JUDICIALES Ricardo ZIMERMAN 17 de noviembre de 2026

La justicia confirmó la cuota alimentaria y revocó el curso de masculinidades impuesto al abogado

La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia de Lomas de Zamora dejó sin efecto la obligación de realizar un curso de masculinidades que había sido impuesta en primera instancia al abogado de un hombre demandado por alimentos. El tribunal consideró que los argumentos utilizados en la contestación de la demanda no contenían expresiones ofensivas, discriminatorias ni estigmatizantes que justificaran esa medida. Sin embargo, confirmó la cuota alimentaria y los demás aspectos centrales de la sentencia.

La decisión fue adoptada por la Sala I, a partir del voto del juez Carlos Ricardo Igoldi, al que adhirió Rodiño. El expediente había generado una controversia por las expresiones relacionadas con la situación personal y económica de la madre, su decisión de mudarse a más de 45 o 50 kilómetros del antiguo hogar familiar y la elección de un colegio privado para el hijo sin consultar al padre.

En primera instancia, esas afirmaciones habían sido calificadas como ofensivas y estigmatizantes, lo que derivó en la imposición del curso de masculinidades al abogado del alimentante. Tanto el demandado como su representante apelaron la decisión. El letrado presentó su propio recurso al considerar que cuestionar de ese modo su estrategia defensiva podía restringir el ejercicio profesional y el derecho de defensa.

Al analizar el planteo, Igoldi recordó que la defensa constituye una garantía constitucional y convencional vinculada con el debido proceso. Si bien reconoció que ese derecho no ampara conductas abusivas, sostuvo que las sanciones requieren la comprobación de un apartamiento concreto de los deberes profesionales, expresado mediante manifestaciones ofensivas, discriminatorias o estigmatizantes, o a través de estereotipos de género ajenos a las necesidades de la defensa.

El magistrado también destacó que la ley 5177 y las Normas de Ética Profesional establecen el deber de los abogados de defender plenamente los intereses de sus clientes. En ese marco, entendió que las expresiones cuestionadas constituían una negativa procesal habitual en este tipo de litigios y que no se había demostrado la utilización de argumentos discriminatorios.

La Cámara diferenció el caso de otros antecedentes en los que se habían identificado estrategias dirigidas a desacreditar a las mujeres y afectar su honra, dignidad y derechos. Según el criterio adoptado, incorporar la perspectiva de género al juzgamiento exige prevenir y corregir prácticas abusivas, pero no habilita restricciones anticipadas sobre los argumentos que pueden utilizarse para ejercer una defensa técnica.

Con esos fundamentos, los jueces revocaron la medida accesoria impuesta al abogado. En cuanto al padre, el tribunal declaró abstracto su recurso sobre el curso, debido a que durante el trámite informó que ya lo había realizado y aprobado.

En cambio, quedaron firmes los restantes aspectos de la sentencia: una cuota alimentaria equivalente al 30% de los ingresos, su retroactividad desde la presentación de la demanda, la retención directa de los haberes y la imposición de las costas al alimentante.