Guadalupe Vázquez reclamó auditorías y transparencia en las universidades nacionales

• Las universidades nacionales deben permitir auditorías y transparentar el uso de los fondos públicos.
• Guadalupe Vázquez reclamó que la UBA publique sus cuentas y explique sus necesidades presupuestarias.
• La dirigente cuestionó a Jacoviti y a otros funcionarios por priorizar, según afirmó, intereses políticos sobre los estudiantes.
• Vázquez vinculó la falta de movilizaciones por la educación primaria y secundaria con la ausencia de intereses económicos asociados.
• También denunció contradicciones entre los reclamos por financiamiento educativo y el cumplimiento de otras obligaciones legales.
• La dirigente sostuvo que las leyes deben cumplirse sin excepciones ni decisiones basadas en conveniencias políticas.

La rendición de cuentas de las universidades nacionales y el cumplimiento de las leyes educativas quedaron en el centro de las críticas de Guadalupe Vázquez, quien reclamó que las instituciones públicas permitan auditorías y expongan con claridad el destino de los recursos que reciben. La dirigente cuestionó que todavía no se conozca cómo se utilizan esos fondos y sostuvo que existen intentos de evitar los controles sobre los gastos.

Vázquez planteó que las universidades deben someterse a los mismos mecanismos de fiscalización que corresponden a cualquier institución que administra dinero público. En ese sentido, afirmó que aún no muestran cómo gastan los recursos y que estarían buscando distintas maneras de impedir las auditorías. Su cuestionamiento apuntó a la necesidad de que las casas de estudio brinden información concreta sobre sus cuentas y permitan verificar si los fondos disponibles resultan suficientes para atender sus necesidades.

En particular, puso el foco en la Universidad de Buenos Aires (UBA), a la que señaló como una de las instituciones que debería presentar públicamente sus números. Según su planteo, en lugar de limitarse a cuestionar la disponibilidad presupuestaria, las autoridades universitarias tendrían que mostrar sus cuentas y explicar por qué consideran insuficientes los recursos que reciben.

En ese marco, Vázquez cuestionó a Jacoviti y a otros funcionarios, a quienes acusó de anteponer sus intereses políticos a las necesidades de los estudiantes. Para la dirigente, la publicación de los balances y la apertura a los controles permitirían discutir sobre una base concreta el financiamiento universitario, en lugar de mantener una controversia centrada en acusaciones cruzadas.

La discusión sobre los fondos públicos también se extendió a la actuación judicial. Vázquez sostuvo que algunos juzgados protegen situaciones vinculadas con el presunto desvío de dinero hacia determinados partidos políticos. Con esa afirmación, incorporó al debate sobre la transparencia una crítica al papel que, según su interpretación, desempeñarían ciertos sectores de la Justicia en la protección de esos recursos.

Otro de los ejes de su intervención fue la desigual atención que, a su entender, reciben los distintos niveles educativos. Vázquez vinculó las movilizaciones en defensa del financiamiento universitario con la ausencia de protestas por los problemas que afectan a la educación primaria y secundaria, especialmente entre los sectores de menores ingresos.

La dirigente advirtió que un chico de bajos recursos puede no llegar a terminar el secundario y cuestionó que, frente a esa situación, no se produzcan manifestaciones de la misma magnitud. Como explicación, afirmó que en esos niveles no existe una estructura de recursos que motive las mismas movilizaciones, a las que relacionó con intereses económicos y políticos.

Vázquez también planteó una contradicción entre los reclamos por el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo y la conducta de quienes, según denunció, no respetan otras disposiciones legales.

En particular, mencionó el artículo 101 de la reforma laboral, que, de acuerdo con sus palabras, exige garantizar el 75% de las aulas abiertas.

Como ejemplo, aludió a un paro en la provincia de Buenos Aires durante el cual, según afirmó, no se permitió el ingreso de inspectores del Ministerio de Capital Humano. También sostuvo que no se garantizó el 75% del servicio educativo, al que describió como un bien esencial. Para Vázquez, esa situación demuestra que el cumplimiento de las normas debe exigirse en todos los casos y no solamente cuando coincide con las posiciones políticas de quienes las invocan.

Su planteo concluyó con una defensa del principio de obligatoriedad de las leyes. La dirigente sostuvo que las normas no pueden considerarse optativas ni aplicarse según la conveniencia de cada sector. Desde esa perspectiva, vinculó la exigencia de auditorías universitarias, la transparencia en el uso de los fondos y la continuidad de las clases con una misma demanda: que las instituciones y los actores involucrados respondan por sus obligaciones.