La oposición revisa sus ausencias tras el fracaso de la sesión contra el DNU 70/23

• La oposición no logró reunir quórum para debatir la derogación del DNU 70/23.
• Germán Martínez reconoció las dificultades de la convocatoria y atribuyó el freno de apoyos a un segundo fallo de la Corte.
• Las ausencias de María Inés Zigarán y Agustín Tita sorprendieron a sectores de la oposición.
• Miguel Pichetto reclamó revisar los cálculos parlamentarios para evitar nuevas derrotas legislativas.
• La marcha universitaria derivó en pedidos de explicaciones e investigaciones sobre el operativo de seguridad.
• Diputados opositores solicitaron información sobre los gases utilizados y cuestionaron un posible involucramiento militar en tareas de seguridad interior.

El intento de la oposición de reunir a la Cámara de Diputados para derogar el DNU 70/23 terminó sin quórum y abrió una revisión de las estrategias parlamentarias, las ausencias inesperadas y los acuerdos políticos que sostienen a los distintos bloques. El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, admitió que los organizadores conocían las dificultades para iniciar la sesión, mientras Miguel Pichetto reclamó mayor precisión en los cálculos antes de volver a exponer a la oposición a una derrota legislativa.

“Todos los organizadores de la sesión sabíamos que iba a costar llegar al quórum”, reconoció Martínez después del fracaso del jueves. Según explicó, el segundo fallo de la Corte frenó el crecimiento de los apoyos que venía registrando la convocatoria y ofreció a distintos sectores políticos un argumento para no acompañarla.

Entre las ausencias que generaron sorpresa estuvieron las de María Inés Zigarán, radical de Provincias Unidas por Jujuy, y Agustín Tita, integrante de Unión por la Patria. Zigarán había firmado la convocatoria y participado previamente en el tratamiento de iniciativas vinculadas con discapacidad y el desendeudamiento de las familias. En el caso de Tita, la conducción peronista lo consideraba confirmado hasta el día anterior a la sesión.

Un diputado de Unión por la Patria atribuyó la ausencia de Tita a una presunta comunicación entre la jefatura de Gabinete nacional y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. La explicación circuló dentro del espacio opositor, aunque no se aportaron otros elementos que permitieran corroborarla.

También faltó Estela Mary Neder, diputada santiagueña que había anticipado semanas antes que no estaría en Buenos Aires durante esa semana. Su vínculo político directo con el senador y ex gobernador Gerardo Zamora forma parte del entramado de relaciones entre los legisladores y los mandatarios provinciales, cuyos intereses territoriales también inciden en las decisiones parlamentarias.

Tras el levantamiento de la sesión, Unión por la Patria no realizó una reunión de bloque. Parte de sus integrantes participó de la marcha universitaria convocada frente al Congreso, mientras que dentro del espacio existen licencias para ausentarse relacionadas con las necesidades políticas de los gobernadores en sus provincias. Pese a las diferencias y al revés legislativo, la conducción buscó preservar la unidad. “Fingimos demencia y seguimos para adelante”, resumió un diputado del espacio.

Martínez defendió, además, el efecto político de la convocatoria y de la movilización opositora. Según sostuvo, ambas contribuyeron a modificar el dictamen sobre inviolabilidad de la propiedad privada e incorporar la defensa de las tierras argentinas. El dictamen de mayoría del oficialismo y sus aliados contempla dejar sin efecto los alcances del artículo 154 del DNU 70/23, que había establecido la derogación original de la ley.

Pichetto, por su parte, planteó una autocrítica sobre la estrategia opositora. “La oposición va a tener que analizar más detenidamente las matemáticas. No hay que colocarse en situación de perder”, advirtió, en un mensaje orientado a evitar nuevas convocatorias sin los votos necesarios.

En paralelo, la quinta Marcha Federal Universitaria trasladó al Congreso el reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento. La movilización también derivó en cuestionamientos al operativo de seguridad desplegado durante la protesta.

El diputado socialista Esteban Paulón pidió citar a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que explique el uso de gases lacrimógenos y las características del dispositivo policial. Además, reclamó investigar una presunta represión injustificada e identificar a los agentes que, según la denuncia, habrían disparado directamente contra trabajadores, periodistas, camarógrafos y manifestantes.

Por otra parte, Ramiro Gutiérrez presentó junto con Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer qué materiales se utilizaron durante la movilización. El legislador señaló el empleo de granadas de gas Candela, fabricadas por Fabricaciones Militares, y solicitó información sobre su procedencia, trazabilidad, vigencia y las capacitaciones impartidas a los efectivos.

El pedido también cuestionó un posible involucramiento de las Fuerzas Armadas en el entrenamiento para utilizar esos elementos en manifestaciones. Los firmantes advirtieron que, si se hubiera asumido una función operativa propia de la seguridad interior, podría existir una contradicción con la Ley de Defensa Nacional. Asimismo, denunciaron el uso de gases irritantes, proyectiles menos letales y camiones hidrantes, y afirmaron que parte de los gases ingresó al Anexo de Diputados y afectó a legisladores, empleados y trabajadores de prensa.