecen más rápido que los ingresos, el crédito deja de ser una solución y puede convertirse en una condena financiera.
El Estado no tiene que pagar las deudas, pero sí garantizar los derechos
En este punto coincido con Milei: el Estado no debería convertirse en una caja de rescate permanente para quienes no pueden afrontar sus obligaciones privadas.
Si alguien pidió dinero, debe comprender que asumió un compromiso. La responsabilidad individual importa y no puede desaparecer de la discusión económica.
Sin embargo, la responsabilidad del deudor no elimina la responsabilidad que puede corresponderle al acreedor.
Un contrato no habilita cualquier conducta. Los bancos, como cualquier empresa, deben respetar la legislación vigente, los derechos de los consumidores y las reglas que rigen la actividad financiera.
Por eso, el debate no debería plantearse entre quienes quieren que el Estado pague las deudas y quienes pretenden que no haga absolutamente nada.
Existe un camino diferente: garantizar que cada persona tenga herramientas reales para defenderse cuando considere que se han vulnerado sus derechos.
El Gobierno debe asegurar que los organismos de Defensa del Consumidor y las autoridades competentes en materia de lealtad comercial cumplan sus funciones dentro de las atribuciones que les corresponden.
No se trata de perseguir a los bancos ni de desconocer contratos legítimos. Se trata de verificar que las condiciones pactadas sean legales, que la información brindada al consumidor sea adecuada y que no existan cláusulas, cargos o prácticas abusivas.
La libertad económica también debe significar libertad frente al abuso.
Judicializar las deudas: que sea la Justicia la que determine si hubo abusos
Hay otra cuestión que considero fundamental: facilitar el acceso a la Justicia.
Si una persona entiende que los intereses aplicados a su deuda son desproporcionados, que existen cargos injustificados o que se vulneraron sus derechos como consumidor, debe contar con mecanismos accesibles para plantear su situación ante los tribunales.
Será la Justicia, después de analizar cada contrato, las tasas aplicadas, las circunstancias del caso y la legislación correspondiente, la que determine si existió un abuso y qué consecuencias jurídicas corresponde establecer.
No todas las deudas son iguales. No todos los contratos presentan las mismas condiciones. Y no toda tasa elevada constituye, por sí sola, un delito.
Precisamente por eso se necesita un análisis serio, individual y fundado en derecho.
Lo que no puede ocurrir es que una familia se sienta indefensa frente a una entidad financiera simplemente porque no dispone de recursos para afrontar un reclamo judicial.
El Estado puede promover asesoramiento, mediación, vías administrativas de reclamo y mecanismos de defensa del consumidor. Eso no significa asumir las deudas ajenas. Significa hacer cumplir la ley.
La economía también se mide en la mesa de cada familia
Los indicadores macroeconómicos son importantes. El equilibrio fiscal, la inflación, la inversión y la recuperación del crédito forman parte de cualquier programa económico.
Pero hay una realidad que no puede quedar afuera de esa discusión: la vida cotidiana de las familias.
Una persona que cobra su sueldo y descubre que una parte sustancial ya está comprometida por préstamos, tarjetas, débitos automáticos e intereses tiene cada vez menos margen para comprar alimentos, pagar servicios, sostener su vivienda o atender su salud.
Y cuando esa situación se multiplica en miles de hogares, deja de ser solamente un problema individual. Se convierte en un fenómeno económico y social que merece atención.
Una familia endeudada puede consumir menos, postergar decisiones, perder capacidad de ahorro y vivir con una incertidumbre permanente.
El crédito puede impulsar la actividad económica, pero cuando se transforma en una carga imposible de sostener, también puede convertirse en un obstáculo para la recuperación que el propio Gobierno pretende consolidar.
El desafío político de Milei
El Gobierno tiene derecho a defender su visión de la economía y a sostener que las relaciones entre privados deben resolverse respetando los contratos y las normas vigentes.
Pero esa posición exige coherencia: si el Estado no debe intervenir para rescatar a los deudores, tampoco puede desentenderse de su obligación de garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los consumidores.
El endeudamiento familiar puede convertirse en una de las grandes discusiones económicas y sociales de cara a la próxima elección presidencial.
No se trata de anticipar resultados electorales. Se trata de advertir que la situación económica de los hogares forma parte de la evaluación cotidiana que los ciudadanos hacen de cualquier gobierno.
La gente no vive de estadísticas. Vive de su sueldo, de lo que puede comprar, de las cuotas que debe pagar y de la posibilidad de llegar a fin de mes.
Los datos del Banco Central muestran que el financiamiento alcanza a más de la mitad de la población adulta y que la morosidad de los hogares se encuentra muy por encima de la registrada entre las empresas. Es una señal que merece atención, aunque por sí sola no permita establecer las causas de cada incumplimiento ni responsabilizar a un único actor.
Si el programa económico consigue estabilizar variables fundamentales, pero una parte importante de las familias continúa atrapada en deudas que no puede afrontar, esa realidad seguirá formando parte de la discusión pública.
Y sería un error político ignorarla.
Una propuesta concreta: ni salvataje ni abandono
La solución no consiste en perdonar indiscriminadamente las deudas, obligar a los bancos a prestar sin evaluar riesgos ni trasladar las pérdidas privadas al conjunto de los contribuyentes.
La solución pasa por otro lado:
Fortalecer Defensa del Consumidor y los controles sobre las prácticas comerciales.
Facilitar el acceso a la Justicia para cuestionar intereses, cargos y cláusulas cuando existan fundamentos jurídicos.
Promover acuerdos de refinanciación que permitan recuperar la capacidad de pago sin perpetuar el endeudamiento.
Investigar las prácticas de otorgamiento de crédito cuando existan indicios concretos de irregularidades.
Garantizar información transparente para que cada ciudadano conozca el costo real del dinero que solicita y las consecuencias de asumir una obligación.
No es una propuesta contra los bancos. Es una propuesta a favor de reglas claras, contratos legítimos y ciudadanos con derechos efectivos.
Porque una economía de mercado necesita empresas sólidas, pero también consumidores protegidos y una Justicia capaz de actuar cuando corresponde.
La verdadera libertad también consiste en poder defenderse
Javier Milei sostiene una concepción del Estado que privilegia la libertad económica y limita su intervención en las relaciones privadas. Esa visión puede convivir con una política firme de protección de los derechos cuando existen posibles abusos.
No hay contradicción entre exigir responsabilidad a quien toma un crédito y exigir responsabilidad a quien lo concede.
Tampoco hay contradicción entre defender la propiedad privada y reclamar que los contratos se ajusten a la ley.
La verdadera discusión no es si el Estado debe pagar las deudas de los argentinos. La discusión es si debe garantizar que existan mecanismos eficaces para que nadie quede indefenso frente a una práctica financiera ilegal o abusiva.
Mi posición es clara: las deudas son, en principio, una cuestión entre particulares; la defensa de los derechos, el cumplimiento de la ley y el acceso a la Justicia son responsabilidades que el Estado no puede abandonar.
El Gobierno no tiene que resolver cada deuda. Tiene que garantizar que existan caminos para resolverlas legalmente.
Porque detrás de cada tarjeta, de cada préstamo y de cada refinanciación hay una persona, una familia y una historia que no siempre aparece en los números de la economía.
Y cuando millones de argentinos tienen compromisos financieros y la morosidad de los hogares alcanza niveles preocupantes, el mensaje es claro: el endeudamiento familiar merece ocupar un lugar central en la agenda económica.
Ignorarlo no hará que desaparezca.